Alberto Fernández ha logrado reunir en torno a su figura la unanimidad del apoyo de los argentinos. Pero hay un aspecto en el que deberá dejar la retórica, para entrar en el terreno de los hechos, si es que quiere continuar siendo creíble.
Cumplido el sexto día de cuarentena el primer mandatario ha repetido por enésima vez, poniendo cara de enojado, que va a ser inflexible con aquellos argentinos que no cumplan debidamente con la cuarentena.
En el contexto de una situación de control que se está volviendo anárquica -con intendentes que cierran unilateralmente el acceso a sus municipios, incluso complicando el tránsito de proveedores que se ven impedidos de cumplir su cometido, logrando que comience a sobrevolar en algunos lugares el fantasma del desabastecimiento- da la sensación de que ya es hora de pasar de las palabras a los hechos.
Las autoridades tienen la obligación de priorizar a quienes cumplen con las disposiciones legales y abandonar lo que ha sido una constante en la Argentina: la lasitud frente a aquellos que suponen que la ley no los alcanza y desprecian el sentimiento solidario que debe regir en una sociedad que se precie de tal.
Sería entonces una pena -y por cierto un peligro- que los reiterados anuncios presidenciales acerca de la inflexibilidad a tener con los infractores comenzaran a ser vistos como una sobreactuación.
Es llegada la hora de actuar, sancionar y terminar con las amenazas que evidentemente no son suficientes.
Además de agradecerlo, todos lo merecemos…
