La paralización es temporal y se produce en respuesta a la demanda de 26 estados. El Gobierno anuncia que apelará el fallo…pero no acusa de golpista a la justicia.
La batalla migratoria se recrudece en Estados Unidos: un juez federal ha suspendido temporalmente las medidas ejecutivas ordenadas en noviembre por el presidente Barack Obama para regularizar a unos cinco millones de indocumentados. La Casa Blanca no ha tardado en reaccionar y ha anunciado este martes que el Gobierno apelará el fallo, puesto que considera que Obama ha actuado “dentro de su autoridad legal”.
“La decisión del tribunal federal impide erróneamente que se implemente esta política legal y de sentido común, y el Departamento de Justicia ha indicado que apelará dicha decisión”, ha agregado el portavoz de Obama, Josh Earnest, en un comunicado. No está claro sin embargo cuándo se presentará la apelación, que deberá ser atendida la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleans.
Pese a que la lucha legal no ha hecho más que comenzar, la decisión del juez Andrew Scott Hanen, de la corte federal de Brownsville, Texas -el Estado que ha encabezado la demanda- paraliza por el momento las medidas migratorias que estaban a punto de comenzar. Este miércoles se abría el plazo para extender DACA, el popular programa de acción diferida que desde 2012 le ha permitido a más de medio millón de jóvenes indocumentados frenar su deportación y obtener un permiso temporal de trabajo. A este paso le debía seguir, en los próximos meses, el inicio de un nuevo programa para conceder permisos de trabajo a los padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con estatus permanente, un plan que estaba previsto que empezara a aplicarse en los próximos meses.
En su fallo, el juez que instruye la causa por la demanda presentada por 26 Estados contra las acciones ejecutivas argumenta que de no frenarlas se produciría un “daño irreparable”, hecho por el cual ha concedido «un mandato judicial temporal» para suspender la aplicación de las medidas mientras se sustancie el proceso o hasta «una orden ulterior de este tribunal”.
«Sería imposible volver a meter al genio de nuevo en la botella», ha subrayado Hanen, que dice coincidir con los demandantes en que la legalización de millones de inmigrantes indocumentados es una acción «virtualmente irreversible”.
El magistrado, conocido por otras resoluciones críticas con la política migratoria, considera que la Administración no ha llevado a cabo los procedimientos básicos exigibles para aplicar el plan migratorio. Además, le reprocha al Gobierno que no haya sido capaz de un mayor control de las fronteras, lo que ha agravado el problema de la inmigración ilegal, según detalla The New York Times. En esa línea, apoya la queja de los Estados en relación con el coste que ya les supone la lucha contra la inmigración irregular.
Pese al revés, las organizaciones que apoyan la reforma migratoria se han apresurado a afirmar que continuarán trabajando para que las acciones ejecutivas de Obama entren en vigor.
“Esta no es más que la primera ronda de un largo proceso legal”, ha señalado Apolonio Morales, de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA, por sus siglas en inglés).
“Confiamos en que el sistema judicial acabará rechazando esta demanda sin fundamentos que no hace más que malgastar dinero de los contribuyentes, priva de derechos a trabajadores inmigrantes y sus familias y le priva a los Estados de ingresos muy necesitados”, ha añadido.
Para Lupe López, de la Alliance for Citizenship, la demanda presentada por los 26 Estados no es más que una “táctica para provocar miedo” impulsada por fiscales y gobernadores antiinmigrantes que pretenden “ahuyentar a los inmigrantes que podrían solicitar” las medidas ejecutivas, pero que no tendrá éxito, ha sostenido. “Confiamos en que el sistema judicial acabará rechazando esta odiosa demanda”, ha coincidido con las otras organizaciones.
«No estamos de acuerdo con la decisión de la corte y creemos que un tribunal superior va a reafirmar la legitimidad de las medidas (de Obama), al igual que incontables expertos legales que afirman que el presidente tiene autoridad para actuar», ha declarado también Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza, una de las organizaciones hispanas más influyentes de EE UU.
La vía legal no es más que uno de los caminos tomados por los que se oponen a las acciones migratorias dictadas por Obama en noviembre, frustrado por la negativa del Congreso a aprobar una reforma migratoria que propusiera una solución para los más de 11 millones de indocumentados que viven en el país.
La oposición republicana, que domina las dos cámaras del Congreso desde enero, ha tratado también de revertir las medidas presionando mediante la retirada de fondos del Departamento de Seguridad Nacional. Este ministerio es el único que no ha conseguido financiación hasta finales del año fiscal, sino que se quedará sin recursos a partir del 27 de febrero, a menos que los congresistas aprueben una nueva partida de dinero. Algo que hasta ahora no ha funcionado por los intentos republicanos de incluir en ella medidas para revertir las acciones ejecutivas migratorias, hecho tajantemente rechazado por los legisladores demócratas.
