Por Adrián Freijo – Cada día son más los jueces y fiscales que se rebelan contra la decisión de liberar delincuentes con el pretexto de la pandemia. ¿Se quiebra la justicia en la Argentina?.
Un juez declaró la inconstitucionalidad de una acordada de la Cámara Federal de Casación Penal que recomendó otorgar prisiones domiciliares para casos de delitos no violentos o presos en grupos de riesgo. En su fallo, Germán Castelli criticó el “paternalismo jurídico” de la resolución de sus superiores, habló de “impertinencia constitucional” y afirmó que ese documento atenta contra “el principio de independencia de los jueces”, un pilar “indiscutible” para garantía de «la justa resolución de conflictos”.
Es solo la punta del iceberg de un profundo debate que se ha generado en la justicia argentina y que amenaza con abrir una grieta que puede llegar incluso a la anarquía judicial. Porque las tensiones que hoy se ven en todos los estamentos del sistema judicial del país son más notorias en la Corte Suprema que, además, define por estas horas cuestiones de poder interno para las que el tema de la libertad de delincuentes bajo el pretexto de la pandemia vienen como anillo al dedo.
Ni siquiera el desembozado apoyo del propio presidente Alberto Ferrnández al «liberticidio» propuesto ha servido para acallar los ánimos de los más rebeldes: en el sistema judicial argentino se toma nota del enojo social con la decisión de abrir las puertas de las cárceles, una vez más, para que los responsables de horribles delitos salgan por ellas sin control alguno y se observa que el apoyo popular al mandatario es aún de una fragilidad sorprendente. «Por el error de dejar salir a los jubilados y planeros a cobrar sus haberes, en ese viernes negro que todos recordamos, Alberto cayó 12 puntos en la consideración pública en un solo día» decía un veterano integrante del Poder Judicial por estas horas. «No creo que le vaya mejor con su apoyo a la libertad descontrolada de procesados» coronaba.
Otro elemento juega en la mente de los integrantes de los diferentes tribunales y fiscalías que por estas horas plantean su rebelión: todas las encuestas que hoy se conocen dan cuenta de que la sociedad toma la decisión de la justicia kirchnerista y del gobierno como un pretexto ara justificar la salida de ex funcionarios procesados y condenados por hechos de corrupción. Y eso, descuentan, no es bueno para la imagen del gobierno.
Tienen en cuenta que de acuerdo a esas mediciones casi el 57% de quienes votaron por el Frente de Todos en las últimas elecciones expresan su desacuerdo con la libertad de Amado Boudou, D’Elía, Jaime y los demás ya beneficiados o por beneficiarse con la prisión domiciliaria. «Cuidado, muchos argentinos votaron enojados con Macri y eso no quiere decir que estén dispuestos a avalar cualquier rasgo de impunidad en temas de corrupción. Que Alberto no se deje llevar por el microclima de Olivos y la Rosada» repetía uno de los magistrados más veteranos de Comodoro Py hace horas.
Y a juzgar por los datos que están dando vueltas los constantes motines en los penales argentinos –en muchos casos organizados por delincuentes con conocida relación con punteros políticos peronistas– no aportan a la serenidad del debate y dejan en la gente la sensación de complicidad entre el poder y el hampa.
Más a fondo fue el fiscal en lo Criminal y Correccional, Carlos Donoso Castex, quien publicó un crítico comentario en su Facebook hacia las medidas recomendadas por la Cámara de Casación, en favor de los delincuentes: “Como Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional me corresponde defender los intereses de la sociedad y si bien lo hago a diario en mi actuación profesional, invito a la ciudadanía a que el día de mañana sábado 25 de abril a las 17 horas hagamos un cacerolazo desde nuestras casas y balcones para que los jueces sepan que la sociedad quiere que piensen en los ciudadanos honestos y los protejan, y no solo se preocupen en liberar a los delincuentes presos”, escribió.
En tanto el Tribunal Oral Federal 4 un pedido de excarcelación del empresario Lázaro Báez , que está acusado de lavado de dinero y preso en la cárcel de Ezeiza y había pedido la salida por temor al contagio. El tribunal siguió el criterio del dictamen que había presentado esta mañana el fiscal general Abel Córdoba quien también expresó públicamente su rechazo a la tendencia libertaria promovida desde el kirchnerismo y su brazo Justicia Legítima.
Si hasta el propio Ministro de Seguridad de la provincia Sergio Berni -habitual vocero del pensamiento de Cristina Kirchner, quien mantuvo un sugestivo silencio sobre el tema, y especialista en crispar los ánimos presidenciales dijo en las últimas horas que «por suerte para los presos, no depende de mi opinión, porque ya se sabe cuál es: no sale ninguno”.
La disidencia de jueces y fiscales es creciente y todo parece indicar que culminará en un enfrentamiento abierto algo más que doctrinario. ¿La Corte?…demasiado enfrascada en sus internas por el poder como para, llegado el momento, poder evitar que la sangre llegue al río.
Hoy el Poder Judicial, en todos sus niveles, se encuentra en un estado deliberativo que en realidad es anterior a esta cuestión de la liberación indiscriminada de delincuentes que al parecer solo sirvió como disparador.
La sociedad, en tanto, clama por un sistema justo en el que los delincuentes estén «adentro» para que los honestos puedan disfrutar del «afuera» sin temor a su propia integridad.
Algo que ni el poder político ni la justicia ha podido asegurarle en los últimos años…
