Vacunas y letra muerta (la Ley de Ética Pública)

Por Dr. Juan J. NegriParece que el Congreso Nacional hubiera sancionado una ley inútil. Este artículo se basa en citas legales literales. Las conclusiones corren por cuenta de los lectores. 

 

Dr. Juan Javier Negri

En octubre de 1999, el Congreso argentino sancionó una norma a la que pomposamente se dio en llamar “Ley de Ética de la Función Pública” (1) . Como los legisladores argentinos, muchas veces, creen ser capaces de derogar la Ley de Gravedad o de modificar en su provecho la Ley de Boyle y Mariotte (aquélla que decía que “a temperatura constante, el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que este ejerce”) esta vez establecieron una larga serie de principios éticos que los funcionarios públicos deben cumplir.

Y un día llegó la pandemia. Entonces, por la Resolución 2883/2020, del 19 de diciembre del año pasado, el Ministerio de Salud de la Nación aprobó el propósito, los objetivos y los componentes de la implementación del “Plan Estratégico para la Vacunación contra la COVID-19 en la República Argentina”.

 

En uno de los considerandos de esa resolución, se dice textualmente que “la campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2 constituye una estrategia de salud pública nacional, prioritaria, equitativa, solidaria y beneficiosa para el bienestar y la salud tanto individual como colectiva de nuestros ciudadanos”. El artículo 2 dice que “el objetivo del Plan es disminuir la morbilidad, mortalidad y el impacto socio-económico causados por la pandemia de COVID-19 en [la] Argentina, a partir de la vacunación de la totalidad de la población objetivo en forma escalonada y progresiva, de acuerdo con la priorización de riesgo y la disponibilidad de dosis de vacunas”.

El 23 de diciembre de 2020, el Poder Ejecutivo imprimió el “Plan Estratégico” en un coqueto folleto, que incluye la nómina de las autoridades responsables de su aplicación. El primer nombre en la lista es el del Presidente de la Nación. El segundo, el del Ministro de Salud.

En la página 5 de ese lindo folleto se repite que el “Plan Estratégico” consiste en “una estrategia nacional que se rige por un marco ético que incluye el principio de equidad, con una base técnica sólida, y que será coordinada, participativa y multisectorial, con la firme convicción de que debe abogarse por la conciencia solidaria de la comunidad que favorezca la vacunación en forma voluntaria”.

Exactamente dos meses después de la Resolución, el folleto y demás zarandajas, el Presidente de la Nación aceptó la renuncia del Ministro de Salud.

Dice el decreto 118/2021: “Ciudad de Buenos Aires, 19 de febrero de 2021. Visto el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional, el Presidente de la Nación Argentina decreta: Artículo 1. Acéptase la renuncia presentada por el doctor Ginés Mario González García (D.N.I. N° 4.692.308) al cargo de Ministro de Salud. Artículo 2. Agradécense al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo”.

El 22 de febrero de 2021 el ministerio en cuestión, ahora en nuevas manos, publicó una lista de personas que recibieron su vacuna de manera irregular. Como muchas de ellas eran funcionarios públicos, su conducta estaba regida por la Ley de Ética en la Función Pública. Ésta, en su artículo 2 (que vamos a transcribir íntegramente, pues quizás el texto pueda servir para otros menesteres), dice “Los sujetos comprendidos en esta ley se encuentran obligados a cumplir con los siguientes deberes y pautas de comportamiento ético:

  1. a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten y defender el sistema republicano y democrático de gobierno;
  2. b) Desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana;
  3. c) Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular;
  4. d) No recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello;
  5. e) Fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información, a menos que una norma o el interés público claramente lo exijan;
  6. f) Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados. Abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados;
  7. g) Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa;
  8. h) Observar en los procedimientos de contrataciones públicas en los que intervengan los principios de publicidad, igualdad, concurrencia razonabilidad;
  9. i) Abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en la ley procesal civil”.

Algunas referencias ineludibles (que, de acuerdo al postulado inicial de este artículo, no constituyen una opinión sino una mera cita textual): El artículo 2 (a) de la Ley de Ética Pública dice que se debe cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional. Ésta tiene un curioso artículo (el 16) que dice: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.

Junto al Ministro de Salud renunciaron algunos otros funcionarios de esa cartera; entre ellos su sobrino. Dice el Código Penal: “Será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial de seis meses a dos años, el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales. En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales”.

También dice el Código Penal que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”.

También sanciona “con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, el que por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones”.

Sigue diciendo que “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación absoluta de uno a seis años, el funcionario público que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo. El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un mes a un año”. Debe haber mucho más, señor juez. Pero con esto basta. . .