Por Adrián Freijo – Las organizaciones sociales pedían más cupos del programa Potenciar Trabajo y el gobierno rechazó la pretensión. Habrá tensiones y lucha callejera pero alumbra una oportunidad.
El Gobierno blanqueó una medida que se venía tratando informalmente: por la recuperación económica, decidió que no se ampliarán los planes de empleo, conocidos como Potenciar Trabajo. Y ello tensó la relación con las organizaciones sociales que justamente exigían todo lo contrario.
Hoy se entregan cerca de 1.200.000 planes de empleo por mes y cada uno equivale a medio salario mínimo -unos 16.000 pesos-con una contraprestación laboral de cuatro horas. Pero ocurre que llueven las denuncias de beneficiarios a los que se les exige dejar un porcentaje del dinero recibido a las organizaciones que los contienen y además en no pocos casos no se les asigna tarea alguna para llevar a cabo.
«Los beneficiarios van a poder elegir en qué Unidad Ejecutora trabajar y en qué oficio hacerlo. A través de la aplicación Mi Argentina ya recibimos más de 60.000 denuncias de beneficiarios que dicen que les piden plata o tienen que ir a marchar para no perder los beneficios. Y muchas veces ni siquiera les permiten trabajar», sostienen desde el Ministerio de Desarrollo Social y confirman desde Trabajo.
Y si bien el Gobierno busca desarticular el poder de algunas organizaciones, en particular las opositoras, como el Polo Obrero que maneja 200.000 planes y el Movimiento Evita, que vive presionando por más presupuesto y planes pese a que ya dispone de 300.000, la idea es ir desmontando este poder paralelo y avanzar en acuerdos con empresas privadas interesadas en tomar a estos trabajadores a partir de un acuerdo de remuneración mixta capital-estado.
Cuentan para ello con la voluntad de trabajar de 3 de cada 4 beneficiarios: un estudio de la UCA que asegura que el 75% de los que reciben estos planes hace la contraprestación laboral. Para hacerlo, tienen 197 Unidades Ejecutoras vinculadas a gobernaciones e intendencias y 203 pertenecientes a la Iglesia, ONGs y Organizaciones Sociales. Al permitirles a los beneficiarios cambiar de Unidad Ejecutora, el Gobierno cree que les quitará poder básicamente a los movimientos piqueteros.
«Con la recuperación económica, no hay razón para que haya más planes. Hay que transformar los planes en empleo genuino. Por eso les vamos a ofrecer más herramientas de trabajo, material para la construcción. Pero plata no», amplió una fuente oficial.
El Gobierno impulsó un proyecto para dar ese paso asociativo con el sector privado y hoy, más que un traspaso masivo, aparecen casos puntuales.
En estos casos, se prevé que el Estado siga pagando durante un tipo el equivalente al plan Potenciar (los 16.000 pesos por cuatro horas) y el empleador completa el resto.
Una oportunidad como nunca antes había existido para avanzar en el sentido correcto de terminar con el asistencialismo y comenzar un blanqueo laboral que redundará en beneficios fiscales y previsionales para el estado y para millones de argentinos. Algo que indefectiblemente deberá complementarse con una profunda reforma laboral que permita a la Argentina modernizarse e integrarse al mundo rescatando derechos pero abandonando regímenes anacrónicos que no parecen aplicables en la tercera década del SXXI.
Lo que viene será seguramente fragor y presión en las calles, de parte de quienes han hecho del pobrismo una industria rentable que además los depositó sin mérito alguno en los dos lados del mostrador.
Dependerá de la decisión del gobierno -tal vez lo más difícil de conseguir- la firmeza de los millones de argentinos que quieren dejar atrás la etapa de la dádiva para retomar su propio destino a través del trabajo y los beneficios que para las empresas puedan ser conseguidos bajo el paraguas del sistema mixto y la posibilidad de mantenerlos en el tiempo.
Pero por este camino, si nos decidimos a recorrerlo, la larga etapa de ruptura del contrato social y del reinado de la decadencia podría ir quedando seguramente atrás.
Porque piqueteros son algunos pero trabajadores, los argentinos, somos todos.
La pelea está declarada. Y una parte se dirimirá en la calle. Más temprano que tarde.
