En su momento más complicado por los problemas en el frente externo y por la situación económica interna, el Gobierno nacional hace todos los esfuerzos para mantener el control de la agenda política. Así lo marca el envío al Congreso del proyecto de ley para reabrir el canje y establecer domicilio de pago en la Argentina, con la intención de dejar bien marcada la cancha a los opositores y meterlos en un brete maquillado de nacionalismo: “Estás conmigo o en contra del país”. Lógica kirchnerista pura.
La aprobación de la mencionada norma por parte del Parlamento podría disparar la inmediata calificación de “desacato” por parte del juez norteamericano Thomas Griesa, complicando aún más la situación de la Nación respecto del default, que para el oficialismo no lo es, “porque Argentina quiere pagar, ha realizado los depósitos, y tiene el dinero para pagar”.
Fuera de estas consideraciones dialécticas, tanto el kirchnerismo como la oposición mantienen por encima de todo la disputa política. ¿Hasta dónde, entonces, el default económico, si no se soluciona, puede llevar a un default político? Y no solamente para el Gobierno.
Desde el kirchnerismo aseguran que “la oposición debe acompañar a la Presidenta en el Congreso”, y aducen que si no lo hace, hay una clara intención de “desestabilizar económicamente al país”, y con ello llevar a un default político, como lo reconocen los diputados Darío Golía (FpV) y Adrián Grana (Nuevo Encuentro) y el economista ultra K Alejandro Rofman.
En la oposición, en cambio, ven una jugada del oficialismo para sumarlos en la pelea de ribetes épicos que emprendió con el sistema financiero, y si las cosas salen mal, hacerlos partícipes del fracaso. Así lo considera el presidente de bloque de diputados provinciales del Frente Renovador y ex ministro de Economía provincial Jorge Sarghini. La postura es compartida por todos los opositores consultados, además de economistas y analistas políticos.
“Nos quieren hacer partícipes del fracaso”, “Pretenden avalar con nuestro voto sus malas estrategias”, “Si es cierto que quieren buscar una solución en serio van a permitir que se le hagan modificaciones al proyecto”; éstas son frases que se escuchan tanto en el Congreso como entre los ámbitos de debate de las distintas fuerzas opositoras.
En el radicalismo, cuándo no, las posturas son disímiles entre quienes se muestran contrarios a brindar apoyo al proyecto enviado por Cristina Fernández de Kirchner y aquellos que anuncian acompañamiento a la iniciativa. El resto de los bloques muestra una postura uniforme, tanto dentro como fuera del palacio legislativo nacional.
Lo cierto es que la pelea con los fondos buitre, el juez Griesa, la Justicia norteamericana y las reglas del mercado financiero, lejos de aunar esfuerzos en una dirección desenmascaran aún más las diferencias políticas, ya inmersas de lleno en la próxima puja electoral. Hablar de default político no necesariamente es referirse a una desestabilización del orden público, sino más bien al riesgo de profundizar posturas y actitudes que dificulten soluciones reales, que a esta altura necesitan de todos.
“Lo que traería como consecuencia si no se logran consensos en este tema estaría demostrando la inmadurez que la política tiene para resolver cuestiones tan profundas”, se sinceró Sarghini.
Conjuntamente con la ley que promueve la reapertura del canje (y que muchos entendidos consideran innecesaria para dar ese paso) se pondrá en discusión en el Parlamento la reforma a la ley de Abastecimiento. Gran peso para un Congreso que hasta ahora fue casi un actor de reparto y debe intervenir en el momento económico más difícil de la década K.
El incremento de la inflación seguida de recesión, es decir, un escenario de estanflación, y una disfrazada devaluación por goteo, se advierten como los principales riesgos. El empelo comienza a dar señales de alarma, a tal punto que los sindicatos empiezan a preocuparse más por el mantenimiento de las fuentes laborales que por la presión salarial para recuperar poder adquisitivo.
Mientras tanto, la política ha adelantado como nunca antes sus tiempos en la vorágine electoral. Los aspirantes a la sucesión presidencial se desviven por posicionarse, y, a excepción de los aspirantes ultrakirchneristas (a los cuales las encuestas tampoco les sonríen), la mayoría de los potenciales candidatos parece devanarse entre dos escenarios disímiles. Nadie en la oposición espera una salida triunfal del Gobierno, pero tampoco un colapso económico capaz de condicionar al extremo a la próxima administración. Eso también es un default político de un país todavía inmaduro en la búsqueda de políticas de Estado a largo plazo, e inmaduro en el respeto a los tiempos electorales.
