El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó a Rubén Zacarías por el delito de lavado de dinero, ya que no pudo justificar casi 700 mil pesos que aparecieron en sus cuentas bancarias.
Las transferencias comenzaron en junio de 2011, cuando todavía formaba parte de la Secretaría General de la Presidencia. Rubén y sus tres hermanos (Miguel, Máximo y Luis) también son investigados por el tráfico de efedrina, una causa donde hay varios funcionarios kirchneristas procesados.
Rubén Zacarías, alias “El Petiso”, acompañó a Néstor Kirchner durante toda su estadía en la Casa Rosada y fue uno de los tantos “pingüinos” que emigraron desde Santa Cruz, recuerda ExpedientePolítico.
El expresidente lo conocía desde 1983 y le tenía mucha confianza. Al llegar a la Presidencia, lo nombró como subjefe de Protocolo y Ceremonial. Cristina Kirchner lo mantuvo en el cargo hasta enero de 2013, cuando renunció intempestivamente.
La situación de Rubén Zacarías se agravó en las últimas semanas, cuando la Unidad de Información Financiera (UIF) aportó cuatro reportes de operaciones sospechosas (ROS) del Banco Hipotecario. En el primero (1588340), la entidad informó que el ex funcionario recibió transferencias por 328.555 pesos entre junio de 2011 y diciembre de 2012. Una de las acreditaciones, por 104.000 pesos, figura a nombre de Federico García, un supuesto empleado de la empresa de ambulancias Emerger, muy cercana a los hermanos Zacarías. Para justificar semejante aporte, Zacarías presentó facturas emitidas a esa firma, aunque una de ellas era posterior a la acreditación.
La UIF puso la lupa sobre otra transferencia de 30 mil pesos desde la cuenta de David Trotta, también ex empleado de Presidencia y dueño de al menos una ambulancia.
El Banco Hipotecario denunció otros tres ROS por 122.900, 128.018 y 76.510 pesos. En total, el monto investigado es de 669.089 pesos, de los cuales 412.500 fueron retirados en efectivo.
Con un sueldo de apenas 23.788 pesos (el dato es de diciembre de 2012), Rubén Zacarías tampoco pudo justificar la compra de cinco vehículos, varios de los cuales habrían sido utilizados como ambulancias.
Los datos forman parte de la causa que investiga el juez Sebastián Casanello, tras una denuncia de la diputada Elisa Carrió y Mariana Zuvic por la posible utilización de ambulancias en el tráfico de efedrina.
Máximo, el mayor de los Zacarías, fue echado del PAMI cuando se confirmó que al menos una ambulancia suya era explotada por Emerger. Esa empresa también está en la mira: el fiscal Zoni tiene en su poder un ROS de la empresa San Cristóbal sobre Emerger y otra empresa vinculada a Clemente, la Asociación Mutual “Protección Integral para la Familia”.
