Por César A. Lerena – Ocurren en nuestro país cuestiones graves que impiden ver que algo huele mal entre Gran Bretaña y la Cancillería Argentina respecto al Archipiélago de Malvinas. Pero las evidencias no dejan dudas.
Dr. César A. Lerena (*)
Ocurren en nuestro país cuestiones suficientemente graves que le
impiden al argentino medio ver un panorama peor, pero, algo huele
mal entre el Reino Unido de Gran Bretaña y la Cancillería Argentina
respecto al Archipiélago de Malvinas y nuestro mar argentino.
El 13 de septiembre de 2016 el entonces Secretario de Relaciones
Exteriores Carlos Foradori declaró junto al ministro británico, Alan
Duncan, respecto al Atlántico Sur lo siguiente: «…adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos» manteniendo la “fórmula del paraguas”. Aquellas declaraciones fueron reiteradas -pese a la oposición del Congreso Nacional- por el actual Ministro de Relaciones Exteriores Jorge Faurie y el Embajador inglés Mark Kent.
Además, de una reunión llevada a cabo en Londres entre el
vicecanciller argentino Pedro Villagra Delgado y el referido Duncan
junto a la llamativa participación de los legisladores británicos en
Malvinas Mike Summers y Phyl Rendell, la Cancillería reunió en Buenos Aires el 14 y 15 de mayo de 2018 al desactivado (2005) Subcomité Científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS), formado por funcionarios británicos y argentinos para retomar las actividades de cooperación científica bilateral, quedando prevista una próxima reunión en Londres en noviembre de 2018, aunque, también habrían participado de la misma -insólitamente- habitantes de Malvinas. ¡Es la biología, estúpido! Acordar con los ingleses sobre las capturas o la investigación del recurso en el Atlántico resulta inadmisible porque se trataría de aportarle información científica al Reino Unido sobre el ecosistema argentino; una información que a la luz de la dependencia económica que tienen las islas a la captura del calamar, resulta confidencial y estratégica.
Si la Cancillería Argentina acuerda con los británicos asegurándoles que el recurso pesquero llegue a Malvinas y evitando que otros buques sin licencia inglesa los pesquen previamente o los propios
buques argentinos los capturen cortando el ciclo migratorio al archipiélago, sería contribuir a sostener la ocupación inglesa. ¡Una acción más bien propia de una colonia del Commonwealth!
El gobierno, seguramente bajo pretexto de insertarse en el mundo, manifiesta no tener «hipótesis de conflicto» y, pareciera estar dispuesto a cooperar con el Reino Unido de Gran Bretaña en el desarrollo de Malvinas, dejando de lado lo prescripto en la Constitución Nacional. Es poco probable que, promover un
acuerdo pesquero y facilitar los traslados aéreos con los isleños se trate solo una cuestión de ineptitud, y cualquiera podría suponer -aunque el gobierno no lo diga- que se trata de una moneda de cambio para recibir apoyo internacional y hasta «la generosidad» de Inglaterra de levantarle el embargo de armas a la Argentina.
Ya lo vivimos con Cavallo, cuando la Unión Europea cerró las puertas a las exportaciones nacionales luego de la guerra de Malvinas.
La cuestión territorial
Ahora bien, qué pasaría si Bolivia hubiese invadido la Provincia de Jujuy (53.219km2), Paraguay hubiese hecho lo mismo con la Provincia de Formosa (72.066km2), Brasil la Provincia de Misiones (29.801km2) yChile la isla grande de Tierra del Fuego (21.263km2): sería un escándalo nacional y estarían movilizados los argentinos y, ello, a pesar de que tendríamos menos territorio ocupado por extranjeros que el invadido y explotado unilateralmente por el Reino Unido de Gran Bretaña en el mar argentino. ¿El
gobierno se limitaría en ese caso hipotético solo a reclamar en las Naciones Unidas que estos países vecinos se sienten a negociar sobre la soberanía del territorio, como desde hace más de 50 años lo hace la Cancillería argentina, respecto Malvinas?
La superficie total continental e insular argentino alcanza a los 3.761.274 km2; de ellos, 2.791.810 km2 corresponden al territorio continental; 11.410 km2 a las Islas Malvinas4, 310 Km2 a las Sándwich del Sur y 3.850 Km2 a las Georgias del Sur; 969.464 km2 al continente antártico, que comprende la Antártida Argentina, las islas Shetland del Sur (3.687 Km2) y las Islas Orcadas del Sur (750 Km2).
