SIN PUDOR, SIN JUSTICIA, SIN REPÚBLICA

Como parte de su ya clara decisión de demoler la división de poderes el gobierno sale a exigir la liberación de Milagros Sala sin siquiera prestar atención a las cuestiones jurídicas.

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que continuará «exigiendo» la liberación de la líder de la Tupac Amaru «hasta que sea necesario» y remarcó que la dirigente kirchnerista está presa desde hace cinco años por «ser mujer e indígena y por atreverse a dar la batalla por la dignidad del pueblo jujeño».

Gómez Alcorta representa a Milagro Sala en las diversas causas que tiene abiertas en Jujuy por desvío de fondos para construir viviendas sociales, fraude al Estado, agresiones y amenazas. Pero como ocurriese con el abogado de Cristina Fernández de Kirchner y titular de la comisión que asesora al presidente acerca de la reforma judicial, Carlos Beraldi, es claro que nada pretende respetar de aquello que inhibe a funcionarios públicos de utilizar el poder que detentan para favorecer personas o intereses particulares. En la Argentina del vale todo pretender algo semejante suena a ingenuidad…

Funcionarios, dirigentes políticos y referentes sociales, culturales y de derechos humanos solicitaron por medio de una solicitada  la «libertad» de  Milagro Sala, al cumplirse cinco años de su detención, y denunciaron que la «persecución política, judicial y mediática a la que es sometida» tiene como autores al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y al Tribunal Superior de Justicia de la provincia.

Entre los funcionarios firmantes estuvieron los ministros de Justicia bonaerense, Julio Alak; y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla; la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia Cristina Caamaño y las presidenciales Dora Barrancos y Adriana Puiggrós.

También suscriben la secretaria de Comercio Interior, Paula Español; la titular del Sedronar, Gabriela Torres; la directora del Banco Provincia, Juliana di Tulio; así como la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

Adhieren asimismo legisladores y referentes como el titular del Frente Patria Grande, Juan Grabois; el diputado nacional Eduardo Valdés; la exprocuradora Alejandra Gils Carbo y otros funcionarios, jueces y legisladores.

El propio presidente Alberto Fernández, puesto en el papel de juez de la causa,  calificó como «ilegal» la detención de Sala, y remarcó que «no merece estar detenida». Habría que remontarse muchos años atrás para encontrar una injerencia semejante del poder político en las decisiones de la justicia, pretendiendo que la misma se subordine a las decisiones del gobierno de turno.

Tal ha sido el embate antidemocrático del gobierno sobre la división de poderes y la Constitución que la propia dirigente jujeña rompió el silencio y envió un fuerte mensaje al gobierno exigiéndole que “antes de seguir trabajando o seguir haciendo acuerdos políticos, debe hacer acuerdos para liberarnos a nosotros”. Así de claro tiene que la vigencia del estado de derecho es ya hoy una utopía en la Argentina.

Acallada la república, sometida la justicia y consagrada la impunidad la Argentina encuentra en esta lamentable cuestión -que mezcla corrupción con desprecio por las leyes- el punto de inflexión que puede abrir la puerta a la muerte de la democracia y a la instalación de una dictadura con formalidades democráticas que ya no puede seguir ocultándose como intención final de muchos sectores del poder.

Ante el fanatismo de muchos, el silencio cómplice de los más y la inopia de una inmensa mayoría de argentinos que no conocen o no valoran la importancia que para una sociedad que pretende desarrollarse y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos suele tener la vigencia de la democracia, las leyes y la división de poderes.

Un combo que habilita a todo un gobierno en salir a exigir públicamente que la ley se haga a su medida y la de sus intereses.