Por Adrián Freijo – El kirchnerismo, violando la legislación vigente, impuso desde una comisión parlamentaria un regla para el cumplimiento de condenas. Salva a los suyos y humilla a la república.
Hablemos de lo que ocurre, contemos las noticias…pero no escapemos al fondo de la cuestión: la Argentina se ha convertido en un país sin moral ni principios en el que la gran mayoría de sus habitantes, ubicados de uno u otro lado de la grieta, creen que las leyes están para ser violadas si ello sirve a sus intereses o caprichos.
Y así esta nación, despreciada por el mundo y por sus cada vez menos ciudadanos que pretenden vivir en un estado de derecho y en una república respetuosa de su Constitución y ordenamiento jurídico, sigue deslizándose en una pendiente de fétido barro jalonada por carteles indicadores que señalan el fondo que irremediablemente la espera para devolver en miseria y deshonor todos y cada uno de los esfuerzos realizados por año para depositarla en el infierno que aguarda a los soberbios, los mentirosos, los abúlicos, los farsantes y los ladrones. ¿O qué otra cosa creemos que somos como conjunto y comunidad?.
El kirchnerismo activó cambios en el Código Procesal Penal Federal, según la ley sancionada en el año 2014, que establecen que las penas sólo podrán aplicarse una vez que se agoten todas las instancias judiciales, es decir que la Corte las ratifique. Desde el oficialismo salieron varios voceros a aclarar que no se modifican artículos y que los artículos puestos operativos, no podrían modificar condenas. La Resolución 1/2021 fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
De esta forma los corruptos que están siendo sometidos a juicio, entre los que se encuentra la ex presidente, su último vicepresidente, sus hijos y varios de sus ministros, secretarios y colaboradores, esperarán en libertad esa instancia -que rara vez tarda menos de una década en ser dictada- aunque los fallos que reciban sean condenatorios.
La inminencia de muchas de esas sentencias y la negativa de la justicia -o al menos una parte de ella- a ceder a las presiones políticas para habilitar fallos exculpatorios, obligó al presidente y a los legisladores a actuar con prontitud, desmesura y desprecio por el país, su ley y su gente para salvar a su jefa y a sus laderos.
Pero ello no puede extrañarnos. Desde hace casi dos décadas la Argentina está sometida al arbitrio de una facción delincuencial que hizo del latrocinio su única política de estado. ¿Puede sorprendernos que, vueltos al poder por la brutal impericia de la administración anterior que también parecía más abocada a sus negocios personales y de casta que al arte de gobernar, busquen ahora la impunidad que saben al alcance de la mano?. Por cierto que no…el alacrán no puede renunciar a su propia esencia.
Lo que subleva y duele en partes iguales es la inopia de un pueblo que dejará pasar este atropello a la ley como ha dejado pasar todos y cada uno de los que se han producido en las últimas décadas: golpes de estado, violaciones a los derechos humanos, robos y apropiaciones, cambios de reglas de juego para apropiarse de lo ajeno, estafas al mundo en cuestiones financieras y comerciales, violaciones constantes al orden legal disfrazadas como decretos de necesidad y urgencia, crecimiento obsceno de fortunas personales sin razón ni explicación alguna, destrucción de la legislación laboral, saqueo a las cajas jubilatorias, desaparición del sistema de salud y prostitución del educativo han sido, entre muchas otras cosas, constante consecuencia de la indiferencia y cobardía de una ciudadanía que lo permitió y en muchos casos lo aplaudió.
Por eso, cuando veamos a los ladrones caminando libremente por la calle, ostentando aquello que nos robaron para cambiar por la miseria y pobreza de nuestros hijos, no tengamos el caradurismo de fingirnos enojados o sorprendidos.
Será el digno final para un país indigno. Y punto…
