El presupuesto municipal vino acompañado de secretos, dudas y puntos que aparecen algo alejados de la realidad. Pocas dudas caben de la posibilidad de ejecutarlo como fue presentado.
El presupuesto es el principal apoyo de cualquier gestión de gobierno. Sin tan fundamental instrumento es muy difícil para cualquier administración poder encarar un plan y llevarlo adelante con la coherencia que se requiere para conducir las siempre complejas naves del estado.
Hemos sostenido siempre que en cualquier caso -y con todas las disidencias planteadas en el debate- la oposición debe otorgarle a quien gobierna este instrumento fundamental. Porque sin él es imposible manejarse y porque además contiene en sus entrañas la filosofía de quien, por decisión de la gente, está al comando de la cosa pública.
No siempre ha sido así, y en una sociedad irresponsable desde la representación política muchas veces se ha demorado la aprobación -con la clara intención de entorpecer- o se ha obligado con la tiranía de los números a realizar cambios al proyecto original que terminan desnaturalizándolo.
Hecha esta salvedad no podemos omitir la preocupación que genera la presentación del presupuesto municipal ya que de su sola lectura surge la convicción -ojalá desmentida en los hechos- de que ni siquiera sus propulsores creen en la posibilidad de cumplirlo.
Una previsión de aumento de tasas del orden del 20% supone el cumplimiento de una promesa de campaña -aumentarlas por debajo del índice de inflación- pero un preocupante desconocimiento de la realidad que vive el municipio, más allá de las permanentes alusiones de la administración sobre la herencia recibida.
Pero además pareciera basarse en el convencimiento de que desde la provincia cumplirán con la promesa de asistencia, sin recordar que la misma se hizo cuando Vidal pensaba un presupuesto un 30% mayor del aprobado y con él la posibilidad de asistir holgadamente a los municipios, al menos los amigos.
Las dificultades que la gobernadora ha tenido para enviar asistencias mínimas (pago de salarios) y la propia queja de Arroyo en el sentido de no haberse cumplido las promesas hechas, deberían haber convencido al intendente que aquella intención de aumentar tasas por debajo de la inflación tendría que esperar el fin de este estado de emergencia. El ciudadano entendería esto con más facilidad de lo que puede resultarle digerir un deterioro constante en los servicios.
Tampoco se entiende que no haya previsto aumento alguno de salarios para el personal municipal, cuando se está en las puertas de una discusión salarial que en el mejor de los casos marcará un aumento que puede oscilar entre un 28 a un 30%. Si bien técnicamente es correcto omitirlo en el cálculo de gastos y recursos, la realidad indica otra cosa muy distinta y esa diferencia de algún item tendrá que salir, máxime si el aumento de tasas no llega a cubrir siquiera el deterioro inflacionario.
Para no ahondar en otras cuestiones también poco sustentables, concluyamos que en estos dos rubros principales -ingresos por tasas y egresos por salarios- la sensación que queda es la de un cumplimiento imposible y la imposibilidad de calcular las consecuencias de lo que será un fuerte desfasaje.
Casi como para que el oficialismo pierda el «derecho al pataleo» si la oposición se niega o se demora en la aprobación de tan fundamental instrumento.
¿Porqué apurarse en dar vía libre a algo que no podrá cumplirse?
