Vuelta de campana a los fresqueros langostineros y la industria

Por César A. Lerena – La llamada “vuelta de campana” también  puede ocurrir con la sustentabilidad del langostino y sus especies acompañantes, en una explotación incierta y sin control.

César A. Lerena

El langostino (Pleoticus muelleri) es una especie de aguas templado-frías y, hábitos demersal-bentonicos, es decir que viven en el fondo del mar y se capturan entre tres y cien metros de profundidad y, tienen, un ciclo de vida considerado anual. En la Argentina, representan el 61% de los dólares exportados pesqueros y, pese a ello, el Consejo Federal Pesquero (CFP) carece de la idoneidad suficiente para administrarlo representando el interés del conjunto de la actividad y, asegurar su preservación en el tiempo.

Solo, para los que no lo saben y, según dicen los expertos, la vuelta de campana (capsize) es uno de los accidentes marítimos más temidos, que suele llegar de manera inesperada y en la que hay escasa posibilidad de escapar de ella. Lo mismo puede ocurrir con la sustentabilidad del langostino y sus especies acompañantes, en una explotación incierta y sin control.

En la actividad pesquera, como en los ecosistemas, el canibalismo es posible, sobre todo, por los intereses que están en juego, donde el pez grande se come al chico y, donde el Estado, en lugar de armonizar, se vuelca hacia un sector que, vaya a saber por qué, dicho muy ingenuamente y con cierta sorna, es el que más grande tiene los barcos. El canibalismo ocurre, incluso, en la naturaleza, por ejemplo, en el Tiburón Toro, que tiene dos úteros y, durante la gestación, el más fuerte de los embriones se come al resto sus embriones hermanos, razón por la cual, al finalizar la gestación nace solo uno de ellos. Es el mismo canibalismo brutal que ocurre desde hace décadas en la lucha entre congeladores y fresqueros, pero, daría la sensación, que se está llegando al final, porque, a instancias del Consejo Federal Pesquero, por Acta CFP Nº 12 del 17 de mayo de 2018, se pretende aplicar la Res. del Consejo Federal Pesquero Nº 7/2018 de «Medidas de Administración del Langostino» que, en el artículo 8° del Anexo I indica que los buques fresqueros, que capturan langostino y utilizan cajones de hasta 17 kilos, a partir del 1 de enero de 2019 deberán acomodarse en cajones de no más de 15 kilos.

Ello significa, que a partir de esta fecha el peso neto de esta especie no podrá superar los 12 kilos más 3 kilos de hielo para su conservación (20% del total neto de producto para asegurar el mantenimiento de este a 0º C), según lo previsto en los

Considerandos de la citada Resolución, en los que el CFP precisa que: «deberán utilizar para la estiba a bordo, cajones plásticos con capacidad total de hasta quince (15) kilogramos entre langostino y hielo».

Esta errónea Resolución Nº 7/2018, sintetiza las contradictorias políticas iniciadas en esta materia a partir de la Res. Nº 1113/1988 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, pero que en sus considerandos incurre en la falsedad de que por las Res. Nº 153/2002 de la SAGPyA y la Res. CFP Nº 3/2014 se hubiesen establecido un tope de 15 kg de langostino por cajón a los buques fresqueros; omitiendo, al mismo tiempo, la Resolución Nº 65/2016 de la SAGyP, que autorizó la estiba de esta especie en cajones de hasta 18 kilogramos.

Normas que, accesoriamente de dejar de manifiesto el desorden administrativo, muestra las incoherencias del CFP y la atomización en la fijación de las políticas pesqueras: ¿La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca o el Consejo Federal de Pesca?

Esta arbitraria Res. CFP Nº 7/2018, de aplicarse, será el certificado de defunción de los buques fresqueros langostineros cuya ecuación económica puede resultar inviable -en especial a los que trasladan menos cajones- y, a la par, promoverá la captura de esta especie con buques congeladores tangoneros existentes o nuevos (¡!), a los que podrían transferírseles unas 38.853 toneladas de langostino por año.

