Por Adrián Freijo – Desde el equipo de prensa de la titular de la Anses se informa de un logro de la ex candidata a intendente que ayudará a financiar el sistema educativo comunal. Una mentira gigante.
Una información surgida del equipo de prensa de Fernanda Raverta, y que involucra al propio presidente de la república Alberto Fernández, supone una torpe mentira de corto vuelo electoral que raramente no ha merecido ninguna aclaración por parte del gobierno comunal y que, por supuesto, se convierte en título principal de todos los medios que suponen que la genuflexión ante el poder de turno puede representar la ilusoria salvación de sus alicaídas arcas aunque lo que cosechen a través de los años sean deudas impagables que demuestran hasta que punto el poder político ya le ha tomado el pulso al falso periodismo.
Y es que en la misma se sostiene que » a partir del compromiso asumido entre representantes del Ministerio de Educación de Nación y de la Direccion General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires el Municipio recibirá 437 millones destinados para la Educación municipal» agregando que con dicha suma se podrán «financiar gastos del Sistema de Educación Municipal y apoyar criterios pedagógicos, administrativos y de gestión para maximizar sus resultados. Las gestiones llevadas adelante en conjunto entre el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y su par de provincia, Agustina Vila, junto a la titular de ANSES, la marplatense Fernanda Raverta, permitieron concretar el otorgamiento de dichos fondos para el municipio de General Pueyrredón».
Una mentira tras otra y una prueba más de la falta de escrúpulos de la titular de la ANSES –¿qué tiene que ver esa repartición con la educación municipal?– y el desmanejo de un presidente aislado, limitado y ajeno a todo lo que ocurre a su alrededor en materia de manejos políticos orientados por La Cámpora.
En primer lugar la información data del mes de diciembre y si en ese momento no se hizo toda esta bambolla es porque el giro de fondos es parte de la obligación que la Ley de Financiamiento Educativo impone al estado nacional. Esto es así desde el momento en el que General Pueyrredón recuperó para sí el sistema educativo municipal y por lo tanto no representa ningún mérito, dádiva o logro «ravertiano» sino lisa y llanamente un mandato legal de mero cumplimiento administrativo.
Lamentable el uso político de una cuestión vinculada a la educación de nuestros chicos y mucho más aún cuando Virginia Sivori, elegida como nueva cabeza en el proyecto kirchnerista en la ciudad y hasta ahora un ejemplo de seriedad y solidez en sus apreciaciones, aparece afirmando que “es otra gran noticia para la ciudad y va a permitir sostener y ampliar el sistema educativo municipal. La responsabilidad y el compromiso que asumieron desde el gobierno nacional y provincial con la ciudad Mar del Plata, se ve reflejado permanentemente con las políticas públicas y las decisiones que se llevan adelante”. Alguien debería avisarle que se trata de una cuestión legal en la que nada tiene que ver la buena voluntad o generosidad de nadie.
Es tan direccionado y mal intencionado el comunicado que sostiene que «a partir de la firma de los convenios correspondientes regirá el decreto que establece que el Estado Nacional y Provincial financiarán las erogaciones que implican abonar el cien por ciento del salario a todos los docentes del sistema educativo municipal».
Se encuentran vigentes el convenio nº421/2009, el Decreto Nacional 460 y la ordenanza municipal que ratifica el convenio, gestionados por el entonces intendente municipal Gustavo Pulti. Ninguna de estas normas fue derogada por lo cual estos compromisos deben cumplirse.
Establecen que el estado nacional y el estado provincial financian en partes iguales las erogaciones que implica abonar el 100% del salario a todos los docentes del sistema educativo municipal”
Muchas gestiones se llevaron a cabo para que el municipio recuperase los fondos adeudados y la totalidad de los correspondientes a este año, sabiendo que de lograrse los recursos serían incluso mayores a los gastos presupuestados para sostener la educación municipal.
Eso fue lo que se hizo desde la administración local y las jurisdicciones deudoras debieron reconocer y hacer efectivo el pago de esos fondos obligados por la legislación del año 2009.
Un derecho de todos los marplatenses y batanenses que varias administraciones habían avasallado y que por la insistencia del actual gobierno comunal en diciembre debieron ceder y reponer.
Nada que ver con una gestión de Raverta, una actitud generosa de Alberto o Kicillof y tampoco con festejos y agradecimientos de parte de eventuales candidatos/as locales.
Solo el cumplimiento de una ley…