El territorio marítimo argentino y su correspondiente plataforma hasta las 200 millas marinas alcanza a los 4.799.000 km2 y, más allá de las 200 millas la extensión de la plataforma continental ocupa 1.784.000 km2; pero, al gobierno, poco parece importarle que una parte importante de este mar y sus islas estén ocupados y explotados por una potencia extranjera.
Aunque los sucesivos gobiernos no lo digan y pocos argentinos lo sepan, 1.639.900 km2 de ese territorio marítimo se encuentra invadido por Inglaterra y no solo los 11.410 km2 de Malvinas. Y ello ocurre, como consecuencia de la ocupación de facto de 200 millas marinas -unos 438.000 km2 – alrededor de Malvinas y otras tantas millas alrededor de Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
Se agregan a ello 1.900 Km2 ocupados en forma prepotente al noroeste de Malvinas -el GAP o brecha marítima- una importante área de calamar y, más de 1 millón de km2 declarados “reserva ecológica” en forma unilateral por Gran Bretaña y donde, por lo tanto, se nos impide el ejercicio de nuestros derechos soberanos.
Además de ello, el Reino Unido reclama derechos sobre la plataforma continental argentina y la Antártida. ¿No es hora qué el gobierno nos informe oficialmente, cuántos kilómetros cuadrados tenemos ocupados por Inglaterra y cuáles son los beneficios de cooperar con el gobierno inglés en Malvinas y el atlántico sur?.
La cuestión territorial, es dramática y humillante, pero la situación es peor aún.
La cuestión pesquera
A la explotación de los recursos pesqueros por parte de la flota argentina se suman las capturas de buques uruguayos como consecuencia del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo firmado en 1973, por el cual, la Argentina comparte una importante zona común de pesca del atlántico sur. Además de ello, más de 500 buques extranjeros pescan ilegalmente unas 800 mil toneladas anuales de recursos migratorios y asociados de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina y, a su vez, buques españoles, coreanos, taiwaneses, chinos, neozelandeses, noruegos, polacos, rusos, chilenos, sudafricanos, uruguayos y británicos pescan con licencia inglesa en la ZEE Argentina de Malvinas y de las Islas Georgias del Sur, con la particularidad, de que «más del 90% de la exportación malvinense es de participación española y termina en el mercado español y, mientras eso ocurre, la “madre patria” española solo captura el 1% en la ZEE de Gran Bretaña y, por el contrario, es tenedor casi exclusivo de las cuotas de pesca de Malvinas».
Buques poteros y palangreros en el puerto de Montevideo
Seamos claros: más que declamar soberanía, los gobiernos de turno no han hecho absolutamente nada por reducir esas capturas que afectan el ecosistema argentino, cuyos productos compiten en el mercado internacional y fortalecen la posición inglesa en Malvinas.
Son varias las estrategias posibles para modificar esta apropiación británica del recurso, pero, en ningún caso, la de acordar las capturas, transferir información biológica o favorecer la logística aérea de las Islas.
Pero la inacción es más grave aún, ya que todos los Subsecretarios y sus directores de Pesca, desde 1982 a la fecha, no le han exigido el pago de derechos ni aplicado sanciones y/o multas a los buques extranjeros licenciados por el gobierno ingles en Malvinas que pescan en la Zona Económica Exclusiva Argentina, en total violación al Régimen Federal de Pesca. Estos buques, han capturado en territorio nacional millones de toneladas de pescados y calamares sin contar con permisos de pesca y cuotas de captura, violando, gran parte de los artículos de la Ley 24.922 y, haciéndose pasibles a las penalidades previstas en el artículo 3º de la Ley 26.386. Sobre esta cuestión un fiscal federal debería intervenir para establecer si los
citados funcionarios han incumplido -al menos- con los deberes de funcionarios públicos y cuál es la pérdida económica del país por la falta de pago de derechos y la ausencia de penalidades y, qué acciones se han tomado, para evitar la captura clandestina de nuestros recursos pesqueros.
Como será la impunidad con la que los ingleses explotan nuestros recursos pesqueros en el territorio marítimo nacional, que la Subsecretaría de Pesca Argentina no los considera propios, ya que, como puede verse en las estadísticas de desembarques (léase capturas) de la página oficial del Ministerio de Agroindustria de la
Nación, no se registran las capturas de los buques extranjeros que operan con licencia inglesa en el área de Malvinas
.