La norma es claramente discriminatoria porque, si tuvo como intensión reducir las capturas, no es equitativa, teniendo en cuenta que durante 2017 las capturas entre ambas flotas fueron similares, ya que los fresqueros capturaron el 54% y los congeladores el 46%; técnicamente infundada, ya que no existen diferencias de calidad entre cajones que contengan 17 o 15 kg. de langostinos, si estos se mantienen con el porcentual de hielo indicado y su manipulación se hace en forma adecuada e, irresponsable por parte del del CFP, porque puede producir un serio quebranto económico a unos cien buques fresqueros y, por cierto, pérdida de ingresos a las tripulaciones, estibadores y procesadores en tierra, a par de los conflictos laborales que se generarían en la discusión de las nuevas tarifas de estos cajones de menor peso.

No desearía, además, pensar que esta eventual transferencia de toneladas al sector congelador, es la apertura de nuevos negocios a buques extranjeros o a las empresas concentradas, pero no puedo evitarlo, porque ya ocurrió en años anteriores, bajo pretexto de contar con supuestos excedentes pesqueros, donde unos pocos pícaros hicieron pingües negocios en perjuicio del conjunto de la actividad, las empresas, los trabajadores y las ciudades que se desarrollaron en base a la pesca.

¿Y cuál sería el aporte del sector congelador ante esta cesión de los fresqueros?

Esta transferencia, viene ocurriendo desde hace muchos años y, es conocido que hacia 1976 la flota no costera estaba compuesta por 113 buques fresqueros y 10 buques procesadores congeladores; es decir, la relación era de 92% y 8% respectivamente. Este porcentual se ha venido revirtiendo en forma notable y, en la actualidad ambas flotas están en el orden del 50%. Ello, ha producido una importante reducción de la mano de obra total, teniendo la particularidad en el caso del langostino, de que la explotación por parte de los fresqueros es en su gran mayoría (71%) a través de buques costeros y de rada, lo que permite una mayor distribución del recurso del Estado y, el saldo restante, con buques de altura que procesan el producto en tierra, con la consiguiente mayor ocupación.

A esto se agrega el pésimo manejo del recurso por parte del CFP, incluido el dictado de la referida la Res. Nº 7/18 y, la autorización de permisos, que agregan nueva presión sobre el recurso y, la incapacidad de sus miembros -pese a la integración en este cuerpo de representantes de las provincias del litoral marítimo patagónico- para armonizar la explotación del recurso, denunciándose, todo tipo de prácticas depredadoras sobre la pesca objetivo (caso el buque Vierasa dieciséis-Newsan, etc.), relativas a pescas ilegales, descartes al mar de las especies incidentales, sustitución de especies, etc. Por ello, no es casual que la Certificadora Monterey Bay Aquarium Seafood Wath haya sacado de la calificación verde o amarilla «Mejores opciones o Buenas alternativas» a nuestro país y, pasado a color ROJO al langostino argentino, recomendando a los consumidores: «No compre, están sobreexplotados o capturados de manera que dañan a otras especies marinas o al medio ambiente»; es decir, la peor calificación posible a la administración nacional pesquera, conducida por el CFP presidido por el Subsecretario de Pesca Bosh, por considerar insustentable la explotación del langostino que, en la actualidad, representa para la Argentina 1,2 miles de millones de dólares anuales de sus exportaciones y, ello significa, paralelamente, calificar de igual forma negativamente, a la explotación de merluza, que es una pesca incidental del langostino. En suma, una dura crítica al manejo del administrador de todo el ecosistema.

A todo ello, agrega la certificadora, que la administración «sólo a veces sigue el consejo científico y hay una falta de políticas de largo plazo, falta de experiencia en temas de gestión, y una fuerte influencia de la política o económica sobre decisiones técnicas» y, en este sentido, los científicos ya dejaron en claro, que en la evolución creciente de esta pesquería «no hay evidencias que puedan sostenerse en el tiempo»; que ella «no parece explicarse solo como el resultado de la estrategia actual de explotación» y, que debe «comprender a todo el ecosistema, incluyendo a las poblaciones de peces que cohabitan las mismas áreas» teniendo en cuenta que «de acuerdo con la bibliografía consultada, la disminución de la abundancia de poblaciones de peces ha sido en algunos ecosistemas, la causa de la aparición de altas e inusuales densidades de invertebrados comercialmente valiosos, que devienen en pesquerías monoespecíficas muy exitosas.

