Una norma municipal pro aborto que viola la ley y la Constitución

Una resolución del Secretario de Salud desconoce lo dispuesto por la Argentina, en su legislación y en acuerdos internacionales, para permitir abortos con un mero trámite municipal. Disparatado.

Por Adrián Freijo – Profunda sorpresa causó la publicación de una resolución que lleva la firma del Secretario de Salud de la comuna Dr. Gustavo Blanco y que parece pretender eludir la normativa vigente en materia de aplicación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) tal cual está normada en el territorio nacional.

La Resolución 947 que crea en el ámbito de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del Pdo. de General Pueyrredón las Consejerías para la Atención Integral de las Personas con Situación de Interrupción Legal del Embarazo, en un supuesto cumplimiento de la Ley provincial N° 14738 a la que oportunamente adhirió el municipio por Ordenanza N°23264, termina convirtiéndose en una burla al ordenamiento legal argentino y en un peligroso antecedente legislativo que viola la pirámide constitucional hasta el punto de consagrar la anomia como estrategia para imponer las convicciones personales de los funcionarios por sobre la arquitectura legal de nuestro país.

Y si bien la resolución pretende en sus considerandos encuadrarse en «el derecho que tienen mujeres, niñas y adolescentes y toda persona con discapacidad para llevar adelante una gestación de acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) cuando se encuadre en las causales previstas por el sistema normativo del país» incurre en una serie de desatinos jurídicos -más allá de una burda intención de burlar la letra y el espíritu de lo resuelto hace pocos meses por el Congreso Nacional al frenar el avance de una ley de despenalización del aborto que no tuvo ni consenso legislativo ni mucho menos popular- que llevan al funcionario municipal a pretender erigirse por encima de la Constitución Nacional, de los tratados internacionales con jerarquía constitucional que el país ha firmado reconociendo los derechos del niño por nacer y la existencia de vida desde el momento de la gestación y de la propia ley provincial de la que hace una interpretación forzada y capciosa.

Primeramente incursiona irresponsablemente en una verdadera entelequia legal y moral, al sostener que «en la Argentina toda mujer, niña, adolescente y, en general. toda persona con capacidad de gestar tiene derecho a solicitar una interrupción legal del embarazo que cursa, según los mismos estándares de calidad que el resto de los servicios de salud», ya que a partir de esta falsa premisa olvida recordar que en todos los casos debe hacerse por medio de la justicia y en condiciones muy estrictas que no contemplan más que un par de casos justificatorios como la violación, el riesgo cierto de vida de la madre o el caso de discapacidad intelectual o mental de la misma.

Ocurre que en la resolución de marras el Dr. Gustavo Blanco parece pretender que la citada Consejería se erija en órgano resolutorio de los casos en los que puedan darse los motivos para autorizar la interrupción del embarazo y, sin mediar ninguna otra instancia legal, proceder a aplicar un tratamiento por la vía de aplicación de la droga Misoprostol durante tres ciclos al final de los cuales, no conseguidos los objetivos abortivos, recién se derivará a las pacientes al HIGA.

Es decir que desde la autorización de la práctica -sin participación ni evaluación de ningún órgano legal- hasta el fracaso de la misma en sus objetivos, las pacientes estarán en manos de Centros de Atención Primaria de Salud, una Consejería de dudoso cuño legal y un tratamiento sobre el que volveremos más adelante por los serios cuestionamientos que ha despertado en el mundo entero.

LIBRE EXPRESIÓN RADIO FM 96.3 recibió al Dr. Marcelo Zarlenga, prestigioso jurista del foro local, a Cristian Iglesias del Frente Federal Familia y Vida y a  Guillermo Alvoz de la Mesa Pro Vida y Familia de Mar del Plata quienes por estas horas trabajan en diferentes frentes -difusión, legal y político- para hacer conocer el rechazo a la cuestionada resolución y buscar por medios jurídicos y legislativos la nulidad de la medida.

