Tal cual lo adelantáramos la operación pergeñada por el gobierno para «vengarse» del papa Francisco continúa. Imputan sin base alguna a una monja.
Es una causa que no tiene otro destino posible que su rápido archivo. Sin embargo el daño a la Iglesia Católica, parte de una miserable venganza presidencial por lo que Macri considera un destrato de parte del Papa Francisco, se habrá concretado en el mismo momento de trascender la noticia de que una monja perteneciente a la histórica congregación de las carmelitas Descalzas fue imputada por «privación ilegal de la libertad».
El fiscal federal Federico Uriburu, a cargo de la causa donde se investigan privación ilegítima de la libertad y reducción a la servidumbre de las monjas en un convento de la localidad entrerriana de Nogoyá, decidió imputar a la madre superiora del monasterio, y será indagada el próximo miércoles, informaron voceros judiciales.
El fiscal notificó ayer por la tarde la imputación por el delito de privación ilegítima de la libertad a la madre superiora del convento de las Carmelitas Descalzas, la hermana «María Isabel», luego del allanamiento al convento, el pasado 25 de agosto.
La monja, quien hace diez años es la encargada del convento e ingresó en 1991 al lugar, tiene como nombre real Luisa Toledo, de 63 años.
Tras la medida judicial y por decisión del Arzobispado de Paraná, la superiora nombró como sus abogados defensores a Guillermo Vartorelli y Miguel Angel Cullen, ambos paranaenses.
La imputación se realizó por el delito de «privación ilegítima de la libertad» en dos hechos, en referencia a las dos ex hermanas carmelitas que declararon, una que estuvo más de 10 años como interna del convento, y otra que permaneció 25 años.
Las monjas dieron detalles sobre «la forma de vida dentro» del convento y «ciertas actitudes de superiores», en tanto que confirmaron el uso de cilicios y flagelos.
Uriburu tomó la decisión junto a la procuradora general adjunta del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Goyeneche, y al fiscal coordinador de la jurisdicción, Dardo Tórtul, luego de analizar «todas las pruebas y declaraciones tomadas y los elementos secuestrados como cilicios, mordazas y látigos», dijeron fuentes de la fiscalía.
Las fuentes informaron que el delito que se le imputa a la superiora establece «una pena de prisión de dos a seis años»; además, estudian imputarle «la aplicación de tormentos y torturas, y la reducción a la servidumbre».
El allanamiento motivado por una denuncia periodística se realizó durante la madrugada y mañana del pasado jueves 25 de agosto en el Monasterio de Carmelitas Descalzas ubicado en calle Illia 918 de Nogoyá, donde se hallaron elementos de tortura y autoflagelación como látigos y cilicios.
Al intentar ingresar las autoridades, la superiora del lugar «resistió el ingreso de los funcionarios judiciales y policías que tras unos minutos lograron forzar la puerta».
Al ingresar, «no hubo necesidad de revisar cada cuarto porque se aportaron en forma voluntaria una cantidad de cilicios y látigos, pequeñas fustas de unos 40 centímetros«, detalló Uriburu.
