Sindicatos Policiales: una respuesta moderna a un problema de hoy

(Escribe Adrián Freijo) – La violencia social y el crimen organizado obligan a replantear el camino para contar con una policía moderna, profesional e integrada. 

Los hechos ocurridos en las cercanías de la cancha del club Laferrere y que muestran una vez más a una fuerza policial desbordada por una delincuencia más numerosa, violenta y sin las absurdas limitaciones que tienen para actuar quienes se suponen están para defender a la sociedad, dejaron una nueva secuela de sinrazón que se mide en más de una decena de funcionarios públicos heridos –uno de ellos de una gravedad que pone en riesgo su vida- y el surgimiento de una nueva ola de malestar en el cuerpo que sigue sintiendo que nadie representa a la policía provincial al momento de plantear las circunstancias necesarias para una vida digna y un accionar que no la convierta en indefensa rehén de los malvivientes.

Y cuando esto pasa es imposible que la cuestión de la sindicalización policial no vuelva a ser puesta en el tapete.

Tan es así que es muy probable que en las próximas horas se de el puntapié inicial buscando ahora un perfil distinto para la cuestión.

La negativa pertinaz y no siempre fundamentada del estado en siquiera discutir la cuestión ha llevado a quienes pretenden la sindicalización a recurrir a la justicia y ello ocurriría aquí en Mar del Plata y en lo que promete ser un debate dogmático tan rico como difícil

Rico porque el valor en juego es de tal magnitud que seguramente apasionará a propios y extraños y difícil porque a la carencia de antecedentes propios en la materia debe agregarse una situación no muy común al momento de legislar: tanto la postura afirmativa como la negativa tienen elementos de mucho peso para sostenerse.

Y como si ello no fuese suficiente para complicar el escenario, la situación de la agremiación policial no tiene siquiera una tendencia clara o apabullante en el mundo entero.

 

Una visión jurídica

 

Eugenio Zaffaroni es una voz tan controvertida como valorada en el mundo del derecho. Sus visiones suelen ser al menos heterodoxas si las comparamos con las escuelas tradicionales y si bien se lo ha tildado de abolicionista nosotros preferimos mantenerlo, aún un tanto forzadamente, dentro de la escuela más tradicional del galantismo.

Es interesante observar que en lo referido a la cuestión de la sindicalización judicial, el ex juez de la Corte Suprema sostiene que el permitirlo puede servir inclusive para terminar con algunos vicios internos de la fuerza como puede ser lo que el define elegantemente como “autofinanciación”.

Dice Zaffaroni que esos vicios fueron consentidos para lograr por una vía irregular una mejor remuneración del personal pero que al hacerlo se generó un estado de autonomía policial que hay que acotar rápidamente.

 

Dice el jurista que “salvo los casos intolerables, no se trata de imputar a personas, pues éstas se formaron en instituciones que la política descuidó durante muchas décadas. Los deterioros tienen causas estructurales que son a las que se debe apuntar”.

 

Propone entonces que el primer paso a dar es una remuneración legal acorde con las responsabilidades que debe asumir un policía, y que debe ser de un volumen que lleve al uniformado a tener tanto la posibilidad de vivir dignamente así como la voluntad de cuidar su cargo y honrarlo por suponer un medio suficiente de vida y de progreso.

 

“Dos deben ser los objetivos para eliminar la recaudación autónoma: las formas de compensación legal antes de obturar los canales de recaudación ilegales y procurar la

distribución equitativa de los nuevos beneficios legales”, propone Zaffaroni.

 

Para concluír que “en este sentido, no cabe duda de que la sindicalización del personal policial puede aportar soluciones más igualitarias. Debe tenerse en cuenta que los nuevos beneficios no pueden limitarse a mayores emolumentos, sino a un general cuidado de las condiciones laborales, sanitarias, asistenciales, previsionales, etc., lo cual requiere un interlocutor que sea expresión de todo el personal”.

