KICILLOFISMOS ARCAICOS

Desde siempre el kirchnerismo abrigó la loca convicción de que el gobierno está en condiciones de decirles a las empresas lo que tienen que hacer. Pero es desde la llegada de Axel Kicillof al círculo íntimo de Cristina Fernández que esta tendencia se ha acelerado y ya se encuentra en estudio una ley que permitirá al estado apropiarse de las mismoas o marcarles el rumbo de producción, empleo y tendencias. Una especie de marxismo barroco e irracional se cierne sobre el futuro inmediato del país y ya despierta alarma en el empresariado nacional y extranjero.

Los empresarios están en alerta por un proyecto propuesto por el Ejecutivo y que puede entrar en debate próximamente. La iniciativa tiene que ver con la regulación de la relación entre la producción y el consumo.

La norma busca modificar la actual Ley de Abastecimiento. El texto de la iniciativa tiene varios puntos clave que los hombres de negocios están de acuerdo en rechazar.

Por un lado, el Ejecutivo busca instaurar una regulación de los márgenes de utilidades de las empresas. Por otro, quiere fijar precios máximos y mínimos y también las cuotas de abastecimiento, y prevé multas para quienes incumplan la norma.

Las sanciones pueden ir desde la inhabilitación y la clausura, hasta el decomiso de mercadería. También existe la posibilidad de la clausura permanente si las violaciones a la normativa son reiteradas.

Desde la Copal alertaron formalmente que la iniciativa implica una injerencia mayor del Estado dentro de las empresas. Por eso, los hombres de negocios rechazan esta norma y la consideran institucional. «Va en contra de las iniciativas privadas y de las inversiones», aseguró un alto miembro de la entidad.

En las últimas horas, la dirigencia de la entidad que nuclea a 37 Cámaras de la industria alimentaria envió una carta a los presidentes tanto del Senado como de la Cámara de Diputados expresando su preocupación.

Luego de manifestar «la muy grave preocupación que ha causado en Copal y sus 37 cámaras» el proyecto que apunta a modificar la llamada ley de abastecimiento promovida por el Poder Ejecutivo, la entidad que preside Daniel Funes de Rioja aseguró que la iniciativa «resulta claramente inconstitucional, en razón de que viola varios de los artículos de la Carta Magna».

«El proyecto no sólo hace desaparecer en la práctica la capacidad de iniciativa y decisión de la empresa como tal, con lo cual se afectará no sólo la producción e inversión, sino también el empleo y el desarrollo de unidades productivas, cualquiera que sea su dimensión».

Alertan también que se «delega en forma discrecional facultades que son propias del Poder Legislativo a un funcionario del Poder Ejecutivo», situación que «implica un muy serio avance sobre la iniciativa privada y la libertad económica –también amparada por la Constitución- al producir una verdadera estatización del mercado».

La misiva además criticó que en los artículos 1° y 2° del proyecto se establezca que su alcance llegará «a todas las actividades económicas del país, no sólo a la industrial, sino también a la comercial y de servicios, hasta ramas como el deporte, el esparcimiento y la cultura».

Según su análisis, por la norma propuesta «se verán afectados los tratados bilaterales vigentes para la promoción de las inversiones extranjeras suscriptos por la Nación», lo que podría traer conflictos internacionales.

«Copal alerta sobre la inconveniencia que un proyecto de estas características generará sobre la inversión privada, imprescindible para el proceso de desarrollo de nuestro país, aspiración compartida por el Gobierno, partidos políticos y la sociedad en su conjunto», señaló la nota enviada al Parlamento.

Defensa oficial

Luego de las críticas de los empresarios, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, defendió el proyecto de Ley de Abastecimiento al destacar que es un proceso de «transformación revolucionaria» y «una
garantía reparadora para el consumidor».

De esta manera, Capitanich salió a responderle a la Copal y a la UIA, quienes rechazan de plano la
iniciativa. En su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada, el funcionario expresó que el proyecto «no puede ser inconstitucional», ya que hace cumplir «el artículo 42 de la Constitución Nacional».

«Consideramos que uno de los grandes problemas de la economía argentina tiene que ver con el proceso de concertación económica en la formación de precios», indicó Capitanich. Al respecto añadió: «Entendemos claramente que la cadena de valor adolece de capacidad regulatoria por parte del Estado para generar un equilibrio entre la compensación de precios al productor y la garantía que el consumidor debe tener con respecto a la provisión de insumos y bienes finales».