Rechazan un amparo pidiendo el funcionamiento de la justicia

Un amparo presentado por abogados de la provincia intentando revertir la resolución de la SCJBA suspendiendo la tarea judicial fue rechazado por un tribunal bonaerense.

El Dr. Federico José Gallo Quintián titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Matanza, rechazó «in límine» un amparo presentado por abogados del foro local en el que se presentan promoviendo acción de amparo colectivo en su calidad de profesionales en ejercicio invocando representación de todos los abogados matriculados en la Provincia de Buenos Aires como así en carácter de habitantes de nuestra Provincia y que lo promueven contra el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución 386/20 SCJBA y las que prorrogarón su vigencia y como consecuencia de ello se ordene el inmediato restablecimiento de la prestación del servicio de justicia mediante la implementación de las modalidades de teletrabajo en ese departamento Judicial.

Cabe aclarar al lector que se habla de un»rechazo in límine» cuando un juez rechaza el ejercicio de una acción judicial al momento de ser presentada, por no ajustarse a las reglas o requerimientos del procedimiento legalmente establecido. Tal el argumento utilizado por el tribunal ante la presentación de este grupo de profesionales que de esta forma deberán intentar por otra vía o en otros estrados el logro del objeto perseguido.

No es ocioso recordar que conforme lo normado por el art. 20 inciso 2º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que regula la acción de amparo esta procederá «… siempre que no pudieran utilizarse por la naturaleza del caso los remedios ordinarios sin daño grave e irreparable…», y que el art. 43 de la Constitución Nacional  la procedencia de dicha acción «…siempre que no exista otro medio judicial más idóneo…» para tutelar los derechos y garantías que establece .

Reflexiona el fallo acerca de que no es razonable y no están en la finalidad del amparo, ni en la letra ni en el espíritu de la norma constitucional, que todos los derechos que diariamente aparecen violados, en distintas esferas sociales, sean protegidos por esta vía ya que de ser así se perturbaría y alteraría todo el ordenamiento procesal del Estado.

Pone luego  de manifiesto que  el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva, la cual debe encontrarse teñida de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta situación que por las consideraciones que más adelante se expresan no se ha verificado en el caso llevado ante el tribunal por quienes se consideraban damnificados.

También estableció el Alto Tribunal que la acción de inconstitucionalidad puede ser promovida no sólo en el supuesto de existir una concreta afectación de derechos sino también con finalidad preventiva, no siendo necesario que el perjuicio se haya producido.

La Corte sostiene, después de la reforma constitucional del 1994, en cuanto a la alegada existencia de otras vías procesales aptas que harían improcedente el amparo, que “la mencionada existencia no es postulable en abstracto sino que depende –en cada caso- de la situación concreta de cada demandante. Cuya evaluación, como es obvio, es propia del tribunal de grado”.

Ha remarcado que ‘… la ilegalidad del acto lesivo debe aparecer de modo claro y manifiesto.No basta, por consiguiente, que el proceder denunciado entrañe la restricción de alguna libertad constitucional. Se requiere, además, que el acto carezca del mínimo respaldo normativo tolerable para subsistir como tal; o dicho en otros términos, que haya surgido al margen del debido proceso formal, que constituye el fundamento de validez de toda la norma jurídica’ . Y agregó que ‘… un acto o conducta serán ilegales cuando manifiestamente no concuerden con la regla jurídica que prescribe lo debido, es decir, si el contenido de un precepto que le es superior, ya se trate de una ley, de un decreto o de un reglamento ilegal o de un acto administrativo contrario a una ley, reglamento o decreto’ ‘Por tanto, la ilegalidad puede describirse como a través de preceptos legislativos que se omiten aplicar o se interpretan mal; mientras que la arbitrariedad exhibe un juicio especialmente negativo frente a las normas. La ilegalidad desconoce o aplica erróneamente la regla jurídica que corresponde, mientras que la arbitrariedad es la manifestación abierta y caprichosa sin principios jurídicos’.

El amparo es entonces una herramienta útil, pero no para cualquier situación…

Para mayor abundamiento el fallo recalca que «resulta conveniente remarcar que, como ocurre en el caso en tratamiento, «(L)a alegada existencia de agravios a derechos constitucionales no justifica la demanda de amparo, si en el ordenamiento jurídico vigente existen acciones para su debida tutela, que constituyen vía apta para la salvaguarda del interés comprometido“.

En conclusión dice el tribunal «de todo lo analizado surge claramente que la vía intentada es improponible en los términos del art. 20 inciso 2) de la Const. Pcial, existiendo asimismo medios judiciales más idóneos que se adecuan a los fines perseguidos, por lo cual corresponde rechazar «in limine» la acción intentada.

El hecho, que sienta un precedente negativo en cuanto a la utilización de la figura elegida, pone sin embargo en evidencia el descontento de los profesionales bonaerenses por la prolongación de una inactividad que ha representado para ellos y sus clientes un perjuicio que en no pocos casos puede llegar a ser irreparable.

Habrá que ver como sigue esta historia…

El fallo completo para descargar:

Rechazo in limine del amparo presentado en La Matanza