La caída del juez de la Cámara de Casación Penal Federal, Luis Cabral, esconde una conspiración digna de un thriller político de alto vuelo que involucra miserias de la UCR y de la Corte.
Un acuerdo entre el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti y la presidenta Cristina Kirchner, habría detonado el apartamiento del juez que debía intervenir en la causa sobre la constitucionalidad del Memorandum con Irán.
La movida formaría parte de una maniobra más amplia -anticipada por LPO- vinculada a un pacto secreto para remover jueces subrogantes y designar otros afines. El arreglo para apartar a Cabral, se habría consolidado con el pedido que Lorenzetti le habría hecho a su amigo y presidente del radicalismo, Ernesto Sanz, quien habría dado la orden para que los dos consejeros radicales, Gustavo Valdez y Angel Rozas no asistan al plenario. Como ocurrió.
Si bien los ejecutores del apartamiento fueron los consejeros kirchneristas liderados por el camporista viceministro de Justicia, Julián Alvarez, la decisión contó con el obvio aporte de los radicales y del propio Lorenzetti, afirmaron a LPO distintos magistrados.
Con sus siete votos, el kirchnerismo removió a Cabral e impuso a los conjueces penales designados en diciembre de 2013. Suplirá a Cabral, Claudio Marcelo Vázquez a quien hoy mismo le tomaron juramento e intervendrá en la próxima audiencia por el Memorandum prevista para el 30 de junio próximo.
Para los denunciantes, Cabral estaba designado de manera “irregular” ya que siendo originario del fuero criminal ordinario no podría haber subrogado un cargo en la justicia federal. “Fue una trampa”, afirmaron a LPO los magistrados denunciantes.
”No hay explicación para que los consejeros radicales estuvieran ausentes, sólo un pedido de Lorenzetti formulado a Sanz habría originado la ausencia”, deslizan los jueces.
Los kirchneristas Julián Alvarez y Gabriela Vázquez.
Cabral vivió la maniobra como una traición personal de Lorenzetti, de quien fue uno de sus hombres de mayor confianza.
Allegados a Cabral confirmaron a LPO su sorpresa ante la decisión pero la relacionan a lo ocurrido en otros casos de importancia crítica para el Gobierno como lo fue la Ley de Medios. Instancias en las que Lorenzetti y Zanini “acuerdan estrategias y definen resoluciones”, afirmaron las fuentes.
En este caso si el Memorandum con Irán fuera declarado inconstitucional, como se perfilaba, esto pondría de manifiesto la responsabilidad “gravosa” tanto de Cristina de Kirchner, como del canciller Héctor Timerman y los diputados que avalaron ese pacto por el que se “delegó la soberanía del país y se acordó impunidad”.
A punto tal que la denuncia realizada por el ex fiscal Alberto Nisman que imputó a la Presidenta de “consensuar impunidad para los iraníes”, podría reactivarse sin prueba alguna por la contundencia de la “gravedad institucional” que significaría un fallo que declara inconstitucional el Memorandum.
