Por Adrián Freijo – Lo ocurrido con el diputado nacional Juan Aicega es un llamado de atención para todos nosotros. Estamos en manos de quien quiera mentir y pocas son las chances de evitarlo.
En lugares destacados todos los medios dieron cuenta de una «una investigación en la Cámara de Diputados por lavado de dinero a través de un depósito millonario, relacionado por un juicio de ejecución de alimentos». Y se aclaraba que quien estaba siendo investigado era el diputado nacional Juan Aicega (PRO), conocido abogado con estudio en nuestra ciudad y miembro de una de las más tradicionales familias de la ciudad de Balcarce.
La noticia, a la postre de una falsedad absoluta, surgió de un medio directamente vinculado a lo más fanático del kirchnerismo, «El Destape Web» que dirige el periodista militante Roberto Navarro. Y sin embargo, pese a conocer la habitualidad de estas operaciones de prensa en el desarrollo profesional del citado, no fueron pocos los medios nacionales que dieron la cuestión por cierta y la multiplicaron sin tomar en cuenta su verosimilitud y el daño que podía producirse al honor de quien estaba señalado.
Porque el depósito -que si existía- fue realizado como pago final de la liquidación de bienes del divorcio del diputado Aicega con su ex cónyuge.
Y se realizó con esta operatoria bancaria porque justamente todos y cada uno de esos pesos estaban justificados en operaciones lícitas. No se trata aquí de ingresar en terrenos reservados a la privacidad pero es conocido que Aicega proviene de una familia adinerada y que además está reputado como uno de los abogados especialistas más prestigiosos del país. Nada raro resulta entonces que disponga de esos fondos.
Además, si queremos aferrarnos a una elemental lógica, el monto de marras ronda los U$S 80.000, lo que significa que, con solo poseer un inmueble, la sociedad conyugal liquidada bien podría representar para uno de sus miembros una cifra semejante.
Lo que a Juan Aicega más le preocupó de lo publicado fue aclarar que «nunca debí suma alguna por alimentos; mis cuatro hijos viven conmigo. Tres de ellos desde el momento de la separación de hecho y la cuarta un año después». Mal podría entonces deber los supuestos alimentos y mucho menos ser demandado por su ex esposa en ese aspecto.
Pero más allá de la decisión del legislador de no iniciar acciones legales de ningún tipo -«prefiero mirar hacia adelante» dice a quien quiera escucharlo- no podemos dejar de reflexionar acerca de la fragilidad del honor personal frente a la malicia o irresponsabilidad de quienes a través de sus medios o de las redes sociales lanzan al aire cualquier denuncia infundada y miserable que, siguiendo el principio goebbeliano del «miente, miente, que algo quedará», deja una estela de angustia y dolor en personas y familias que ven arrasada su tranquilidad y cuestionada su integridad.
Una historia, una más, de tantas que van jalonando este presente nauseabundo de las operaciones políticas y los periodistas serviles del poder que les devuelve en dinero mal habido este tipo de favores siniestros.
Hasta que la sociedad, harta de ser rehén de los perversos, ponga las cosas en su lugar definitivamente.
