Por Adrián Freijo – La interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, considera que la Corte Suprema “parece del siglo pasado» y «no funciona como debería”.
Sin embargo, dejó claro que no se trata de quiénes la integran, que son todos «gente muy versada», sino de aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la informatización. «La Corte no está funcionando como debería, nos merecemos otra Corte. Está funcionando como el siglo pasado, hay expedientes que están sin resolver cuatro o cinco años”, dijo.
De todas maneras, evaluó que durante la pandemia “el Poder Judicial no está funcionando como debiera» y opinó que «la Corte es en parte responsable por esto”.
«En el Consejo de la Magistratura la plata va a alcanzar para pagar sueldos hasta septiembre, mientras la Corte tiene millones de pesos en un fondo de contingencia», evaluó la interventora del SPF. Y opinó que parte de este fondo debería ser usado “para informatizar el Poder Judicial», ya que «la informatización con la que hoy se cuenta es tan lenta para trabajar que dificulta el trabajo más de lo que lo facilita».
Garrigós de Rébori es una funcionaria muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner. No solo personalmente -se sabe que la ex presidente la impuso en su nuevo cargo- como en lo ideológico. Garantista de fundamento, algo que en Cristina suele no ser especialmente sólido, viene a su cargo a culminar el proceso de vaciado de las cárceles que comenzó durante la gestión de la ex presidente y que quedó inconcluso con la llegada de Mauricio Macri al poder.
Sin embargo, y en el tema que nos ocupa en esta columna, es necesario dejar de lado la grieta, los prejuicios o las simpatías personales para contestarnos tan solo la pregunta que viene al caso: ¿tiene razón en su diagnóstico acerca del tribunal superior de la república?. Vamos a intentarlo…
Todo lo que afirma Rébori supone una verdad incontrastable. Es absurdo que la Corte guarde cantidades ingentes de dinero mientras el proceso de digitalización de la justicia se demora hasta la exasperación y la costumbre virreinal del expediente escrito, cocido, doblado y tantas veces perdido y/o mutilado demora las causas y las coloca en un estado de fragilidad que a poco de andar se vuelve impunidad.
Pero también el alto tribunal es indigno de estos tiempos en aspectos si se quiere más importantes aún que el funcional.
Nuestra Corte se ha especializado en contradecir su propia jurisprudencia; y lo ha hecho invariablemente para acomodarse al poder de turno, a las tendencias económicas y hasta a la aparición forzada de nuevas formas de gobierno como es la proliferación y habitualidad de de instrumento excepcional como debería ser un Decreto de Necesidad y Urgencia. Bien pudo poner un freno a tal abuso; está en sus funciones como vértice de uno de los tres poderes de la institucionalidad argentina y no se apartaría de la normalidad constitucional afirmando que el motivo por el cual la mayoría de ellos está firmado no supone ni una necesidad ni una urgencia.
Pero no podemos extrañarnos…hablamos del mismo cuerpo, con distintos nombres, que el 8 de setiembre de 1930 sacó aquella primera y ominosa acordada reconociendo la legalidad del golpe de estado que dos días antes había derrocado al presidente Yrigoyen. Como luego lo haría con las asonadas de 1943, 1955, 1966, 1976 y sus decretos, ucases y engañifas.
Aquellas claudicaciones de ayer son las mismas volteretas de hoy; a lo que debe agregarse un hecho lamentable que al menos antes se mantenía en sordina: las constantes internas por el poder palaciego, las traiciones y filtraciones y la apertura de canales irregulares a través de los cuales cada «contendiente» saca los trapitos (ajenos) al sol para que tomen estado público.
Unificar la jurisprudencia, publicitar los actos de justicia, filtrar el ingreso de expedientes hasta asegurar que los mismos respondan a aquellos parámetros necesarios para ser tratados en la máxima instancia constitucional de la legalidad argentina, designar una administración independiente, que ya no dependa del circunstancial presidente del tribunal, y hacerla responsable del destino de los fondos asignados al presupuesto del Poder Judicial, con un orden de prioridades coherente con las carencias y con el tiempo que transitamos, replantear y fortalecer el funcionamiento federal del sistema, modificar el dictado de las sentencias con salas específicas y sin tener la pesada obligación de esperar acordadas generales y aplicar el uso de las nuevas tecnologías audiovisuales al sistema de audiencias, declaraciones de testigos y peritajes, comenzará desandar el camino del atraso y en un tiempo prudencial permitirá avanzar en una verdadera reforma judicial que no pasa por cambiar jueces sino por perfeccionar el funcionamiento del conjunto.
Por eso, pese a que seguramente la Dra. Garrigós de Rébori abriga un proyecto distinto al que podría ser de nuestro agrado y representa una escuela jurídica que a muchos argentinos nos parece inaplicable en la realidad que vivimos, no puede negarse que en su afirmación existe una fuerte dosis de razón y de verdad que compartimos: «la Corte está funcionando como en el siglo pasado».
Y mientras ello ocurra será imposible que en la Argentina haya justicia…