Por Adrián Freijo – El cuestionado Defensor del Pueblo, acusado de golpear a un policía e interrumpir un procedimiento, parece contar con la complicidad de los ediles. Un caso vergonzoso.
La sociedad tiene una mirada negativa acerca de su dirigencia política…y no es para menos. Todos los días, sin una sola excepción, surgen escándalos, dislates, atropellos, corruptelas y mentiras. Y como si ello fuese poco la ineficiencia en el manejo de la cosa pública, que degrada de manera constante la calidad de vida de los argentinos, indican que el repudio social no surge de una cuestión caprichosa o de un espíritu antidemocrático sino de un hartazgo generalizado ante una casta que se mueve bajo sus propias reglas, su exclusivo beneficio y el más taxativo desprecio a quienes piden un poco de sentido común en la conducción de la república.
Por estas horas nuestra ciudad se apresta a vivir un nuevo episodio de toda esta sinrazón.
El Concejo Deliberante, tras varios meses de demora que ponen en evidencia la solapada intención de «dormir» la situación, se dispone a salvar al Defensor del Pueblo, Luis Salomón, quien se viera envuelto en un verdadero escándalo cuando intentó detener un operativo legal para sancionar la clandestinidad de un negocio familiar, llegando incluso a tomar del cuello y golpear a un funcionario policial.
El Cuerpo, como parte de otras negociaciones políticas llevadas adelante entre gallos y medianoches, se dispone a imponer al personaje una multa -consistente en la quita de parte de su salario- y con ello dar por terminado un caso en el que convergen todas las características del mal funcionario: abuso de autoridad, violencia y desobediencia ante una manda legal. Salomón es un dirigente vecinal considerado «combativo» que se referencia con sectores políticos del Frente de Todos que serían, justamente, quienes están movilizando ahora la negociación que le salvará la cabeza.
Cabe recordar que, además de las pericias médicas que confirmaron la agresión el propio comisario de la Seccional 4ta., interviniente en el procedimiento, confirmó que el funcionario tomó por el cuello a un efectivo y empujó e insultó a otro.
Los propios ediles habían sostenido que «“queremos tener toda la información antes de tomar una determinación pero es insostenible su situación”. Algo que ahora parece haber cambiado…
La decisión del HCD sería, además de una vergüenza, una verdadera burla a la ciudadanía y un mensaje más de la impunidad que suele rodear a la política argentina y, por supuesto, la lugareña.
Deberemos estar atentos para conocer los nombres de los ediles que acompañen este disparate, para saber a partir de ello quienes son los representantes del pueblo de General Pueyrredón que respetan las leyes y las instituciones -sabemos que en este caso se trata de un acuerdo de toma y daca entre mayorías- y quienes no tienen límite moral a la hora de dejar sin castigo un hecho delictivo si ello sirve a sus intereses políticos.
Pero que estos últimos sepan que la gente, harta y todavía mansa, los observa con atención y sorpresa.