La instrumentación de este enfoque ecosistémico, al involucrar a varias especies y a su contexto ambiental y socioeconómico, debe coordinarse desde una perspectiva superior a la del Programa de Pesquerías de Crustáceos (Fischbach C.E., Bertuche, D. “El aumento sostenido (de langostino) del desembarco total anual declarado a partir de 2006”; Informe Técnico Oficial Nº 014. 19 pág. 04/08/2015).

Ello también es coincidente, con el informe del programa de Merluza y fauna acompañante del INIDEP, donde se destaca que, las recomendaciones de los investigadores han sido desestimadas por la Autoridad de Aplicación, en especial, en lo relativo a los descartes y a las pescas incidentales, lo cual resulta absolutamente grave, porque la propia Res. Nº 7/18 desatiende la cuestión del ecosistema citado. A ello se agregan, los distintos informes relativos a la sobrepesca de la especie merluza (Auditorías de AGN, Defensoría del Pueblo, etc.) que acompaña a la captura de langostino y los propios informes del INIDEP que indican que en 2018 hubo un bycatch (captura incidental) de merluza de la flota congeladora tangonera de unas 38 mil toneladas dentro de la zona de veda y 37 mil toneladas fuera de ella, sin obtenerse datos de las flotas fresqueras, porque operando unos 150 buques sobre el langostino no hubo observadores controlando, de modo que las toneladas podrían ser significativamente mayores.

Los resultados de la certificadora internacional, no nos deberían asombrar, porque son una constante de las últimas décadas y, derivan, entre otras razones, de la participación en la política pesquera de los representantes de los sectores concentrados y del Poder Ejecutivo Nacional ante el CFP, que han llevado adelante una reiterada acción negativa para el conjunto de intereses del sector y, un modelo obsoleto que se inicia en la Argentina con la firma de los Acuerdos Marco con Rusia y Bulgaria.

Pero, en el medio de esta lucha, para ver quién se queda con el recurso pesquero -que, no nos olvidemos es propiedad del Estado Nacional y Provinciales- que incluye la mutación de los fresqueros por congeladores -en varios casos, pese a la prohibida transformación- los que más sufren los efectos son las empresas chicas y medianas y, los operarios que ven desaparecer sus fuentes de trabajo.

En esta misma tónica de no asegurar una actividad sustentable, la Res. CFP Nº 7/18 establece que los buques tangoneros con una eslora superior a los 40 metros, que se encuentren habilitados para la captura de langostino, conservarán el derecho a capturar esta especie y, recién se les exigirá reemplazarlos por buques de hasta 40 metros en el caso de transferir o reformular el respectivo permiso de pesca, en lugar de establecer un período máximo para hacerlo, del mismo modo que la excepción respecto a los buques autorizados a capturar por encima de las dos mil toneladas y, otro tanto, cuando «se fija de manera temporaria el máximo de concentración por empresa o grupo empresario en la cantidad de dieciocho buques congeladores o dieciocho fresqueros autorizados para la captura de langostino, siempre que no se supere el número total de veintiséis buques congeladores y fresqueros en conjunto», es decir que, bien podría un grupo empresario tener dieciocho congeladores y ocho fresqueros; lo cual favorece la concentración en perjuicio de las pequeñas y medianas empresas, porque en la población total de buques destinados a la captura de esta especie, un solo grupo empresario podría quedarse con el 15% de los recursos y del negocio; sin tener en cuenta que por vía de contratos entre empresas se distorsionan los cupos y toneladas autorizadas por buque y por empresa.

