Dijeron que era Cano y su impericia. Pero los meses pasan y la emergencia sigue siendo la constante de la gestión. Ahora Arroyo pide otra prórroga de 180 días en el estado de excepción.
La iniciativa permitirá al Ejecutivo seguir disponiendo de recursos afectados para gastos ordinarios y prolongar el recorte de exenciones impositivas, en medio de las discusiones salariales con empleados estatales.
En este sentido, la emergencia le permite al Ejecutivo municipal, según consta en el articulado, continuar con el “análisis y replanteo de los principales contratos de prestación de servicios a la comunidad”, así como también los “actos administrativos e iniciar tareas de reordenamiento, pudiendo establecer nuevos plazos, quitas y eliminación de costos que pudieran existir”.
De la aprobación de este expediente dependerá la reducción de los salarios del 10 por ciento para los funcionarios políticos de la gestión de Carlos Arroyo. Es que en el decreto firmado por el intendente señala que la reducción durará el mismo tiempo que dure la emergencia económica. Si bien la ordenanza original está vencida desde fines de octubre, el objetivo del oficialismo es que se apruebe retroactiva a aquel plazo.
Para peor su relación con las autoridades provinciales es pésima, y encima pretende generar un bono de deuda que necesita la firma de la Gobernadora María Eugenia Vidal.
El problema es que necesita la autorización de la Provincia, y Arroyo sabe que no la tiene.
De hecho, la Gobernación bonaerense tuvo que realizar un anticipo de coparticipación para que la Municipalidad pudiera pagar los sueldos, después de una semana en que toda la administración comunal estuvo totalmente paralizada por el paro que venían realizando los trabajadores municipales al no percibir sus salarios.
Después de este salvataje, la administración de Vidal le impuso al intendente de Mar del Plata una serie de lineamientos que debe cumplir para salir del problema financiero y que la comuna comience a recaudar y afrontar sus responsabilidades en tiempo y forma. De no llevar a cabo estas indicaciones es posible que la relación política con la gobernación se termine de romper.