Respecto a los 500 buques extranjeros que pescan sin control dentro y fuera de la ZEE Argentina (en este último caso migratorios y asociados); deberíamos preguntarnos, ¿qué ha hecho el gobierno? Casi nada, la Prefectura ha capturado un promedio de 2 buques por año en los últimos 35 años y, ello, podría deberse a una decisión política del gobierno, a la carencia de medios suficientes para asegurar un control sostenido en todo el territorio marítimo o a la
incapacidad de la Prefectura, porque, nadie podría creer, que ante semejante cantidad de buques depredadores solo ese número insignificante barcos capturados han pescado nuestros recursos pesqueros o asociados.
En medio de tanto desamparo en las Islas celebraban en 2016 «los treinta años de un hito que resultó fundamental para el desarrollo y transformación de la economía del archipiélago» como expresó su
Director de Pesca John Barton, refiriéndose a la proclamación del 29 de octubre de 1986 de la «Zona Interina de Conservación y Administración (FICZ) y al decir que la pesca en Malvinas representa un 40% del PBI de las Islas, mientras, que la Legisladora británica en las Islas Phyl Rendel, con intereses en la pesca, manifestó que cuando uno mira la ciudad, casi todo ha sido construido con lo que podemos llamar los fondos generados
por la pesca y el calamar».
La presencia de pesqueros de diferentes banderas en el Atlántico Sur
Por su parte, la Asociación de Empresas de Pesca de las Islas Falkland, FIFCA, a fines de 2016 manifestó que se ha logrado “una
significativa localización de la industria, y en particular una recaudación sustancial en materia impositiva que equivale al 10% del valor de las ventas, más una tasa de transbordo que se aplica a los buques que no cuentan con licencia de captura, por lo que
entienden, que el costo de las licencias deberían comenzar a bajar”.
Es evidente la escasa preocupación que tienen las autoridades argentinas en defender los recursos pesqueros y el espacio marítimo, contrastando con los avances y preocupación de unos pocos malvinenses bajo la dirección del inglés Barton. Y tal es el contraste, que mientras, el gobierno inglés en Malvinas le niega licencias de pesca a los buques chinos por entender que este país no cumple con los estándares internacionales sobre pesca ilegal (INDNR) el Consejo Federal Pesquero, bajo el pretexto de renovar la flota, facilita el nuevo ingreso de poteros chinos usados al Atlántico Sur. Se recicla, no la flota, sino el viejo cuento de la disponibilidad del recurso, la participación en el negocio de algunas empresas
locales de capitales chinos y se deja afuera a la industria nacional.
La cuestión portuaria de Montevideo
Por Decreto 256/10, el gobierno argentino estableció la obligatoriedad a los buques que hacen tránsito con Malvinas de solicitar permiso a las autoridades nacionales; medida que fue apoyada retóricamente por América latina, y aunque, inicialmente Uruguay tomó la decisión de no autorizar el ingreso a sus puertos
de buques que operen en Malvinas, desde hace años pueden verse cientos de buques con licencia de la gobernación británica en las Islas o barcos que capturan especies migratorias o asociadas de la
ZEE Argentina, a punto tal, que en 2015 operaron en Montevideo 359 buques extranjeros y un año después se creó la Cámara de Agentes Pesqueros Extranjeros (CAPE), constituyéndose este Puerto, en el apoyo logístico más importante del atlántico
sur de los buques que depredan el mar argentino, representando, para ese país un ingreso de 300 millones dólares anuales.
Los transbordos de productos argentinos en Montevideo y la concentración de las operaciones del atlántico sur en este puerto, lo colocan en el centro de la escena y, nos retrotraen, poco menos
que a 1770 cuando por Real Orden del 7/12/1770 se estableció a Montevideo como el único puerto para operar en el Virreinato.
Si se confirma que China invertirá en Montevideo para hacer un centro de logística pesquero y un puerto franco, el dominio del atlántico sur quedará en manos de los asiáticos y Gran Bretaña.
La cuestión del apoyo económico a las actividades marítimas
Mientras que España tiene una ayuda de 1.550 millones de EUR del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y, buques de este país pescan nuestros recursos y conforman joint ventures en Malvinas, los sucesivos gobiernos argentinos no destinan fondos para el control y ocupación del mar argentino ni para el desarrollo de la industria naval, mercante y pesquera. El último hecho fue el veto del PEN a dos artículos de la reciente ley Marina Mercante aprobada por el Congreso que hubiese permitido financiar la construcción de barcos mercantes y fluviales que, a la par de refundar la fabricación de buques en país, generar recursos económicos, ocupar mano de obra argentina, habría de mostrar nuestra vocación soberana en la hidrovía Paraná-Paraguay y el litoral marítimo.