 

 

Sindicatos libres y democráticos

 

En la actualidad, la policía todoterreno tiende a desaparecer, reemplazada por policías especializados conforme a las diferentes funciones y, sobre todo, a la distinción entre la función de seguridad pública y de investigación criminal. La tecnificación policial no obedece sólo a mayores conocimientos, sino también en la formación cívica e ideológica del personal. Si bien en toda institución debe primar un criterio pluralista, el límite son las ideologías incompatibles con la convivencia democrática y las garantías constitucionales.

 

Por otra parte, el personal policial es muchas veces la más próxima representación del Estado que tiene el habitante, y a veces la única. Por lo tanto, debe tener un mínimo de entrenamiento para manejar la conflictividad cotidiana, aconsejar, orientar a la población, derivar los planteos a las diferentes agencias del Estado con capacidad para resolver. La comisaría, la escuela, el hospital y el municipio deben coordinarse, porque de eso depende que se resuelvan muchos conflictos que de otro modo pueden volverse violentos e incluso costar vidas humanas.

 

Los cuerpos policiales no deben ser demasiado numerosos, pues cantidades tan excesivas (que en algunos países superan aquéllas de las fuerzas armadas) dificultan en extremo toda posibilidad de control. Debe suprimirse la pura meritocracia estadística, que deriva en prácticas viciadas. El control de la calidad del servicio debe ser valorado conforme a criterios de eficacia preventiva y no de pura cifra. En definitiva, si en un circuito policial no sucede nada grave, es natural que tampoco haya un número elevado de procedimientos. La regla de oro debe ser la menor molestia posible a la población.

 

Toda modificación de las condiciones laborales debe explicarse muy claramente a todo el personal. De lo contrario, se corre el riesgo de que las cúpulas o algunos grupos internos hagan correr versiones alarmistas o rumores apocalípticos con el objeto de generar malestar y resistencia. Y para ello nada mejor que un sindicato sea el interlocutor al momento de de discutir, resolver y comunicar a los efectivos cada variación de la realidad.

El caso francés es digno de observarse.Los policías franceses consiguieron sindicalizarse a fines de la Segunda Guerra Mundial “tras haber sorteado las distintas peripecias de la primera mitad del siglo XX”.

La adhesión es alta (tres de cada cuatro agentes están afiliados) y se encuentra diversificada: algunas organizaciones convocan por jerarquía (así cabos, oficiales, comisarios cuentan con sus propios espacios); otras por ideología (más bien de derecha; más bien de izquierda); otras por pertenencia geográfica; incluso los agentes uniformados y aquéllos de civil se agruparon por separado hasta 1995.

Cerca del 80% de los 143 mil funcionarios de la Policía nacional se encuentra sindicado contra el 8% promedio de los demás trabajadores franceses de todas las actividades.

 

Conclusiones

 

Lo cierto es que con las características propias de la fuerza, de su relación con la normativa jurídica que la regula y de la propia sociedad argentina, el tema de la sindicalización policial ya no puede esperar en lo que se refiere al menos al debate.

Pensar un siglo XXI con personas de inserción civil sometidas a normas propias del siglo XIX es al menos un disparate.

Si exigimos fuerzas policiales eficientes y democráticas tenemos que comenzar por convertir a sus integrantes en sujetos plenos del derecho que asiste al resto de la ciudadanía.

Porque si el temor de los negacionistas radica en una eventual pérdida de la disciplina sería bueno recordarles que cualquier convulsión interna sin la chance de una negociación previa deja la cuestión en manos de liderazgos multiformes, anárquicos y fuera de control.

Mientras que la presencia de uno o más sindicatos reconocidos obliga al personal a someterse al arbitrio de la legislación laboral vigente con todos sus límites y condiciones.

Parece entonces un absurdo no comenzar cuanto antes un camino que devolverá a los policías al amparo de sus derechos constitucionales.

Que son justamente los que están obligados a proteger en la comunidad.