La causa de los «choferes fantasma», modalidad que utilizaban las empresas de transporte locales para defraudar al erario público, es otro ejemplo de la sociedad entre la justicia y los delincuentes.
La Justicia Federal deberá resolver si acepta hacerse cargo de la causa sobre la presunta defraudación cometida por las empresas de micros de Mar del Plata, investigadas por haber contratado a decenas de “choferes fantasma” con la aparente intención de cobrar de manera indebida millonarios subsidios de parte del Estado nacional.
Para el fiscal, la presencia de los “choferes fantasmas” tuvo como objetivo elevar el monto de los subsidios percibidos entre enero y marzo de 2016 por las empresas, permitiendo que todas ellas cobraran de manera indebida una suma estimada de 11,4 millones de pesos.
¿Cuánto hace que se inició la causa?, ¿recién ahora el fiscal Fernando Berlingeri y la titular del juzgado de Garantías Nº 3, Rosa Amanda Frende toman nota de que la víctima de la maniobra es el estado nacional?; ¿un año les llevó darse cuenta?, ¿y quién pensaba hasta ahora que era?, ¿Blancanieves?.
La causa se inició en abril del año pasado a partir de una denuncia del abogado Julio Hikkilo, integrante de la Casa de Trabajador, una ONG que había recibido testimonios de varias personas sorprendidas al descubrir que figuraban en registros de la Anses y la AFIP como choferes de las empresas 25 de Mayo, 12 de Octubre, El Libertador y Peralta Ramos, sin haber jamás prestado servicio en esas empresas.
¿Cuánto tiempo era necesario para saber que los subsidios involucrados por el salario de esos falsos trabajadores provenían del estado nacional?. No más de dos horas; sin embargo ha pasado un año hasta que el fiscal «se dio cuenta».
Una vez más la justicia, esa desvergüenza cotidiana que padecemos los argentinos desde hace décadas, se convierte en el cómplice perfecto para que nos sigan robando sin que jamás nadie pague por su delito. Pasa a nivel nacional, con presidentes, ministros, funcionarios y empresarios que se enriquecen hasta la obscenidad a costillas del hambre de la gente, y pasa a nivel local con un sistema de transporte urbano de pasajeros que ha sido y es hijo de la coima, el delito y el abuso.
Por supuesto ahora vendrá el debate, el tiempo perdido, las nulidades propias de códigos de procedimiento distintos, las impugnaciones de las defensas y al fin, como siempre…la prescripción. Mientras los mismos empresarios imputados en esta causa ya cierran con el municipio el negocio de las grúas de tránsito sin que se levante una sola voz para denunciar esta inmundicia.
No hay caso…nos toman por tontos. ¡¡¡Pero que bien nos sale parecerlo!!!
