Redacción – La toma de tierras en todo el territorio del país es hoy algo más que una suma de hechos aislados. ¿Se trata de un política pensada y ejecutada para terminar con la propiedad privada?.
El primer ataque incendiario, en mayo de 2015, pasó inadvertido pese a la denuncia que presentó Juan Grehan, que heredó tierras de su abuelo en la zona del lago Mascardi, en las afueras de Bariloche. Y como todo en la Argentina eternamente distraída, el conflicto creció hasta llegar al escenario de máxima tensión que vivimos en la actualidad.
El 25 de noviembre de 2017 llegaría el primer gran impacto. Dos días después de que se emitiera la orden judicial de desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu del predio que ocupaba de manera ilegal en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, el grupo Albatros de la Prefectura regresó al lugar para que no fuera usurpado nuevamente. Allí se produjo un fuerte enfrentamiento. Rafael Nahuel, de 21 años, participaba del reclamo y murió luego de ser baleado por la espalda.
Desde entonces se siguen debatiendo responsabilidades, sin tener en cuenta que eventuales cargas penales sobre sus asesinos no cambian en nada el delito de usurpación, robo y violencia que en forma continua cometen quienes, en nombre de supuestos derechos ancestrales, desconocen la ley argentina y se erigen en una república independiente con sus propias normas y en contra de los propietarios de la zona.
Tras dos años de tensión, con el cambio de gobierno, cedieron los choques entre los uniformados y los integrantes de la comunidad. Sin embargo, en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus, la aparente calma se quebró. Rústicas cabañas incendiadas, personas apedreadas y un reclamo de vecinos para frenar el avance de las tomas, llevaron el tema a la agenda nacional. Sabina Frederic, titular de la cartera de Seguridad del gobierno nacional, denunció a los manifestantes que marcharon para pedir que se protejan sus hogares.
¿Qué hay entonces detrás de una impunidad fogoneada desde el gobierno y aceptada por la justicia?. Algunas de las tierras más valiosas del país -algo que se repite también en el Gran Buenos Aires- pasan a nuevas manos por medio de la violencia, la ilegalidad y la usurpación.
¿Una nueva forma de «expropiar» que ha encontrado algún sector político que hoy detenta el poder?.
Lo cierto que en la Argentina el concepto de propiedad privada hace mutis por el foro, el facto suplanta al estado de derecho y la inseguridad jurídica toma el centro de la escena ahuyentando toda posibilidad de inversión y desarrollo en el país.
Y todo en nombre de los derechos de pueblos originarios a los que nada va a reconocerse y de pobras a los que se mantendrá indefinidamente en su estado de postración.
Por que unos y otros, ahí donde se encuentran, son útiles al poder de turno…
