La sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal cosechó críticas de políticos, filósofos y familiares de víctimas de la inseguridad. Duras críticas a los jueces que la firmaron.
Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Pedro David firmaron hoy una sentencia que hizo lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por la Defensa Pública Oficial y la Procuración Penitenciaria de la Nación, mediante el cual un grupo de presos peticionó la equiparación de sus derechos laborales a las condiciones de trabajo libre. El fallo favorece específicamente a los reclusos alojados en los pabellones A, B, C y D de la Unidad Residencial V del Complejo penitenciario federal I de Ezeiza que realizaron la presentación judicial, pero abre las puertas a que se produzca una avalancha de reclamos similares.
La decisión motivó una catarata de críticas desde distintos actores sociales, que no sólo rechazaron el beneficio que se les reconoció, sino que además apuntaron el contexto en el que se realiza marcado, por ejemplo, por la disputa salarial y los reclamos gremiales.
«Es la reacción de una ciudadanía que empieza a despertar», explicó la filósofa Diana Cohen Agrest al ser consultada sobre los comentarios contra el fallo. «En Holanda cada preso tiene que pagarle el Estado y acá estamos nosotros costeándole la manutención y encima un sueldo de gente que ha cometido un delito», lamentó.
En diálogo con TN, la madre de Ezequiel, asesinado durante un robo en 2011, indicó: «Acá estamos hablando de principios de igualdad ante la ley y en realidad este principio ya fue trasgredido por quien se encuentra preso porque mató, violó, destruyó una familia. Ya no le corresponde la igualdad ante la ley».
Entonces cargó contra el tribunal: «Parece que todo eso estos señores que hablan de atrás de un escritorio no tienen en cuenta. Están haciendo un experimento social con la gente que muere día a día y que está borrada por esa Justicia», dijo. Y admitió que no le sorprendió esa sentencia ya que semanas atrás el mismo tribunal avaló la tenencia de estupefacientes en las cárceles.
Desde la política, uno de los primeros en cuestionar el pronunciamiento fue el jefe del Frente Renovador y precandidato presidencial, Sergio Massa. «Mientras se garantiza el derecho de los presos a tener un sueldo, se le quita un ingreso a la gente con (el Impuesto a las) Ganancias», indicó.
Desde el GEN, Gerardo Milman optó por la ironía para referirse al tema. «Esta idea puede significar que se busque garantizarle a los presos vacaciones pagas en los hoteles que administra Hotesur, empresa denunciada por la diputada (Margarita) Stolbizer», apuntó. Y agregó: «Así caeríamos en la locura de que el Servicio Penitenciario Federal contrate a las empresas de la familia Kirchner como ya lo hicieron Aerolíneas Argentinas y las empresas de Lázaro Báez».
En tanto, el sociólogo Marcos Novaro opinó que «entre garantismo y mano dura, hay algunas instituciones que nos acercan a Suiza y otras como las cárceles que nos acercan a lo peor de los países latinoamericanos y hasta los africanos». «Estamos discutiendo sobre un tema que no es prioritario, porque lo importante es que el delincuente esté en la cárcel. En el contexto actual lo importante es que el dinero para los presos llegue a sus familias y no para la corrupción», opinó.
