EL PAÍS MIRA A LA CORTE

Dos cuestiones vinculadas a la división de poderes están hoy en el centro de la escena y será la Corte Suprema la que deberá resolver sobre el tema. Dos fallos determinantes para el futuro institucional.

 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda en la cual “promueve una acción de amparo, plantea la inconstitucionalidad y solicita una medida cautelar” en relación a la decisión del Estado nacional de reducir de 3,5% al 2,32 % el coeficiente de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires.

Si bien son muchas las dudas acerca de que desde la Corte salga positivamente el pedido de amparo, lo que se resuelva en el tema de fondo puede ser tomado en adelante como una aclaración de la real incumbencia que el Ejecutivo tiene sobre cuestiones de administración fiscal que, al menos en la letra escrita, son potestad del Congreso de la nación. Y por supuesto sobre la autoridad del presidente a la hora de meter mano en fondos de otras jurisdicciones con espíritu confiscatorio.

El mismo tribunal deberá resolver acerca de la legalidad de la decisión del Senado nacional de anular los traslados de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, esperando también que una respuesta urgente del tribunal les permita al menos mantenerse en sus puestos hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Habían solicitado el per saltum pero la Corte no tuvo el énfasis que esperaron los jueces cuando ayer dijo que tiene presente su reclamo y que lo va a revisar al final del asunto.

En ambos casos el conflicto de poderes ocupa el centro de la escena y los argentinos miramos al superior estrado judicial del país a la espera de una resolución que excede largamente la cuestión política: lo que ambos fallos sostengan será demostrativo de la vigencia o no de la división de poderes.

Las interpretaciones constitucionales estuvieron en el ojo de la justicia nacional desde el fondo de la historia; tanto por las intromisiones del Ejecutivo en cuestiones de derecho, que fueron muchas, como las de la Corte en terrenos de la política, que no fueron tantas pero sí determinantes. Baste recordar que la Argentina tardó medio siglo en juzgar y condenar a militares golpistas por una lamentable acordada de la Cortes Suprema del 8 de setiembre de 1930 que otorgaba legitimidad al golpe que derrocó al presidente Yrigoyen.

Y esta doble expectativa la encuentra en un momento muy delicado en el que, entre otros temas en los que la política mete sus manos en la juridicidad, se discute la modificación del Cuerpo aún en aspectos que contradicen el texto y el espíritu de la propia Constitución.

Los ojos del país miran ahora hacia un cuerpo en el que la gente ha dejado de creer y que tiene entonces la doble responsabilidad de administrar justicia y de recuperar prestigio, olvidándose del escenario de división en el que caerá su resolución. Lo que sea que decida será aplaudido por los fanáticos de un lado y denostado por los del otro.

Una buena ocasión para que nuestros cortesanos se aferren a la Constitución, sostengan con términos didácticos y entendibles para todos de que se trata eso de la división de poderes de la que tanto se habla y tan poco nítida aparece en la vida institucional del país y sobre todo legisle mirando hacia el futuro, sembrando solidez y despejando toda duda, confusión o intención autoritaria.

No es poco lo que está en juego.