Más allá de los estudios de costo y de los discursos políticos hay una realidad social que hace imposible que un trabajador o un desocupado pague $ 51,80 el boleto. La municipalización asoma como una salida.
Dos cosas son innegables: la gente no puede pagar el boleto al precio que se ha fijado y va a pasar mucho tiempo antes que el gobierno nacional pueda resolver la inequidad de los subsidios.
Cuando tomamos nota que en el ámbito de CABA los porteños abonan $18 y un marplatense deberá sacar de su bolsillo la friolera de $51,80 para recorridos mucho más cortos, no podemos menos que asumir que algo está muy mal y que, como ocurre con las tarifas de otros servicios públicos, hay una inequidad fiscal que más tarde o más temprano deberá solucionarse. Pero la gente no puede esperar el tiempo de la justicia, y mucho menos en una cuestión que arrastramos desde la época del virreinato.
Es entonces que urge una solución a esta cuestión que seguramente ocupa el podio de las preocupaciones populares. Una familia tipo que no posee otro medio de transporte y cuyos integrantes estudian y/o trabajan deberán afrontar un mínimo de ocho viajes diarios -salvo que los menores puedan contar con el boleto estudiantil, lo que no ocurre en todos los casos- y eso le significará un gasto superior a los $400 por jornada. Proyectado, representa unos $10.000 por mes.
Tampoco es posible pretender que las empresas trabajen a pérdida. No hay equilibrio social si se funden los prestatarios de cualquier servicio y en corto tiempo se verá que ello no le sirve a ninguno de los actores del drama de vivir que afrontamos día a día los ciudadanos.
Aunque este es el momento de recordar que ninguno de los estudios de costos presentados -uno por las empresas y otro por el estado municipal- puede ser seriamente tomado en cuenta: está hecho en base a los recorridos actuales que representan un desperdicio de kilómetros recorridos con el consiguiente número innecesario de unidades, aunque todos sepamos que el número de coches que se declaran en uso para «inflar» el cálculo de costos nada tenga que ver con los que realmente están rodando por las calles.
Entonces, si con las empresas no se puede y sin las empresas igual hay que brindar el servicio de transporte, la opción de la municipalización del servicio aparece en el horizonte como una alternativa digna de ser analizada.
Porque en el caso de una eventual empresa estatal aparecerían dos elementos que permitirían, desde un inicio, una disminución del costo del boleto en el orden de un 30/40% y que sería la diagramación de nuevos recorridos y, sobre todo, la desaparición del lucro como objetivo de la explotación.
Lamentablemente los antecedentes en la materia no son buenos. Pero no por la esencia misma del sistema sino por malas gestiones o intereses subalternos.
En 1956 el comisionado Celso Aldao, puesto en el cargo por la Revolución Libertadora, pretendió la instalación de una línea municipal pero eligió para ello el caro e ineficiente sistema de trolebuses. Pese a los dictámenes en contra de una comisión creada por él mismo el proyecto fue adelante y fue un verdadero fracaso que a los pocos años, en 1964, ya había pasado a la historia.
En junio de 1966 Jorge Raúl Lombardo, tras la fallida concesión del servicio a empresas que buscaron una posición abusiva y lo llevaron a cancelar la relación, planificó una prestación oficial a partir de un Ente Municipal de Transporte. El golpe de estado del 28 de ese mismo mes que comenzaría con el tiempo de Juan Carlos Onganía en el poder terminó con el proyecto y abrió la puerta al retorno de los mismos prestadores privados que habían sido expulsados por abusivos.
Pero aquellos antecedentes no pueden ser motivo suficiente para no intentarlo. En las grandes capitales del mundo, aunque aquí solo citemos los casos de Madrid, Tokio y Nueva York como emblemáticos, el servicio de transporte es estatal, económico y funciona a la perfección.
Y tal vez sea ya tiempo de que un gobierno municipal, con verdadera vocación de cambio en beneficio de la gente, comience a pensar seriamente en un sistema propio que abarate costos, economice recorridos y sea un verdadero servicio a la gente.
Ya hemos visto hace pocas semanas como una entente entre los empresarios y los concejales opositores sirvió para voltear el pliego de una nueva licitación que, aún con muchas cosas para cambiar, marcaba la intención de plantear otra lógica del servicio y del negocio.
Entonces, para terminar con la corrupción, la extorsión en forma de constantes paros armados en sociedad por empresas y sindicatos y el abuso en materia de tarifas…vayamos por el camino de la municipalización del servicio con control ciudadano.
Es posible y es deseable…
