(Redacción) – Cinco meses después del fallo adverso de un juez de Nueva York, el gobierno argentino no ha pagado nada a nadie y sólo han ganado los abogados.
El mundo de la deuda soberana —préstamos tomados por Estados— fue puesto patas arriba por la victoria de fondos de cobertura (que el gobierno argentino llama «fondos buitre») encabezados por Eliott Management sobre el gobierno de Cristina Fernández. El juez Thomas P. Griesa, de la Corte de distrito de Manhattan, dictaminó hace dos años que Argentina, que incumplió sus pagos en 2001 e ingresó en el default más grande de la historia, tenía que pagar al 100% de su valor los bonos emitidos bajo la ley de Nueva York, incluyendo los intereses acumulados, a inversionistas que se habían negado a intercambiarlos por otros nuevos en una reestructuración de la deuda. Si no lo hacía, entonces el país no podría pagar intereses sobre los nuevos bonos emitidos tras un arreglo con la mayoría de sus acreedores, que incluyó la quita de la mayor parte de la deuda.
La decisión del juez Griesa fue secundada por el 2º Circuito de Cortes de Apelaciones de Estados Unidos, que hizo a un lado peticiones del Departamento de Justicia y el Fondo Monetario Internacional para que el fallo fuera revocado. En junio la Suprema Corte se negó a oír el caso: sostuvo el fallo del juez.
Cinco meses más tarde, Argentina no ha pagado dinero alguno a los fondos de cobertura. El juez Thomas Griesa ha tenido éxito para impedirle que pague cualquier dinero a tenedores de otros bonos, pero eso sólo incrementa el número de perdedores.
Hacia ninguna parte.
Hace más de una década, tras la crisis financiera de Asia, el FMI propuso un mecanismo internacional de reestructuración de deuda para países, pero Estados Unidos y otros estados rechazaron la idea por considerarla una violación de las soberanías nacionales.
Como una de las consecuencias del fallo sobre Argentina, la Asamblea General de Naciones Unidas intentó revivir aquel esfuerzo del FMI, aprobando una resolución que fue a todas luces una contundente votación de 124 a favor y 11 en contra, con abstenciones de 41 países.
La cuestión está en que los países que mayor importancia, incluido Estados Unidos, se opusieron a la resolución incluso después de que fuera diluida. En términos de poder de voto en el FMI, la propuesta de Naciones Unidas recogió sólo un 35% de adhesiones, en tanto 39% se opuso y el resto se abstuvo. La idea no va a ninguna parte.
Para bonos internacionales emitidos bajo la ley de Nueva York, como ocurre en muchos casos, solía suceder que un país que incumplía sus pagos podía ser demandado y las cortes le ordenaban que pagara. Sin embargo la inmunidad soberana significa que no se pudo hacer valer esa decisión. Así que la mayoría de poseedores de bonos con el tiempo accederían a algún tipo de reestructuración de deuda, con frecuencia involucrando al FMI.
El fallo argentino claramente les ha dado a poseedores de bonos un incentivo para resistir futuras reestructuras de deudas.
Después del fallo de Griesa, quienes se resisten a una refinanciación con quitas podrían terminar mucho mejor que aquellos que la aceptaron; o, en todo caso, no podría irles peor. Esto siempre y cuando puedan hacer valer la decisión judicial.
El juez, consciente de ese problema, ha prohibido a bancos y otras empresas financieras que hagan cualquier cosa que ayude a Argentina a eludir la sentencia. Eso ha significado extender el fallo para que abarque no solo bonos emitidos bajo la ley de Nueva York, sino también aquéllos emitidos bajo leyes inglesas y argentinas.
Argentina ha intentando pagar intereses de los bonos que emitió tras la refinanciación de sus deudas, pero bancos reacios a violar las órdenes del juez se han negado a hacerlo tanto en Londres como en Nueva York. En Argentina, la sucursal local del Citibank persuadió al juez Griesa para que permitiera tres pagos de intereses sobre dichos bonos, pero él no prometió que permitirá pagos en el futuro.
Propietarios de los bonos emitidos bajo leyes inglesas están intentando persuadir a una corte británica para que les ordene a los bancos que paguen los intereses. Si eso ocurre, los bancos podrían quedar en la posición de tener que decidir cuál orden judicial obedecen.
Sin leyes internacionales de bancarrota en el horizonte, el gobierno estadounidense ha exhortado a países a que cambien las condiciones de nuevos bonos que emitan. Los bonos emitidos en fecha reciente por Vietnam, Kazajistán y México han incluido cláusulas enfocadas a evitar una interpretación similar de la ley y tienen cláusulas que permitirían que una súper mayoría de poseedores de bonos obligaran a los que se resisten a aceptar una reestructuración.
Sin embargo pasarán décadas antes de que maduren todos los bonos internacionales aún pendientes y puedan ser reemplazados por bonos con las nuevas cláusulas. Tampoco es seguro que esas nuevas cláusulas basten para impedir que una minoría de resistentes bloquee una necesaria reestructuración.
Sólo ganan los abogados.
A primera vista, el fallo de Griesa parece que promueve la rectitud financiera al disuadir a países de que asuman deudas que no serían capaces de pagar. Sin embargo lo contrario podría ser cierto si los prestamistas concluyen que tienen protección legal asegurada incluso para préstamos impagables.
El juez Thomas Griesa ha dicho repetidamente que Argentina debería simplemente negociar un arreglo con los fondos de cobertura que resisten una quita forzosa a los créditos que poseen.
Pero incluso si el país estuviera dispuesto o fuera capaz de hacerlo, resulta difícil ver cómo un trato de esa naturaleza podría convencer a otros, que también resisten y recurrieron a la justicia, a dejar las acciones legales de lado y buscar un acuerdo. Los fondos especulativos demostraron que se puede pedir toda la deuda, no sólo una parte.
Las cortes ya emitieron sus fallos. Sus decisiones hasta ahora no han logrado nada más que enriquecer a muchos abogados.
Una herencia maldita
Después de un quinquenio (2003-2008) de superávit, el gobierno de Cristina Kirchner legará a su sucesor un enorme déficit fiscal de 5% del PBI por los niveles de gasto público más elevados de América latina: pasó de más del 30% del PBI en 2006 a más del 44% en 2013. Se estima que Argentina tendría que esperar por lo menos hasta 2017 para volver a ver un superávit en sus cuentas públicas. El gran déficit actual se financia básicamente con emisión de dinero, lo que alimenta la inflación, que esta año rondará el 40%. futuro gobierno enfrentará alternativas complejas. Sin tocar el gasto social y pagando los intereses de la deuda pública, el próximo gobierno deberá reducir subsidios y decidir qué hacer con Aerolíneas Argentinas, cuyo déficit es gigantesco.
Paso a paso, el intervencionismo oficial fue ganando más espacios en casi todos los sectores clave de la economía, a costa de una mayor desconfianza empresaria: exigencias de aportar al Gobierno centenares de planillas con información, requerir permisos para importar, exportar, negociar precios o asumir compromisos, sólo para evitar sanciones.
La prioridad ahora es reforzar controles, ganar tiempo, racionar reservas, conseguir dólares como se pueda y “zafar” hasta 2015. Después se verá qué sale de la galera.