Cristian Iglesias, Marcelo Zarlenga y Guillermo Alvoz

«Jurídicamente la resolución es insostenible» sostiene el Dr. Zarlenga, convencido que «es absurdo pretender que una norma municipal, de cualquier rango, pueda contradecir el espíritu y la letra de normas superiores como los tratados internacionales de los cuales Argentina es signataria y que desde la reforma constitucional de 1994 tienen jerarquía constitucional».

«Son tantas las inconsistencias en materia legal que cuesta creer que este decreto haya sido producto de un análisis serio por parte de sus impulsores. Sin entrar en la cuestión de fondo, que representa el intentar meter una vez más, y por la ventana, una alternativa a la aplicación ilegal de prácticas abortivas» concluye.

Guillermo Alboz no duda en señalar a la norma como «violatoria del ordenamiento legal vigente» y no cree en el error o la buena fe. «Hay sectores que no aceptan que la voluntad de los argentinos, expresada en este caso en el Congreso Nacional, haya logrado frenar la despenalización del aborto hace tan poco tiempo», nos dice. «Y ahora, con estas resoluciones extemporáneas, intentan burlar esa voluntad. Pero no vamos a permitirlo».

En el mismo sentido se expresa Cristian Iglesias, quien no duda en afirmar que «esto vuelve a despertar a un gigante dormido. Seguramente se multiplicarán las movilizaciones en todo el país si con este tipo de trampas se pretende burlar la ley y la decisión de los representantes del pueblo».

Escuche aquí la entrevista completa con los cuestionamientos a la resolución municipal, sus debilidades legales y sus riesgos en la aplicación del protocolo dispuesto.

Sin embargo a todos preocupa la poca repercusión que la medida ha tenido en la dirigencia política local «que parece no querer meterse en el tema o, lo que es peor, mirar para el costado y dejar hacer» sostienen.

«Hoy hemos recorrido el Concejo Deliberante y solo hemos encontrado un fuerte respaldo en la concejal Mercedes Morro y en su par Alejandro Carrancio» sostiene Alvoz. «Vamos a seguir conversando con todos y esperamos que comprendan que más allá de posturas personales aquí se trata de una resolución violatoria del ordenamiento legal y que por tanto no puede seguir en pie y mucho menos aplicada» afirma.

LIBRE EXPRESIÓN se comunicó con la edil del FRENTE RENOVADOR quien no dejó duda acerca de su posición y uales son a sus juicio los pasos a seguir.

Escuche aquí la palabra de Mercedes Morro (FR):

Se reabre así un debate que supo dividir a la sociedad argentina y al que la decisión del gobierno de Carlos Fernando Arroyo le agrega ahora algunos ingredientes que bien pueden ser catalogados de insólitos.

Así por ejemplo la flamante norma sostiene que con la participación de estas asesorías en las CAPS  «no son exigibles denuncia policial o judicial» y que ello abarca también  niñas a partir de los 13 años que por esa razón no deberán ser acompañadas por sus padres al momento de tomar la decisión de interrumpir el embarazo ya que la práctica es equiparable al «caso de la colocación de un DIU o la extracción de una pieza dental»(SIC).

Es decir que menores en edad pre púber son apartadas de la guarda familiar y de la potestad del estado para quedar en manos de un grupo de profesionales designados por una administración profesional que puede resolver sin límite alguno acerca de una cuestión de semejante impacto sobre la vida de las mismas.

Y que además ignora palmariamente la opinión y los derechos del gestador que es apartado de todo el procedimiento, amén de ignorar los derechos del niño por nacer en un país que asume en su normativa vigente la vida desde el instante mismo de la concepción, lo que para ser modificado debería ser tras una revisión de la propia  Constitución Nacional y una denuncia de la pertenencia argentina a los tratados internacionales ya citados.

Hoy, aunque al intendente y al propio Secretario de Salud no les agrade, la ley dice una cosa y todos deben sujetarse a ella.

Algo que claramente quiere evitarse en General Pueyrredón…