Por Adrián Freijo – Usurpación de tierras públicas y privadas, presiones sindicales que espantan empresas y desalientan la inversión, persecución a las que intentan algo distinto. Aislamiento.
En ocasiones es bueno comenzar por lo que debería ser la conclusión y esta es una de ellas: si el gobierno de Alberto Fernández no escondiese la intención de modificar fácticamente cuestiones de nuestra Constitución, muchos de los hechos ocurridos en los últimos meses no se habrían producido o ya estarían resueltos.
Pero nada de ello ha ocurrido y el país se ve hoy sometido a una serie de tensiones en las que están de por medio temas como la vigencia del derecho a la propiedad, la libertad de empresa y de trabajo y la continuidad de la radicación de nuevos capitales que generen crecimiento, desarrollo y trabajo.
Cuestiones que no deberían tener un impacto social tan extendido, se convierten por la injerencia oficial en verdaderos test de fuerza entre nuestra Carta Magna y la interpretación, el menos sesgada, que surge en los despachos oficiales en clara complicidad que a veces se expresa a partir del silencio o la participación solapada del poder en los intentos de construir una «nueva Argentina» bajo otras normas y costumbres.
Así aparecen funcionarios públicos trasladando usurpadores hacia los terrenos tomados por una supuesta comunidad mapuche -repudiada por los grupos legalmente reconocidos de la misma etnia- y también acompañando la pretensión de Dolores Etchevehere ingresando forzadamente a una propiedad sobre la que, si tiene los derechos que reclama, debería resolverlo en la justicia.
En ambos casos la figura de Juan Grabois -ese dirigente que suele basar su legitimidad en una supuesta cercanía con el Papa Francisco- aparece nítida y amenazante: «va a haber cientos de tomas de tierra» anuncia sin esconder su carácter de líder de este nuevo tiempo al margen de la ley.
Nadie lo desmiente ni siquiera cuando deja trascender en la prensa que la semana pasada, en un viaje relámpago, se entrevistó con el pontífice. ¿Es también parte del intento el demoler los puentes de confianza entre la extendida grey católica argentina y su Iglesia?. Todo parece poder ser…
En otro orden, pero en el mismo sentido, el gobierno resuelve habilitar los vuelos de cabotaje pero prohibir los que parten de El Palomar, el símbolo de la «revolución de los aviones» ya que allí no sólo operan las nuevas aerolíneas «low cost», sino que lo hacen casi sin injerencia de los gremios aeronáuticos tradicionales, esos que desde hace años tienen al sistema aeronáutico argentino convertido en rehén y esclavo de sus demandas no siempre vinculadas a los derechos de sus afiliados.
En El Palomar las mismas aerolíneas se auto prestan su propio servicio de rampas, sin depender de la empresa estatal Intercargo, donde talla la Asociación del Personal Aeronáutico (APA). Las «low cost», además, tienen cada una su propio gremio por empresa, lo que ha hecho desaparecer la conflictividad y ha asegurado el funcionamiento del lugar.
El jueves retornaron los vuelos regulares de pasajeros, con cuatro despegues de Aerolíneas Argentinas desde la Terminal C de Ezeiza hacia el Interior. Pero al final de ese mismo día, JetSmart tuvo que cancelar el propio ya que estaba programado para el viernes por la mañana desde El Palomar hacia Mendoza y, pese a haber solicitado la autorización con una semana de antelación, la misma nunca fue respondida por la autoridad de aplicación.
Ocurre que en vez de dar el demorado debate sobre las nuevas reglas de las relaciones laborales en el mundo entero, el gobierno prefiere ceder a la presión de los sindicatos y mantener a sangre y fuego convenios colectivos de trabajo acordados hace casi medio siglo y que ya nadie puede seriamente desconocer que son el origen de este país con más de un 40% de informalidad laboral y un 30% de desocupación.
Y cuando alguna empresa acuerda con sus trabajadores otras normas, aparecen las tomas los bloqueos y la persecución fiscal que no cederán hasta lograr una rendición -cosa que raramente ocurre- o la partida de la misma del país, lo que se está convirtiendo en una triste realidad.
Hugo Moyano persiguió por una década a los supermercados, apropiándose de las afiliaciones que correspondían en muchos casos a otras organizaciones gremiales. ¿El resultado?, la pérdida de un 15 % de los puestos de trabajo en el mismo lapso. Las empresas se achican en personal y el camionero igual aumenta su recaudación y su poder, en un claro ejemplo de que en la Argentina el trabajo no es un derecho del ciudadano si no el privilegio de unos pocos.
Pretendió lo mismo con Mercado Libre -bajo la mirada cómplice del gobierno kirchnerista que acusa a su titular de ser un activo seguidor del macrismo y de haberse beneficiado con información calificada durante ese tiempo político- y el resultado ya lo sabemos todos: radicación en Montevideo de su CEO Marcos Galperín y retracción en la inversión de una empresa considerada entre las más valiosas del mundo desde que alcanzó mayor valor bursátil en Wall Street -superior a los US$ 38.500 millones- que ahora concentrará sus actividades en Brasil.
Todo este combo de persecución al capital privado y al derecho a la propiedad y la libertad de trabajo es compartido con una crisis económica y financiera que deja a la Argentina sin moneda y sin crédito.
Y la encuentra además sosteniendo posiciones en el escenario mundial que la acercan a países cuestionados por su desconocimiento de la ley y los derechos humanos y que buscan el amparo y la asociación con potencias como China o Rusia, lanzadas a una agresiva política de presencia y dominación en América latina.
Asoma entonces una nación sin moneda, sin inversiones, sin leyes modernas y aplicables a las nuevas realidades y de espaldas al mundo capitalista al que siempre perteneció por vocación y decisión.
Demasiadas señales acerca del rumbo elegido y la presencia de una disyuntiva que ya no puede soslayarse y mucho menos evitar:
¿dejará la Argentina de ser el país que se constituyó allá por 1853 y que no dejó de ser ni siquiera con las reformas constitucionales de 1949, 57 y 94?…
¿vamos hacia una sociedad de propiedad mixta, sin propiedad privada y con el estado como organizador y actor excluyente de la vida económica?…
¿se terminó la movilidad social ascendente que le dio destino y esperanza a generaciones de trabajadores argentinos para suplantarla por una en la que el mérito no exista y los bienes se repartan por adhesión o simple permanencia y no por el esfuerzo y la voluntad de los actores sociales?…
Lo que así planteado puede parecer una exageración o al menos un temor infundado solo dejará de serlo si desde el gobierno aparecen señales claras de que las cosas no están planificadas para marchar en esa dirección.
O si apareciese un Poder Judicial fuerte, honesto y preparado que garantice un freno a cualquier intento de apartar a la nación del marco de su ley fundamental, en vez de este deshilachado y cómplice que ya ni siquiera sorprende o escandaliza con sus constantes claudicaciones.
Peo como nada de ello ocurre…deberemos entender que la solución, una vez más, está en manos de la gente y su compromiso con la sociedad que queremos ser y el mundo al que pretendemos pertenecer.
Y que nada podemos esperar desde un poder político que no visualiza un país como el que hace mucho decidimos construir y hoy se nos evapora entre las manos por la decisión de una minoría de iluminados que pretende llevarse todo por delante.
