Municipios y control de precios: entre mapuches y latas de tomate

Por Adrián FreijoEn medio de una sobreactuación que ya es parte del relato, el gobierno juega todas sus fichas a la participación de municipios amigos. Una demanda contra la ley y la lógica.

Discutir la eficacia del congelamiento de precios dispuesto por el gobierno central es semejante a hacerlo con la cuadratura del círculo: en todas las ocasiones en los que se implementó el remedio fue peor que la enfermedad.

Durante todos estos días la prensa y la oposición se han encargado de enumerar las experiencias anteriores, con sus nefastos resultados, mientras desde el Ejecutivo nacional se prefirió batir parches con la algazara de la defensa de la soberanía alimentaria, la importancia de un gobierno cuidando la mesa de los argentinos y el también histórico sonsonete de los empresarios como enemigos de la sociedad. Como si esos mismos empresarios no tuviesen en claro que el 70% de lo producido en el país -con algún aumento de porcentaje cuando de alimentos se trata- es consumido por el mercado interno que de esa manera se convierte en garante de su rentabilidad.

Por supuesto que se producen abusos, y no pocos, muchas veces ligados a la angurria del capital pero tantas otras a una inestabilidad endémica, una inflación galopante y la falta de reglas fiscales claras. Todo esto supone un cóctel de imprevisión y temor que ha institucionalizado el «por si acaso» a la hora de fija precios; y que solo dejará paso a la estabilidad cuando esta sea parte de la vida cotidiana de los argentinos.

Sin abrir juicio de valor alguno, ya que los males marchaban por otro carril de la mano de la desindustrialización y el desempleo, los diez años de la convertibilidad menemista son un ejemplo claro de lo que aquí sostenemos: a lo largo de aquella década los precios internos se mantuvieron quietos y durante todo el período no llegaron a superar el 9%, con años de índice negativo incluido.

Es importante reiterar que no se trata de bendecir un proceso que por el empecinamiento de las autoridades de entonces -también con voluntarismo electoral- terminó en una explosión inflacionaria y en la crisis de 2001. Solo se trata de mostrar con un ejemplo que aún se mantiene en la memoria de millones de argentinos lo que el aspecto emocional y la sensación de estabilidad puede lograr cuando los actores principales de la economía quitan de sus preocupaciones la posibilidad de la incertidumbre por lo que viene en forma inmediata.

Dicho todo esto pasemos a la nueva grieta que acaba de inaugurarse en la política argentina: ¿deben los municipios efectuar el control del cumplimiento de la disposición de la Secretaría de Comercio tomada ahora como bandera por la autoridad central?.

El tablero ha quedado claramente delimitado. Los intendentes pertenecientes al Frente de Todos han salido a asegurar que se encargarán de la ímproba tarea -que lo consigan es otra de las cosas que está en discusión- mientras los de Juntos ya han anunciado que no se harán cargo de ella por no corresponder legalmente que así sea.

El jefe de Gabinete de ministros, Juan Manzur, se reunirá hoy con intendentes bonaerenses, para coordinar acciones de control territorial al congelamiento de precios de consumo masivo dispuesto hasta el 7 de enero próximo. La idea es mostrar una actitud militante que contraste con quienes, según la singular mirada de la flamante vocera Gabriela Cerrutti, plantear la posibilidad de desabastecimiento y posterior brote inflacionario  es un «diagnóstico o un deseo» para generar «temor» en la población.

Lo cierto es que ningún municipio, ni el más populoso, cuenta con una estructura suficiente para semejante tarea y en el mejor de los casos debería desatender funciones que le son propias para ejercer un poder de policía ciertamente ajeno a lo que la Constitución de la provincia y la Ley Orgánica de las Municipalidades le confieren. Y eso es así en la populosa Buenos Aires y en el resto de las provincias argentinas.

A través del decreto 351/2020 en el que «convoca» a los municipios a fiscalizar los comercios, estos podrán:

  • Pedir el auxilio de la fuerza pública.
  • Secuestrar libros contables y «todo elemento relativo a la administración» por hasta 30 días hábiles.
  • Clausurar preventivamente el establecimiento por hasta tres días hábiles si fuera «indispensable» para la investigación. La Secretaría de Comercio puede extender el cierre 30 días hábiles adicionales.
  • Intervenir e inmovilizar mercaderías que el comercio retenga con el fin de a «reducir la oferta».
  • Citar a los presuntos infractores a prestar declaración dentro de los días posteriores a la notificación de la falta.

Pero ocurre que dicho decreto -que al momento de su firma pretendió ser implementado a través de militantes de La Cámpora, lo que fue rechazado y prohibido específicamente por los jueces- viola flagrantemente disposiciones legales específicas a los controles, secuestro de documentación y clausuras que no sean las que específicamente fijan las normas municipales y que, obviamente, nada tienen que ver con la fijación de precios.

Otra desprolijidad normativa de un gobierno que se pretende «revolucionario» y solo aporta elementos distorsivos que una vez más terminarán en el fracaso del control que se quiere implementar, la reticencia de los comerciantes y empresarios a trabajar a pérdida, el crecimiento del agio y la especulación que se quiere perseguir y el consumidor como rehén de tanto disparate.

Aquella convertibilidad funcionó casi una década porque el cepo se puso sobre el precio líder de la economía argentina desde hace siete décadas: el dólar. Y ni así pudo asegurar continuidad y estabilidad.

Las correcciones que deberían hacerse son de la macro economía, de la política fiscal distorsiva y la realidad financiera enemiga de cualquier grado de inversión y ahorro. Y sobre todo volver a dar valor a la moneda como instrumento de intercambio y previsibilidad a un mercado tan histérico como especulativo.

Perseguir ideológicamente las latas de tomate y apoyar a los mapuches chuscos no parece, en la segunda década del siglo XXI, un camino aconsejable hacia el desarrollo.

Aunque muestra una preocupante confusión oficial…