Por Adrián Freijo – Se firmará un nuevo acuerdo que priva a las provincias de su derecho a reclamar en la Corte por los atropellos del gobierno central y sostiene el regresivo Ingresos Brutos.
Aprovechando las necesidades financieras de las provincias el gobierno de Alberto Fernández se dispone a firmar este viernes un nuevo Pacto Fiscal que arrasa con el derecho de las provincias a recurrir a la Corte Suprema ante cualquier diferendo en materia de coparticipación y vuelve a consagrar en plenitud el IIB cuya desaparición había sido prometida por el gobierno en campaña.
Desde el Gobierno aseguran que fueron convocados todos los mandatarios provinciales, pero que todavía resta la confirmación de Larreta, en medio del creciente conflicto por la poda de recursos para la Ciudad que avaló el Congreso esta semana.
Pero además, el pacto fiscal contiene un punto controversial para el jefe de Gobierno porteño: establece un plazo de dos años antes de poder accionar ante la Corte Suprema o reclamar por cuestiones vinculadas por la Coparticipación. Si bien Nación está dispuesta a reducirlo a un año, desde la Ciudad quieren que directamente se elimine como una condición para su firma.
Sucede que si avanza la estipulación de un plazo, Larreta debería cancelar la presentación judicial que hizo por la quita de recursos, hasta tanto se cumpla el tiempo pautado.
-Siempre termina pagando la gente –
El objetivo del nuevo pacto fiscal será el de frenar la baja de impuestos locales que obligaba el primer consenso firmado en 2017 y suspendido con la crisis de 2018, para evitar la caída de recaudación tanto en el ámbito provincial como municipal por la baja que disponía en el porcentaje que los contribuyentes pagaban del Impuesto a los Ingresos Brutos.
Este punto era clave en el acuerdo anterior porque pretendía de esta manera impulsar la inversión privada, pero terminó significando menos recursos para los distritos y entonces, ante la alternativa de ajustar el gasto político o seguir expoliando al ciudadano, se eligió por este último camino al que se le adosó, tramposamente, la cuestión de la prohibición de reclamar derechos conculcados ante la Corte.
Y los gobernadores, a pesar de entender que esto último que hoy afecta a la CABA también puede en el futuro limitar los derechos de las provincias que gobiernan, corren a firmar el nuevo Pacto para mantener sin cambios la alícuota del impuesto más regresivo de la historia argentina. Ese que en campaña todos juran que van a suprimir pero que sigue firme a lo largo de los años, fortaleciendo al estado y debilitando a la actividad privada.
La mirada de los constitucionalistas plantea esta vez la posibilidad de que los mandatarios deban afrontar en el futuro acciones legales por lo que se considera una flagrante violación de los preceptos constitucionales. ¿Pueden rubricar un documento que quita a sus distritos el libre ejercicio de un derecho consagrado en la Carta Magna como es el de recurrir a los jueces naturales a reclamar por los agravios recibidos?.
Claro que a falta de un país federal…la necesidad tiene cara de hereje.
