(Redacción) – Lo que ocurre por estas horas con el pago de los salarios municipales demuestra que la política se sigue burlando de la justicia y que ésta se siente cómoda con la situación.
Uno de los caballitos de batalla de Carlos Arroyo en la campaña era la denuncia de que la anterior administración había utilizado fondos destinados a obras para pagar los sueldos. Afirmaba el por entonces candidato que eso suponía un delito y que iba a denunciarlo.
La otra acusación, fogoneada especialmente por José Cano, tenía que ver con el uso de descubierto bancario con el mismo fin. Era, según ambos, otro delito a denunciar y así lo hicieron..
Sobre lo que se le imputa a Gustavo Pulti, el fiscal Javier Pizzo precisó que “hay cinco hechos entre ellos malversación decaudales públicos que implica el uso de fondos que no estaba destinado en el presupuesto para tal fin, y el incumplimiento de deberes. También se le imputa el giro en descubierto sin realizar los trámites correspondientes”.
Pero resulta que los denunciantes hacen hoy lo mismo que descalificaron en el ex jefe comunal y no solo vienen utilizando el mecanismo del descubierto bancario sino que ahora piden al HCD autorización para usar fondos afectado a la obra pública y a la seguridad para evitar el paro de los trabajadores municipales. ¿No era eso un delito?, ¿cuál es la vara que se utiliza para medir nada menos que la legalidad de los actos de gobierno?.
El argumento de no haber pedido autorización es de una pobreza conceptual que lo hace caer por su propio peso: el uso de decretos ad referéndum del HCD es un instrumento legal aceptado y por ello legítimo. Algo muy distinto a la comisión de un delito de fondo tal cual denunciaban Arroyo y Cano antes y el intendente parece haber olvidado ahora.
La contradicción permanente ha sido la principal característica de una administración que nunca hizo pie. Pero lo que llama la atención es que la justicia se deje arrastrar en estas cosas de la politiquería barata y haga de actor secundario en un tema tan delicado.
Una cosa es resolver si Gustavo Pulti ha cometido un delito y otra muy distinta que ese delito se encuentre tipificado como tal en los códigos.
Y si esto fuese así…¿qué hace falta para que un fiscal intervenga de oficio ante el hecho público de que esta administración estaría llevando adelante la misma infracción a la ley?. Máxime cuando es denunciante en la causa contra el ex jefe comunal.
Una verdadera burla, una más. Y otra demostración clara de que para nuestra clase política la justicia es un estamento inferior que está para ser usado en beneficio propio.
Un indecoroso lugar en el que jueces y fiscales parece encontrarse siempre muy cómodos.
