Paseo Hermitage: cuando los enconos llevan a forzar la ley y la razón

Por Adrián FreijoHay dos cosas que una sociedad sabia debe evitar cuando se trata del estado de derecho: elegir por simpatía a quien premiar o castigar y/o forzar la ley en beneficio propio.

No hace falta más que observar los medios de comunicación para tomar nota que la famosa grieta, esa en la que estamos a punto de caer para toda la eternidad, ha logrado convertirnos en una sociedad primitiva en la que la ley es solo un instrumento de venganza de los unos sobre los otros.

Así una parte de nosotros reclamará ominosas prisiones para “el enemigo” mientras éste adelanta idénticos males para “el otro”. ¿La ley?…un simple pretexto de la revancha personal y política.

Ese es el criterio que por estas horas parece querer implementar el Ejecutivo comunal en su pertinaz obsesión por perseguir, abatir y humillar a un grupo empresario que se ha consolidado a lo largo de los años como el más importante de la ciudad.

El intendente Carlos Arroyo suele jactarse ante sus interlocutores acerca de los males que tiene preparados para su enemigo. Y desde hace muchos meses la caducidad de las concesiones del Paseo Hermitage, balnearios y locales, se ha convertido en una obsesión para el jefe comunal. Obsesión a la que ha dedicado centenares de horas propias, de sus funcionarios y millones de pesos en horas-hombre que no se compadecen con el verdadero volumen de la cuestión.

Sabe el hombre que nada va a lograr por el lado del incumplimiento por parte del concesionario, así que ha pergeñado la cuestión del “interés público” para llevar adelante su venganza personal.

Su idea es declarar dicho interés, en la necesidad de ampliar el área de playas públicas, y de esa forma tomar posesión de los balnearios y locales para tal fin. Confía en que el volumen del canon que se paga ayudará a que el manotazo no afecte demasiado las arcas de la comuna.

Por supuesto, poco se detiene en pensar las consecuencias jurídicas de su accionar: el eventual juicio que el municipio pierda deberá pagarlo no ya su sucesor sino seguramente quien esté al frente de la comuna dentro de una década.

Pero Arroyo sabe que alguien tendrá que afrontar las consecuencias. Porque no desconoce que la declaración de interés público y consiguiente caducidad debería ser tratada en el HCD que fue el que oportunamente aprobó los pliegos que permitieron avanzar en la concesión.

Una salvaguarda legal que, en todos los casos similares, pone a los municipios al margen de estos caprichos que tarde o temprano debe afrontar el erario público.

Cuestiones similares se dieron, por ejemplo, cuando se resolvió la caducidad de la concesión a la empresa de transporte urbano Martín Güemes. Por aquellos años el intendente Katz consideraba que tenía autoridad suficiente para disponerla y firmó el correspondiente decreto; a poco de andar tuvo que aceptar que el acto solo se perfeccionaba con la intervención del cuerpo deliberativo que terminó por confirmar la decisión.

Y esto fue así justamente porque era el HCD quien en su momento había aprobado el pliego de bases y condiciones y por tanto mantenía el poder soberano para evaluar su incumplimiento, pese a la condición de administrador y el ejercicio del poder de policía del Ejecutivo. Como en cualquier construcción jurídica, es el directorio el que debe resolver soberanamente sobre cualquier cambio en el status generado por actos  de la misma.

¿Quién declara de interés público el convertir playas concesionadas en gratuitas?, ¿cuál es la razón de urgencia para justificar dicha decisión?, ¿basta con la mirada única del jefe comunal?.

¿Es en todo caso parte del proyecto de playas populares dispuesto por el gobierno de María Eugenia Vidal?. Por supuesto que no; la gobernadora no puede ignorar que avanzar en esta cuestión generará un daño al entorno de uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad que además sigue perteneciendo a la administración que ella encabeza.

Queda por último contestar una pregunta: ¿le sirve a alguien el intento?.

Y aquí caben tres consideraciones básicas: una jurídica -a la que ya nos hemos referido- otra de oportunidad y otra política.

La oportunidad no parece por cierto la más apropiada. Arrasado el país y la provincia por una crisis económica impensada cuando Arroyo comenzó a planificar su desembarco en esta nueva Normandía, hoy todo hace pensar que hallegado el momento de la prudencia y el diálogo. Si lo que está en controversia es el canon que abona el concesionario, la negociación para su actualización aparece mucho más razonable a la hora de resolver la cuestión.

De la unilateral decisión del intendente dependen además decenas de puestos de trabajo, un bien supremo que Vidal debería cuidar por sobre todas las cosas, aunque Arroyo parezca ignorarlo en su tirria vengadora.

Y esto, querido lector, nos deposita en la tercera cuestión: la política. Ese “arte de lo posible” que queda explícito en la ecuación “conflicto jurídico+pago indemnizatorio+pérdida de fuentes laborales+escándalo nacional+inseguridad jurídica”.

Temas demasiado importantes como para supeditarlos a caprichos trasnochados y venganzas personales. Al menos en una ciudad que se presume civilizada…