La Corte cerró la causa que originó Arroyo por las bonificaciones

RedacciónEl máximo tribunal consideró extinguida la cuestión litigiosa y cerró la causa iniciada por el ex intendente Arroyo, dejando en pie la bonificación docente.

Un largo e innecesario conflicto, originado en el capricho de un hombre que no entendió el valor del diálogo y que además supo levantarse contra derechos adquiridos de los docente municipales, llega ahora a su fin por la decisión de la Suprema Corte provincial de considerarlo caído en abstracto.

Y es que la rápida intervención del actual jefe comunal, a pocos días de iniciada su gestión, sirvió no tan solo para devolver a los maestros una bonificación que les había sido otorgada hace tres décadas sino también para poner punto final a un conflicto de poderes que de cualquier forma le costará a los marplatenses una importante suma en materia de honorarios.

Hagamos un poco de historia…

Carlos Fernando Arroyo, por entonces intendente municipal, promueve en 2018 el conflicto previsto en el art. 196 de la Constitución provincial. Por esa vía, pretende que la Suprema Corte declare la nulidad de las ordenanzas 18.189 y 18.257, sancionadas por el Concejo Deliberante. Sostiene que los aludidos preceptos modifican el Régimen para el Personal Docente Municipal de un modo que altera sustancialmente el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2018 -al demandar erogaciones en el orden de los 267 millones de pesos que no se hallaban contempladas-, al tiempo que exterioriza un actuar ilegítimo por parte del órgano deliberativo, que impulsó tal modificación.

Y es que según Arroyo el Cuerpo se arrogó facultades reglamentarias privativas del Poder Ejecutivo comunal, al inmiscuirse en los aspectos relativos a la ejecución de los contenidos sustanciales del régimen aludido.

El demandado -en este caso el propio Concejo Deliberante- contestó a través de su entonces presidente Guillermo Sáenz Saralegui afirmando que el Poder Ejecutivo carecía de facultades para emitir el decreto 2272/2018 -suspendiendo la bonificación docente-  por lo que tilda a dicho acto de arbitrario e ilegítimo por provenir de un órgano incompetente.

Por otro lado, señala que el obrar del Intendente contrarió la conducta administrativa desplegada pacíficamente desde el año 1989 y que, en todo caso, lo correcto hubiera sido introducir la pretendida modificación de la bonificación en cuestión a través de la remisión de un proyecto de ordenanza, para su tratamiento en el seno del cuerpo deliberativo.

Estaba entonces planteado el conflicto de poderes…

Pero la realidad política cambió y el triunfo de Guillermo Montenegro que, como ocurriese con todos los demás candidatos en las elecciones de octubre de 2019 -con la lógica excepción de Arroyo, quien igualmente solo cosechó algo más del 3% de los votos- había prometido devolver el beneficio a los docente municipales, las cosas volvieron a su curso normal.

El día 16 de marzo de 2020 la nueva apoderada del municipio se presenta en el expediente y manifiesta que «con fecha 14 de enero del corriente año, el Departamento Ejecutivo dictó el decreto 70/2020 –vigente a partir del 1° de aquél mes-, por el cual se establece que para el cálculo de la denominada “Bonificación Especial Docente”, la equiparación del cargo de maestro de grado se efectuará en relación a la categoría 12 del escalafón municipal con una jornada de 35 horas semanales. En dicho acto, asimismo, se dejan sin efecto los arts. 9 y 10 del decreto 2272/2018» con lo que los beneficiarios recuperaban en plenitud sus derechos y la cuestión caía en abstracto.

En la parte resolutiva del fallo sostiene que «con la entrada en vigencia del decreto 70/2020, la discrepancia que, en definitiva, provocaba la controversia cesó, toda vez que se derogaron los arts. 9 y 10 del mencionado decreto 2271/2018. Siendo así, es evidente que la sanción de una norma con ese alcance durante la sustanciación del juicio posee virtualidad extintiva del conflicto».

Así lo entendió la Suprema Corte que en las últimas horas resolvió «declarar abstracta la cuestión litigiosa, por lo cual no corresponde emitir pronunciamiento acerca de ella. En consecuencia, se deja sin efecto la medida cautelar dictada a fs. 149/153».
Costas por su orden (art. 68, CPCC).

Fin de una cuestión cuyo origen se debió al capricho de un hombre de comportamiento absurdo, marginal y peligroso para los intereses de la comunidad que lo había elegido para que la gobierne. Tal es así que, al disponer el pago de las costas de este juicio por su orden, la Corte condena a General Pueyrredón a hacerse cargo de la totalidad de un monto que seguramente no será menor. La mitad deberá abonarlo el Departamento Ejecutivo -hoy en manos de quien movilizó la finalización del conflicto- y la otra mitad el Concejo Deliberante, que solo intentó defender su derecho a legislar y el de los docentes a disfrutar de un derecho adquirido.

En resumen lo pagaremos todos…menos Carlos Fernando Arroyo.