El fallo de la Corte supone un avance en la aplicación de la división de poderes pero no agrega nada que permita colegir cual será su posición en la cuestión de fondo.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de habilitar el «per saltum» en el caso de los tres jueces trasladados por decreto del Ejecutivo Nacional, luego aprobado por el Senado de la república, plantea un soplo de aire fresco en la tan ajada realidad argentina en cuanto a la dicisión de poderes.
Por que en el caso ya han intervenido los tres y algo deberíamos extraer del fallo es un claro mensaje del vértice judicial argentino a sus pares del Ejecutivo y Deliberativo: nadie haga nada hasta que nosotros resolvamos de que se trata la cuestión de fondo.
Pero estamos lejos, por ahora, de encontrarnos frente a un conflicto de poderes.
Más allá de las declaraciones a favor o en contra que puedan aparecer en las próximas horas e inclusive de algún intento «de facto» del gobierno por avanzar en la medida ahora frenada por el máximo tribunal, nada irá más allá de los clásicos e inútiles fuegos de artificio a los que nos tiene acostumbrada la política argentina. Habrá que esperar hasta el próximo Acuerdo -muchos suponen que será no más allá del próximo martes- para saber si el traslado de Castelli, Bruglia y Bertuzzi se hace realidad o quedan en los juzgados de los que fueron eyectados por orden de Cristina.
Adelantar ahora un fallo en uno u otro sentido sería una irresponsabilidad. Y no porque la letra escrita de nuestro ordenamiento no sea claro al respecto: en un estado aferrado a la Constitución y las leyes toda designación de un magistrado debería ser con acuerdo del senado -los involucrados fueron nombrados por un decreto del presidente Macri y solo después sus designaciones tratadas en la Cámara Alta- y no pueden ser sacados de sus juzgados por un decreto presidencial.
¿Quién tiene razón entonces?…todos y ninguno.
Si hasta el propio presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz parece olvidar en su preocupación por «las graves consecuencias institucionales» que puede tener esta cuestión que él mismo fue elevado al tribunal mayor por un decreto del ex presidente. Una desprolijidad que equipara su legitimidad de origen con la de los cortesanos que antaño eran nombrados de esa forma por las sucesivas dictaduras que asolaron el país y que, lamentablemente, han dejado un resabio cultural del que no pueden alejarse los gobernantes democráticos.
Sin embargo la sola sospecha de que el movimiento de los tres jueces tenga que ver con la situación legal de la ex presidente hace que la decisión de la Corte no aparezca como descabellada. Tendrá ahora que resolver seriamente acerca del procedimiento utilizado para el desplazamiento y evitar que los que estén buscando impunidad se salgan con la suya al mismo tiempo que lograr un cierre definitivo de la intentona de este o cualquier presidente a correr por decreto a los jueces que no le caen en gracia.
Pero, siempre hay un pero en la Argentina…¿cómo olvidar que esta misma Corte convalidó en su momento el traslado de estos mismos jueces a los tribunales que ahora se resisten en abandonar y que fue ordenado…por un decreto de Macri?. ¿Sostendrá que hoy es ilegal lo que ayer no lo era?.
Cosas de una república sin terminar que nos hacen pensar que, en este caso, la confección es más importante que el corte.
O la Corte, que para el caso es lo mismo…