La cuestión militar y el Acuerdo de Madrid
De las declaraciones, mal llamadas “Acuerdos de Madrid”17 promovidos por Dante Caputo durante el gobierno radical y firmados por Domingo Cavallo en 1989/90 sin ratificación del Congreso, se conoce la “fórmula del paraguas” que congeló a la Argentina en una inconducente pretensión ante las Naciones Unidas de discutir la soberanía con Gran Bretaña, mientras que el Reino Unido avanza en forma sostenida y creciente ocupando más y más territorio marítimo argentino y reclamando derechos sobre la
plataforma continental y la Antártida. Sin embargo, poco se conoce de los demás aspectos de esas “declaraciones conjuntas”, que Julio González precisa en forma magistral en su libro “Tratado de 1990
entre Argentina y Gran Bretaña (la rendición incondicional de la Argentina)” donde refiere: «En el artículo 2° el Tratado refiere a la soberanía de las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y de sus
espacios marítimos circundantes, de la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989; pero, este enunciado es falso.
Como hemos de ver los artículos 12º, 16º y el Anexo 1 crean obligaciones que abarcan todo el territorio de Argentina y comprometen su soberanía: a) Inversiones Económicas Privadas (artículo 12º); b) Política Exterior de la Argentina en América Latina y en la C.E.E. (artículo 16º) y, c) Control sobre las Fuerzas Armadas Argentinas (Anexo 1 párrafo primero)».
El Dr. Julio González, detalla en forma pormenorizada nuestra pérdida de soberanía con la firma de este documento y precisa «…el artículo 4º publicitado como un logro del gobierno argentino, exhibe en cambio una supremacía total de Gran Bretaña sobre el territorio de nuestro país y una hegemonía no disimulada sobre la conducción política e institucional de la Argentina desde el momento en que Inglaterra adquiere el derecho de Controlar todos los actos de las Fuerzas Armadas de la Argentina (artículo 52 A, B y C del Tratado). En el artículo 5° se consignan los derechos que adquiere Gran Bretaña sobre las Fuerzas Armadas de la Argentina» y concluye: «Todo lo transcripto y analizado hasta aquí nos permite constatar que a partir del 31 de marzo de 1990 la Patagonia Argentina y el Mar Austral Argentino serán objeto de una soberanía virtualmente compartida con Gran Bretaña. La “Bilateralidad” de las relaciones militares entre Inglaterra y la Argentina en esa zona excluye toda participación de las fuerzas armadas argentinas.
Es así como la Argentina marítima y aérea queda en su parte austral bloqueada, vigilada y aislada por la hegemonía de una Potencia Extracontinental que usurpa un archipiélago de su territorio y que además es árbitro permanente de sus fronteras con la República de Chile. Todo esto se ha concedido y aceptado a cambio de nada».
¿Qué hacía el ARA San Juan en la zona?
En este escenario, de dependencia militar, alguien podría explicar, ¿qué hacía el antiguo submarino ARA San Juan sumergido al este de Malvinas o en el talud continental? ¿desconocía la Armada, el efecto
que podía ocasionar en el Reino Unido el submarino en ese espacio marítimo? ¿se trataba de una operación secreta no comunicada según lo pactado en los “acuerdos de Madrid”?
La situación militar de hoy es mucho peor que la incapacidad en la que se encontraba la Argentina, en los recordados episodios de febrero de 1960 en el Golfo Nuevo y luego de la guerra de 1982. Por el contrario, el Reino Unido posee en Malvinas la base militar más importante del cono sur; el importantísimo aeropuerto de Monte Agradable con dos pistas de asfalto asiento militar de tropas de la Royal Air Force británica, un submarino nuclear, fragatas
misilísticas y realiza periódicas operaciones marítimas con las que reafirma la ocupación británica.
A todo ello se agrega el Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC) en Neuquén bajo soberanía y control del Ministerio de Defensa chino e importantes pistas privadas en la Patagonia.
El Atlántico Sur está enajenado por obra de la incapacidad de los gobiernos de turno. Algo hay que hacer al respecto, menos acordar con quien nos cercena la soberanía, bajo pena de traición a la patria.
(*) – Dr. César Augusto Lerena – Experto en Atlántico Sur y Pesca
