Alberto Fernández declaró en el juicio por desvío de dinero de la obra pública y defendió vehementemente el accionar de Cristina Kirchner. «Nunca me ordenó desviar fondos» sostuvo.
El presidente Alberto Fernández negó rotundamente que durante su gestión como jefe de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se le hubieran asignado fondos para obra pública “de manera desproporcionada” a la provincia de Santa Cruz.
“No, definitivamente no”, respondió el jefe de Estado ante una pregunta del defensor de Cristina Fernández de Kirchner, el penalista Alberto Beraldi. Alberto Fernández declara como testigo en el juicio por la obra pública adjudicada a las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz, en el juicio conocido como “Obra Pública”, que tiene entre los acusados a la actual vicepresidenta.
El jefe del Estado negó haber recibido indicaciones de los presidentes para asignar obra pública a Santa Cruz o al empresario Lázaro Báez. “No, definitivamente no”, repitió. Sobre el empresario Lázaro Báez, uno de los principales imputados en el juicio, Alberto Fernández respondió: “no lo conozco. Lo crucé una vez en Calafate, me dijo ‘buenos días’ y le dije ‘mucho gusto’. Nunca más lo ví a Lázaro Báez”.
“En 2005 o 2006 se hizo la denuncia por lo mismo que se investiga acá. La llevó el entonces juez federal Guillermo Montenegro (hoy intendente de General Pueyrredón por Juntos por el Cambio, ndr), se declaró incompetente y la envió al sur. Esa causa tardó dos o tres años en resolverse y allí es donde escuché por primera vez que se vinculaba a Lázaro Báez con Kirchner. Me llamó la atención porque después se volvió a repetir la denuncia acá, y me llamó la atención que prosperara esa investigación”, añadió.
Alberto Fernández estuvo solo, con los jueces y funcionarios judiciales pero sin público ni las partes durante la audiencia. Los abogados que representaron a las partes y la fiscalía asistieron a la audiencia a través de la plataforma informática Zoom.
Sobre la adjudicación de fondos para la obra pública, Alberto Fernández consideró que se trata de “una decisión de carácter político no judiciable”, en consecuencia ajeno a la evaluación por un tribunal. “Me llama mucho la atención lo que se está discutiendo en este juicio”, resumió.
El interrogatorio más incisivo fue el del fiscal Diego Luciani, quien se enfocó en cómo se decidía la asignación de recursos en la ley de presupuesto y, especialmente, si “el Presidente de la Nación instruía sobre adónde mandar recursos”.