Ola anti-nepotista: más humo para una sociedad que nunca entiende

Por Adrián Freijo Mientras “la gilada” debate acerca de la medida presidencial prohibiendo la designación de parientes, la realidad de la cuestión pasa por otro lado.

El parentesco con alguien del poder nunca puede ser garantía de honores personales; pero tampoco de segregación.

Acostumbrados como estamos del asalto al poder que nuestra dirigencia ha consagrado como línea de conducta –tantas veces apoyada con entusiasmo por la propia sociedad– volvemos a caer en la vieja costumbre del blanco/negro que tanto ha nublado nuestra capacidad de entendimiento. Y que por supuesto, por obra y gracia de los mismos dirigentes convertidos en titiriteros del ciudadano, nos nubla al momento de comprender aquello de lo que realmente se trata.

Seguramente un listado histórico de parientes en el poder daría como resultado un abultado triunfo de los que deberían ser anotados en la columna de los “inservibles”. Aquellos que son beneficiados por el empleo público sin otro mérito que el de compartir lecho, techo o sangre con quien es el mandamás de turno en el gobierno.

Pero también podría perderse la ocasión de contar con el aporte de personas capaces, educadas y preparadas para la administración por el solo hecho de un parentesco de circunstancia. Y no son pocos los ejemplos de nuestra historia…

Lo que debe terminarse en la Argentina es la discrecionalidad; la capacidad del gobernante de tomar decisiones en base a normas que son de su creación y sirven para su capricho. Es la ley la que debe fijar las condiciones de ingreso al empleo público y es ella misma la que debe caer con todo su peso ante la violación de tales reglas.

No es bueno que sigamos dependiendo de la voluntad de quien ocupa momentáneamente el poder. El decreto de Macri puede ser derogado por su sucesor, y otra vez decenas de parientes entrarán por la ventana del beneficio pagado por el estado.

Ya Mariano Moreno, en los albores de la Patria, sostenía que no podía dejarse el manejo de la cosa pública al arbitrio de la calidad moral de los gobernantes. Exigía -y en ello dejó su propia vida- que “las instituciones y leyes sean de tal fuerza que no haya forma de violarlas ni interpretarlas capciosa o perversamente”. 

Y no se equivocaba; como seguramente no lo hacemos nosotros al exigir que los concursos de ingreso al empleo público sean tan claros en su implementación y duros ante su violación que nuestros gobernantes entiendan que ignorarlos los depositará fuera del poder y en los brazos de la justicia, ante quien deberán dar cuenta de sus actos.

Tal vez lleve tiempo, tal vez no sea sencillo. Pero llegará el día en el que a nadie se le ocurrirá “ayudar a pariente, amigo o entenado” con un cargo en la administración sin  asegurarse que el destinatario posea los méritos y antecedentes necesarios para ocuparlo.

Y no dependeremos de la buena voluntad o capacidad de márketing de ningún mandatario.