Un fallo ejemplar en torno a la causa de violación en «El Durazno»

La resolución del juez Saúl Errandonea pone un límite valiente a la libertad de expresión mal entendida que termina siendo una vía de impunidad para la difamación y una muestra de miseria humana.

El juez Saúl Errandonea hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Asesora de Incapaces N° 1 Dptal. Dra. Silvia Fernandez quien le solicitó prohibir a los medios de difusión todo comentario acerca de la intimidad, la vida sexual o las relaciones intrafamiliares de la menor abusada por los cinco surfers en el cámping «El Durazno» en las cercanías de Miramar.

Del mismo modo ordenó a los medios digitales no abrir foros de opinión a sus lectores en lo referido al mismo tópico, por considerar que la violencia de los comentarios allí vertidos revictimiza a la niña y viola todos los derechos vigentes para los menores de edad.

Una resolución sólida, fundada y oportuna que evita la continuidad de una perversa sucesión de abusos y comentarios que, sin fundamento alguno, ponen otra vez en evidencia la profunda enfermedad moral que padece un soctor no menor de la sociedad argentina que siempre busca el atajo de culpar a las víctimas de los hechos padecido por parte de los victimarios.

Y que nos obliga a todos a un debate acerca del uso responsable de la libertad de expresión, que debe ser garantía de los derechos ciudadanos y no vía de impunidad a las peores miserias humanas.

A continuación la resolución del juez Errandonea, una pieza profunda que merece ser leída y analizada:

VISTO:

Para resolver en la presente incidencia caratulada «Costa, Roberto Fabian y otros s/Abuso sexual con acceso carnal agravado» que tramita bajo el nº PP-08-02-000002-19/00, por ante este Juzgado de Garantías 2 a mi cargo, respecto a la medida cautelar solicitada por la titular de la Asesoría de Incapaces N° 1 Dptal. Dra. Silvia Fernandez;

Y CONSIDERANDO

I.- Que la Sra. Asesora en el día de la fecha, efectúa su presentación peticionando se dicte una medida cautelar en resguardo de los derechos de la víctima de autos menor de edad, ordenando a los medios de comunicación locales y nacionales, televisivos, radiales y gráficos, prensa escrita, se abstengan de comunicar, informar, emitir opinión o someter a análisis «modalidad panel» datos, cuestiones e información relativa a la VICTIMA MENOR DE EDAD de estos actuados, en particular concerniente a su identidad, a su vida sexual privada y a todos los aspectos englobados bajo el concepto constitucional de protección del derecho a la vida íntima, privada y familiar, debiendo oficiarse para su implementación al ENACOM.
Con relación a los medios digitales, especialmente portales de noticias, solicita se arbitren los medios necesarios para que en los mismos se cierren los comentarios a notas a fin de evitar la afectación al derecho a la intimidad de la adolescente y de su familia.
En tal sentido, la Sra. Asesora de Menores interviniente en la presente refiere haber tomado conocimiento a través de la difusión masiva de los medios de comunicación, del tratamiento que en los mismos se viene efectuándose respecto del delito acontecido recientemente y que motivara la formación de la IPP 02-000002-19/00 y que conociéndose la dinámica periodística, existe verosimilitud suficiente respecto a anticipar el modo en que dicha «comunicación e información» se desarrollará, en lo que a la persona de la ví­ctima menor de edad concierne. (…) Que cabe analizar en primer término, la legitimación que ostenta la peticionante en su carácter de Asesora de medidas para incoar la medida cautelar, encontrando sustento de habilitación en las atribuciones conferidas en el art. 38 de la ley 14.442 y encontrarse eventualmente afectados los derechos de la ví­ctima menor de edad.
III.- Que salvado este primer aspecto y atendiendo en primer lugar, atento al carácter de la medida cautelar planteada y las afirmaciones realizadas por la Sra. Asesora de Menores, aparece con cierta verosimilitud el hecho del tratamiento en el dí­a de ayer en diversos medios de comunicación locales y nacionales, televisivos, radiales, prensa escrita, medios digitales, del suceso ocurrido en la localidad de Miramar el primer día del año y cuya investigación se halla actualmente a cargo de la Fiscalía Descentralizada de Miramar, resultando víctima una menor de edad. Que de un recorrido por la normativa supranacional que rige la protección de los niños, incorporados a nuestro ordenamiento constitucional por medio del art. 75 inc. 22 de la CN., la Convención de los Derechos del Niño, establece especí­ficamente en su art. 16, apartado 1) » Que ningún niño será objeto de ingerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, o de ataques ilegales a su honra y su reputación.» y el apartado 2) complementa «Que el niño tiene derecho a la protección de la ley, contra esas ingerencias o ataques.».
En el orden local, como bien menciona la presentante, la ley 13.634 de nuestra provincia, en su art. 5° recoge la pauta, estableciendo que «Queda prohibida la difusión de la identidad de los niños sujetos a actuaciones administrativas o judiciales, cualquiera sea su carácter y con motivo de dichas actuaciones, en informaciones periodí­sticas y de toda índole….».
Lo cierto es que como bien ha señalado en su presentación la Sra. Asesora de Menores los medios de comunicación en la jornada de ayer no se han limitado solamente ha tratar la noticia de lo sucedido en la ciudad de Miramar sino que además han vertido comentarios acerca de la identidad de la menor, de su forma de vida, de su familia, con claro perjuicio a la normativa señalada.
Seguramente que en este desarrollo no puede omitirse la consideración al derecho a la información y su correlato la libertad de prensa, como manifestación preferente de la libertad de expresión – también de raigambre constitucional-, debiendo existir una armoniosa relación entre estos y los derechos expuestos en los párrafos precedentes.
Así­ el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen son derechos personalísimos cuya titularidad corresponde a todo individuo, los cuales corresponde ser preservados en pos de garantizar el libre desarrollo de la personalidad del menor y no comprometer su futura estimación social.
Ahora bien, a esta altura y bajo esta óptica de análisis, la difusión de dichas cuestiones menoscaba seriamente esta relación, pues se encontraría afectada por la propagación pública la menor, debiendo en tal sentido extremar los recaudos para que dicha afectación cese inmediatamente, evitando de esta forma una progresiva revictimización, haciendo lugar en consecuencia a la presentación aludida.

Por todo esto;

RESUELVO:

HACER LUGAR A LA MEDIDA CAUTELAR impetrada por la Dra. Silvia Fernández, Asesora de Incapaces Nro. 1 Deptal, ORDENANDO a los medios de comunicación locales y nacionales, televisivos, radiales y gráficos, prensa escrita, se ABSTENGAN de comunicar, informar, emitir opinión o someter a análisis «modalidad panel» datos, cuestiones e información relativa a la VICTIMA MENOR DE EDAD de estos actuados, en particular concerniente a su identidad, a su vida sexual privada y a todos los aspectos englobados bajo el concepto constitucional de protección del derecho a la vida í­ntima, privada y familiar.
Notifí­quese. Líbrese a los fines de la comunicación de lo decidido oficio a la Delegación Mar del Plata del ENACOM.