Stiuso y Arroyo Salgado negocian con el gobierno la impunidad del espía

(Redacción) – Una causa aparentemente desligada de la investigación por la muerte de Nisman es el arma que Stiuso y Arroyo Salgado usan para «apretar» al gobierno.

Sandra Arroyo Salgado cobró inesperada relevancia por los hechos que rodearon la muerte de su exmarido, Alberto Nisman.

Repentinamente, lo que le ocurrió al fiscal especial del caso AMIA la envolvió con un halo de pureza. Es una condición de la cual carecía justo antes de que apareciera el cuerpo sin vida de su exesposo.

Para la gran mayoría de la ciudadanía, su nombre era desconocido antes de que ocurriera lo que sucedió el pasado 18 de enero. Sin embargo, en los ámbitos judiciales supo destacarse casi inmediatamente después de haber sido designada jueza Federal de San Isidro.

Ciertamente, ello pasó, no porque hiciera un trabajo independiente y/o honesto, sino más bien por todo lo contrario. En su juzgado se concentran decenas de causas contra piqueteros, docentes, trabajadores de la carne, de la leche y ferroviarios —entre otros—, procesados sólo por protestar contra la política del kirchnerismo. No es una casualidad: Arroyo Salgado siempre respondió al gobierno de Néstor y Cristina.

Así se entiende por qué se atrevió a avanzar en batallas que nadie jamás hubiera admitido por cuestiones éticas. ¿Alguien olvidó ya que se trata de la misma jueza que obligó a los hijos de Ernestina Herrera de Noble a hacerse una extracción compulsiva de sangre a pedido del kirchnerismo?

A su vez, es la misma magistrada que lleva adelante un expediente que mantiene procesados a una serie de periodistas, militares y agentes de inteligencia. También a pedido del gobierno.

Es la causa judicial que investiga a un grupo de “hackers” que metían sus narices en correos electrónicos de personas relevantes de la política, el periodismo y otros ámbitos de poder.

Allí, se encuentran procesados el extitular de la SIDE, Juan Bautista “Tata” Yofre, los periodistas Carlos Pagni, Edgar Walter Mainhard y Roberto García; el director del portal Seprin, Héctor Alderete; el militar retirado Daniel Reimundes; el empresario Néstor Carlos Ick, y los exagentes de Inteligencia Iván Velázquez y Pablo Alfredo Carpintero.

Fue el propio Yofre quien en las últimas semanas presentó un recurso de nulidad que ni siquiera fue atendido por la jueza…al menos hasta ahora.

El 3 de marzo, Arroyo Salgado sorprendió a propios y ajenos: la exesposa de Nisman entendió que el planteo de Yofre era “novedoso” y dispuso formar un “incidente de nulidad”, a cuya resolución queda subordinada toda la causa.

A fojas 8087 del expediente de marras, Yofre cuestiona que la prueba contra su persona se haya obtenido de manera ilegal, a través de la actuación de dos agentes encubiertos, Ariel Hernando Di Fillipo y Joaquín Conrado Pereyra.

Lo curioso, lo que no menciona el escrito, es a quiénes respondían las personas que aparecen como agentes encubiertos al momento de explotar la denuncia: la misteriosa mujer que en algún momento apareció espiando a los imputados reportaba al director de Reunión Interior, Fernando Pocino; Di Fillipo al titular de la policía de la provincia de Buenos Aires, Hugo Matzkin; y Pereyra al poderoso jefe del Ejército, César Milani.

Queda claro que, cuando termine todo este escándalo, Arroyo Salgado tendrá mucho que explicar. Lo mismo ocurrirá con el agente Pocino —hoy el preferido de Cristina—, Matzkin y Milani. También deberán dar las explicaciones del caso el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández —uno de los principales cabecillas de la supuesta banda de hackers— y el mismísimo Stiuso.

¿Por qué motivo la jueza cambió radicalmente de estrategia? Es imposible saberlo, aunque el periodista Horacio Verbitsky, siempre alineado al gobierno, suele esbozar una interesante explicación:

“La premura con que la jueza resolvió la extemporánea solicitud de Yofre sugiere que hay una negociación en curso, que acaso involucre a Antonio Horacio Stiuso”.

Y no es casualidad que la decisión de la jueza de hacer lugar a un incidente que representa la más acabada prueba de la intromisión del gobierno en acciones de espionaje sobre sus adversarios se de al mismo tiempo en que se conoce la citación de Stiuso para rendir cuentas de sus actos en la investigación de la causa AMIA y sobre todo por la desaparición de 30 CD’S con material que preocupa, y mucho, al gobierno.

¿Cuáles serían los alcances de esa negociación? Por ahora, no hay datos para poder precisarlo. No obstante, una cosa es clara: la decisión de Arroyo Salgado expondrá una realidad que incomodará a más de uno, principalmente a los actuales inquilinos de la Casa Rosada y la flamante Agencia Federal de Inteligencia.

Fuente: Tribuna de Periodistas