Siendo todo esto -además- una verdadera entelequia, porque, con una Autoridad de Aplicación que no controla la depredación propia, no ya la extranjera, mucho menos podría controlar los contratos comerciales a partir del manejo oligopólico de la actividad y, todo ello, en un marco de la imprecisión, que en los propios considerandos de la Res. CFP Nº 7/18 indican: «que la característica altamente fluctuante del recurso langostino impide establecer rangos absolutos para los indicadores que se emplean en la administración dinámica de este recurso, mediante aperturas y cierres de áreas y subáreas, puesto que dependen del contexto de las pesquerías de langostino y merluza común, como así también de aspectos socioeconómicos de las mismas».

Como lo indica el artículo 1º inc b) de la Res. 1113/88 de la SAGyP no deben incorporarse barcos de más de 40 metros de eslora a la captura de langostino y, contrario a aprobar excepciones, habría que ir retirando a los que están autorizados, porque la pesca de esta especie no lo justifica: por su distribución geográfica, la velocidad media dada por su mayor eslora, porque resultan más ineficientes como lo demuestran las estadísticas de capturas de fresqueros-congeladores, y en la relación capturas-empleo-valor agregado y una distribución más equitativa del recurso, además, de tener muy en cuenta, que la eficiencia no la da la eslora del buque, sino la tecnología hidro-acústica, las artes de pesca y la habilidad del Capitán de Pesca. Finalmente y, como muy importante, deben restringirse estos buques, por el principio 15 de  precauciónestablecido en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas, reunida en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992 que estableció que «con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deben aplicar el criterio de precaución (y)…la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente» y ello, encuentra fundamento, en las recomendaciones y opiniones científicas (Bertuche et al: langostino, pesquerías de Argentina, pág. 186, 2000)  que indican que «no es posible establecer un rendimiento máximo sostenible (MSY) anual o semestral con un sólido fundamento biológico».

A todas estas demostraciones de falta de manejo adecuado del recurso por parte de la Subsecretaría y el CFP se agregan las transferencias de decenas de permisos irrestrictos de lanchas amarillas a buques, etc. En biología, y, en un ecosistema interdependiente como se ha dicho, no puede improvisarse, y menos aún, basar un plan pesquero global en la explotación del recurso que más se extrae o más valor tiene.

La sola presencia de altos volúmenes de langostino, de por sí, puede hacer pensar en un eventual desequilibrio biológico y, la fórmula del éxito, basada en «mayores capturas-mayores valores» es falsa, cuando el 61% de las exportaciones son commodities de una mono-explotación de langostinos, en lugar de una «mayor diversidad-menor volumen-mayor valor agregado».

Por cierto, la Res. CFP Nº 7/18 y sus antecesoras tienen muchos otros defectos técnicos y, expresan el referido modelo que rompe con el paradigma de una pesca sustentable, que no es solo una herramienta económica, sino social, laboral, ambiental, de radicación industrial y estratégica y, ello significa, entre otras cosas, agregar valor a las capturas, cuestión que, en la explotación del langostino, en esta norma, no ha pasado, de establecer un insólito plazo de tres años para reducir a 20% la congelación en bloque y, en el caso de Chubut, más avanzado, de aceptar la exportación de bloques pelados y clasificados, lo que da lugar, en general, a la  exportación del 65% de langostinos enteros a terceros países para su descongelación y reprocesamiento e incluso, su reexportación (Perú, China, etc.) y, ello, entre otras cosas, es debido al modelo extractivo imperante y a una falta de acuerdo nacional en las políticas pesqueras, aunque insólitamente estén en el CFP representadas la nación y todas las provincias.

No asegurar una explotación sustentable y, no agregar valor a las materias primas es ya una administración inepta del recurso, conforme lo establecido en la Ley 24.922, el denominado régimen federal de pesca.
Dr. César Augusto Lerena
Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Titular Universidad UNNE y FASTA, Asesor en el Senado de la Nación, Doctor en Ciencias, Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos Malvinas. Biografía de Entrega, 2009) y cientos de artículos de la especialidad.