Policía Local: lugar de escándalos, privilegios y corrupción

Más allá del debate acerca de la preparación de la Policía Local y del futuro de la fuerza como apéndice de La Bonaerense, ahora aparecen graves irregularidades que comprometen a sus jefes.

Hubo una primera promoción a la que se le apuró la salida a la calle para tratar de revertir una situación electoral complicada del entonces gobernador Daniel Scioli. Ello hizo que se obviaran detalles de la preparación y, sobre todo, una adecuada evaluación psico-física de sus integrantes.

Por entonces todo era promesas y se insistía en una policía de elite que sería la contracara de una Bonaerense desprestigiada y a la que quienes trabajaban en la constitución de las locales no dudaban en señalar como corrompida e ineficiente. Los nuevos efectivos serían la cara luminosa de una tarea hasta el momento oscura.

Pero con el cambio de autoridades todo cambió: se terminaron los fondos, se dejó de pagar a los instructores, se reformularon las reglas de juego y se prohibió a los agentes utilizar el uniforme y el arma reglamentaria para ir directamente desde sus domicilios al lugar asignado para la tareas, obligándolos a tomar servicio en los viejos galpones de EDEA en Juan B. Justo y México -sin importar la distancia que debían recorrer para llegar al lugar- donde se cambiaban y era reapartidos en micros contratados al efecto.

Esos transportes no fueron pagados y también dejaron de prestar servicio, quedando los efectivos librados a su suerte.

Tampoco se cumplió la promesa de trasladar la parte administrativa a la propiedad que perteneciera a un frigorífico, ubicada en las inmediaciones del Barrio Centenario, y se la recluyó en contenedores adaptados a tal efecto…que tampoco fueron pagados.

Tampoco se pagaron en tiempo y forma los servicios de comunicaciones, dejando al personal expuesto a tener que utilizar los propios celulares para tener contacto con su base y con aquellos efectivos que podían necesitar en carácter de apoyo. Esta situación, que se reiteró en dos ocasiones en los últimos meses, estaría a punto de estallar una vez más apenas culmine la temporada de verano.

-El precio de la falta de control-

Pero no es esto lo que en los últimos tiempos más preocupa al personal. Ocurre que aquella falta de evaluación de fin de curso está pasando hoy una grave factura: entre el 15 y el 20% de los efectivos demuestran pánico a la hora de salir a la calle, por lo que deben ser reasignados a tareas administrativas en áreas que ya comienzan a padecer la superpoblación de empleados, como es habitual en la administración pública.

Esto ha lanzado una verdadera «guerra de influencias» que son aprovechadas por los jefes para acomodar en esas tareas a sus preferidos/as, cerrando toda vía de reclamo a quienes se sienten  atropellados por esta circunstancia. Las sanciones arbitrarias, los cambios de destino y hasta la baja de la fuerza se han convertido en constantes de lo que cada vez se asemeja más al reino del capricho y del terror.

“Los cachivaches” ( así llamados porque no sirven para trabajar) son beneficiados con horarios, asignación de tareas, francos y toda otra prebenda, mientras el resto de los efectivos deben cubrir no solo las tareas propias de su zona de calle sino que son explotados para compensar lo que aquellos no hacen.

No hace tanto, y con un criterio caprichoso que roza la violación de las normas, 50 efectivos fueron dados de baja por no haber conseguido el APTO en evaluaciones físicas y síquicas realizadas en La Plata, sin garantía alguna para los examinados y sin siquiera brindarles un informe escrito en el que constasen las conclusiones, los métodos utilizados y el grado de ineptitud por el que eran separados de la fuerza.

A tal punto llegó el destrato que se los citó en forma perentoria y se les negaron los pasajes y viáticos para asistir a la junta.

Muchos de elos pertenecían a la primera promoción, la que fue evaluada en su momento como buena en lo operativo (tiro, operaciones policiales, preparación física), y aún mejor en la preparación teórica. Y muchos de los que en noviembre fueron aprobados en ambas cuestiones, seis meses después fueron apartados por falta de aptitud. Es un secreto a voces que en la mayoría de los casos la cuestión pasó por agentes que ejercían liderazgo natural entre sus compañeros y que se habían atrevido a plantear aquellas injusticias y privilegios de los que hablábamos más arriba.

Para que el lector entienda más acabadamente de lo que hablamos cuando lo hacemos de preparación, baste decir que en la primera evaluación al ingresar en la Escuela de Policía Local «Juan Vucetich»  de Mar del Plata, solo el 40% contestaba que estaba allí por vocación,  el 60% afirmaba que era por falta de trabajo.
Al final del mismo, el 80% estaba convencido de haber encontrado una razón profesional de vida.

-La relación con La Bonaerense –

Pese a lo mucho que se ha dicho, la relación de los locales con sus «primos» de la bonaerense no ha sido mala. Estos últimos,más preparados y expertos que los nóveles uniformados, trataron de guiar y acompañar en los procedimientos a quienes claramente carecían de la experiencia y preparación suficiente.

Tal vez por eso, y sospechando que la intención de la nueva administración era fusionar a ambas fuerzas, desde la jefatura de la Policía Local partió una orden que rozaba la ilegalidad: el personal no debía acudir al pedido de apoyo de nadie de la bonaerense, sin importar la circunstancia en la que el pedido fuese hecho.

Pese a ello, y sospechando que detrás de la orden podía existir la intención de crear una falsa denuncia por abandono de tareas de quienes no concurriesen al llamado, los efectivos continuaron colaborando con la provincial; y es ahí cuando comienzan las quejas, algunos insisten con los reclamos y aparecen en superficie los enojos por la mala cobertura administrativa, los caprichos y privilegios de los superiores y las diferencias a la hora de asignar tareas, horarios y ubicaciones entre los «preferidos» y los otros.

-Todas las miradas apuntan a Telpuk-

Ya en julio de 2016 se supo que circulaba una «lista negra» redactada por la Jefa de Unidad Laura Rodriguez a pedido del propio Telpuk y de su mano derecha Marcelo Lencina, en la que estaban incluidos todos aquellos que habían presentado quejas por el estado de cosas en la fuerza. Justamente ellos fueron los que, dentro del «paquete» de los 50, fueron dados de baja por no haber superado la evaluación realizada en La Plata.

Y mientras se organizaba la maniobra de los exámenes, quienes habían presentado quejas eran asignados en soledad a lugares considerados como peligrosos, con la clara intención de que perdieran  contacto con sus compañeros.

Cuando el 15 de noviembre de 2016, faltando un día para quedar como efectivos en la fuerza,  fueron notificados de la baja, en base al  «ARTICULO 64  Inc, d) de la ley que rige a la Policía de la Provincia de Buenos Aires que dice «Cuando en los exámenes psicofísicos periódicos surgiera una disminución grave de las aptitudes profesionales y personales que le impidan el normal ejercicio de la función policial que le compete, y no pudiere ser asignado a otro destino policial, ni acogerse a los beneficios previsionales», se cerraba un círculo perverso que hoy tiene su respuesta en los tribunales locales, en donde los efectivos desplazados arbitrariamente esperan conseguir amparo a sus derechos personales y laborales.

Pero la cuestión de fondo -esa que afecta a una fuerza que se ha convertido en una verdadera nebulosa dentro del sistema de seguridad y cuyo destino parece depender de las políticas de un gobierno que no parece prestarle atención y un grupo de jefes que la manejan con el capricho de una prelatura personal- sigue siendo tan preocupante como siempre.

Y también sigue sin respuesta….