Cada vez son más las empresas locales que no pueden honrar sus compromisos en el exterior por la restricción cambiaria que impone el Gobierno.
Nosotros queremos pagarle a los proveedores, pero como el Gobierno no tiene dólares, no nos deja hacerlo», se lamentaba por estos días el dueño de una empresa de productos electrónicos radicada en Tierra del Fuego, que mantiene una deuda millonaria con sus abastedecedores chinos. Y remataba con sorna, parafraseando a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner: «Pero impedir que alguien pague no es default».
Entre risas que dejan entrever preocupación, la idea de un default entre privados ya comienza a cobrar fuerza entre los empresarios locales. Es que el Estado nacional no es el único que enfrenta una cesación de pagos desde que, en julio pasado, el juez neoyorquino Thomas Griesa fallara a favor de los fondos buitre.
Ante la acuciante escasez de divisas estadounidenses en la economía doméstica, cada vez son más las compañías que se ven imposibilitadas de pagar sus deudas en dólares en el exterior debido a las restricciónes cambiarias que impone el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Lo cierto es que, tanto en la disputa del Gobierno con los holdouts, como en los compromisos de los empresarios con sus proveedores extranjeros, aparece un tercero que interfiere en la capacidad de pago de los deudores. «Paradójicamente, el panorama para los empresarios es bastante parecido al escenario del cual se queja el oficialismo en relación con los fondos buitres», sostiene Marcelo Elizondo, director de la consultora DNI y ex titular de la Fundación ExportAr. Y agrega: «El Gobierno dice que quiere pagar y Griesa no lo deja y acá es similar: los importadores dicen que quieren pagar y el Gobierno no los deja».
En la Argentina el comercio exterior implica necesariamente operaciones cambiarias, ya que las regulaciones vigentes establecen que las empresas no pueden girar dólares al exterior sin pasar por el filtro del Central. Es decir que el pago de un insumo extranjero se hace con pesos del importador.
Con este marco, y ante un escenario de reservas menguantes y falta de acceso al financiamiento internacional como el que enfrenta el Gobierno, la entidad que hoy preside Alejandro Vanoli decidió estrechar el torniquete para acceder al dólar. Y los principales perjudicados parecen ser los importadores, coinciden los expertos consultados por El Cronista 3Días.
Por estos días, distintas estimaciones privadas en base a cifras de las cámaras importadoras reflejaron que la deuda del Gobierno con los importadores ronda los u$s 5.000 millones. Sin embargo, no son pocos los operadores del mercado que aseguran que la cifra es aún mayor, pero que algunos empresarios no lo hacen público para evitarse posibles represalias.
Al respecto, desde la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), argumentan que las consecuencias de la multimillonaria deuda ya se reflejan en las góndolas, donde son cada vez más frecuentes los faltantes debido a la imposibilidad de importar insumos para elaborar los productos.
«De 100 modelos de celulares, hoy se consiguen sólo 60. De 18 modelos de computadoras, hoy se venden sólo 12. Y asi sucesivamente con otros productos electrónicos», ejemplifica Miguel Ponce, gerente general de la cámara que nuclea a los empresarios importadores. Y agrega: «Hay una contradicción enorme en el relato: por un lado, el Gobierno lanza planes de cuotas y pide que la gente compre motos, bicicletas y productos de línea blanca, pero, por otro lado, demora la importación de los insumos para la fabricación de esos mismos productos».
El rango de empresas con problemas para importar abarca prácticamente todo el sector industrial, aunque las automotrices y los fabricantes de electrodomésticos son los más perjudicados por el nuevo cepo, señala Fausto Spotorno, director de Research en Orlando Ferreres y Asociados.
«La mitad de la deuda del Gobierno con los importadores corresponde a la industria automotriz, un 25% a las armadurías de productos electrónicos en Tierra del Fuego y el resto está diluido en distintos rubros», precisa Ponce. Y agrega: «Arriba del 90% de lo que entra en importaciones va a parar a la industria. La falta de insumos está castigando a la producción, el nivel de actividad y al empleo. Lo que está ocurriendo ya es muy delicado en términos de mano de obra, en especial para las Pymes».
Al respecto, esta semana el titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, mantuvo una reunión con Vanoli y entre los reclamos de la cámara, resaltó la necesidad de «establecer prioridad central para autorizar el acceso a divisas para importaciones a las Pymes que tengan bajos niveles de importaciones en su proceso productivo».
