Si bien el accionar del fiscal Guillermo Marijuan se ajusta a lo estrictamente jurídico, su carácter de reconocido confrontador con el kirchnerismo le otorga el valor de saber saltar la grieta.
No es muy común en un país en el que hasta la justicia ha caído en la grieta política. Por eso en medios tribunalicios llamaba esta mañana la atención la actitud del fiscal federal Guillermo Marijuan quien dictaminó que debe ser desestimada “por inexistencia de delito” la denuncia formulada por la abogada Silvina Martínez contra la titular de la Anses, Fernanda Raverta, luego de que ese organismo le restituyera la pensión vitalicia como exmandataria a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en base a un fallo judicial.
Otra cosa muy distinta, que seguramente estará sometida a debate por largo tiempo, es la legitimidad del hecho de que la ex mandataria cobre dos pensiones de idéntico origen. Vaya como antecedente el caso de María Estela Martínez de Perón quien cobra su pensión como ex presidente y no la de su marido Juan Domingo Perón por el ejercicio, en tres oportunidades, del mismo cargo.
Pero en lo que se refiere a la legalidad, que es lo que el fiscal recoge, nada puede reprocharse y mucho menos a la titular de la ANSES que es en este caso un mero agente administrativo que debe implementar una orden judicial.
Marijuan sostuvo en su dictamen que “no se advierte la comisión de conducta ilícita alguna por parte de la titular de Anses; debiendo destacarse que el otorgamiento del beneficio alcanzado surge de una decisión dictada por el ámbito judicial competente y como consecuencia de la demanda iniciada por la propia beneficiaria, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”.
El dictamen fue presentado ante el juzgado federal 11, subrogado por el juez Julián Ercolini, que deberá proceder a la desestimación de la denuncia por el simple hecho de no contar con impulso del fiscal en quien, además, habían sido delegadas las actuaciones.
“De la simple lectura de la denuncia introducida se advierte que la decisión adoptada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) responde a la obligación impuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 10 en los autos 38870/2017”, sostuvo el fiscal en dictamen al que accedió Télam.
“En lo que respecta a la Anses -quien se encuentra presentada en el proceso judicial- si bien apeló la sentencia, tal situación no implica la comisión de conducta delictiva por parte de la responsable de ese organismo”, aseguró el fiscal.
“Queda claro que el acto administrativo por el cual es denunciada la titular de la Anses tuvo motivación en la decisión judicial citada anteriormente. A su vez, conforme surge de la compulsa efectuada en el sistema público de expedientes www.scw.pjn.gov.ar y de la lectura de la sentencia definitiva, la parte actora -Cristina E. Fernández- inició una demanda cumpliendo con las exigencias y pasos judiciales correspondientes”, detalló.
En escueto resumen, Raverta no tenía otra chance que no fuera cumplir con una manda judicial que le ordenaba liquidar el beneficio solicitado por la ex presidente. Y Marijuan no podía desconocer que esto era así y que por lo tanto no era posible procesar a la funcionaria que se había limitado a obrar como un juez le ordenaba.
Aunque en la Argentina de la grieta que todos cumplan con su deber sin dejarse llevar por sus simpatías o antipatías políticas sea hoy una rareza…
