Tasas municipales: el sinuoso camino de la estafa perfecta

Por Adrián FreijoLas tasas municipales deben ser cobradas contra prestación de un servicio y es obligación del estado probar que lo prestó y cual es su costo real.

Entre las facultades propias de los municipios, todas las provincias han reconocido como una de aquellas la de percibir tasas contra la efectiva prestación de servicios.

Ante la pretensión de que sea el contribuyente quien demuestre si ese servicio fue efectivamente prestado la Corte Suprema ha advertido que corresponde al estado municipal demostrar sus prestaciones, ya que endilgar al contribuyente una tarea de tal calibre «constituiría una exigencia procesal de imposible cumplimiento que frustraría el derecho sustancial»  siendo que 1a administración está en mejores condiciones para comprobarlo mediante todo tipo de pruebas.

Esa exigencia de la contraprestación diferencia la tasa del impuesto, ya que para la misma Corte Ha resuelto que aquella «es una categoría tributaria derivada del poder de imperio del Estado, que si bien posee una estructura jurídica análoga al impuesto, se diferencia de éste por el presupuesto de hecho adoptado por la ley, que consiste en el desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado y que, por ello, desde el momento en que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, éste no puede rehusar su pago aun cuando no haga uso de aquél, o no tenga interés en él, ya que el servicio tiene en mira el interés general».

Queda entonces en claro que entre una tasa y un impuesto hay diferencias sustanciales, absolutas y evidentes y que mientras sobre los últimos rige un concepto de territorialidad e imposición, sobre aquellas se dispone un servicio como condición y por lo tanto deben tenerse en cuenta tres aspectos irrenunciables: efectiva prestación, costo real y razonabilidad.

Y no es ocioso recordar también que cualquiera fuera la modalidad de la recaudación jamás puede prescindirse de los principios de legalidad, legitimidad, proporcionalidad y razonabilidad en materia tributaria.

Sobre estos dos últimas exigencias -proporcionalidad y razonabilidad- el máximo tribunal mantiene, con respecto a la correspondencia entre el monto de este tributo en el caso concreto y el costo del servicio, que que si bien no debe existir una equivalencia estricta, prácticamente imposible de establecer, no es admisible que la relación sea desproporcionada y mucho menos que el destino de los fondos sea aplicado a cualquier otro objetivo.

Aclarados estos puntos doctrinarios vamos ahora a formularnos algunas preguntas inevitables ante el exorbitante aumento de las tasas municipales, su legitimidad y los argumentos utilizados por el gobierno de Carlos Fernando Arroyo para pretender su aplicación. Responsabilidad que también alcanza al Concejo Deliberante pese a que ahora, frente a la presión pública, pretende revisar lo que de otra manera terminará por resolver la justicia. Que seguramente lo hará teniendo en cuenta los parámetros antes citados y la irracionalidad de la pretensión de la administración. 

La primera pregunta refiere a saber si el aumento aplicado responde a un criterio de razonabilidad. Y la única respuesta posible es que no.

En base a fórmulas matemáticas que nadie en el gobierno municipal puede explicar, el incremento supera en el promedio un 300% sin que haya ningún índice inflacionario o cálculo de costos que pueda justificar semejante crecimiento. En este punto es importante remarcar que las públicas afirmaciones del intendente y su por entonces Secretario de Hacienda Hernán Mourelle -en rigor no desmentidas por su sucesor- el costo se reajustaría en un 35% promedio, lo que supone una actitud perversa con el único fin de engañar a la comunidad y a sus representantes.

Es dable recordar que la concejal (UC) Virginia Sívori reclamó en diversas ocasiones una explicación acerca del alcance del aumento e inclusive denunció que de un simple cálculo virtual de la aplicación del mismo surgía que en algunos casos el incremento llegaba al 600%.

Una segunda cuestión radica en saber si el municipio cumple con aquellos servicios que pretende cobrar en forma de tasa. Y aquí también la respuesta es no. O al menos parcialmente.

Más de 20 días de paro municipal, las calles destrozadas, la higiene urbana estallada, el alumbrado público en crisis, el tránsito incontrolable, la mora en cualquier tramitación llegando a límites inaceptables, el presupuesto sub ejecutado en gran parte de los organismos municipales y entes descentralizados y la ausencia de control al servicio urbano de pasajeros son solo algunas de las pruebas de que se pretende cobrar a los marplatenses y batanenses por servicios que no le son prestados.

Porque cada uno de ellos figura en el cálculo de recursos sobre el que se fijan las tasas y sin embargo están ausentes a la hora de ser prestados.

Duele tener que afirmarlo pero debe recordarse que en distintas declaraciones públicas es posible observar cómo los responsables de las gestiones municipales son conscientes del carácter de dudosa legalidad de los tributos -porque no pueden negar el incumplimiento de la exigida contraprestación- y justifican su percepción en las necesidades financieras del municipio.

De acuerdo a su lógica la teórica bondad del fin, prestar servicios a la comunidad,  justifica el medio elegido, la falsedad,  aunque éste pueda ingresar en contradicción con el marco jurídico vigente.

Una verdadera estafa a la que se agrega el hecho de que al contribuyente se le cobren tasas municipales que se superponen con impuestos provinciales y municipales creados para los mismos efectos que aquellas. La respuesta a este problema no es exigible a la Justicia sino a la política, la que debe ser capaz de coordinar las aplicaciones recaudatorias adecuadas y las redistribuciones y asignaciones correctas de recursos a cada nivel de Gobierno conforme a las responsabilidades que cada uno de ellos dinámicamente asume.

Pero la política, en la Argentina y muy espacialmente en Mar del Plata, está para servirse del ciudadano y no para servirlo. Solo así se entiende que alguien se haya animado a llevar adelante esta verdadera estafa a los contribuyentes, seguro de salirse con la suya.

Y el ciudadano, manso hasta la estupidez, termina siempre pagando la fiesta de unos pocos.