La resolución del juez Rafecas desestimando la denuncia contra Cristina y otros funcionarios y allegados no debería ser motivo de festejo en el gobierno.
Rafecas no era por cierto el juez indicado en esta causa -algo que debería ser analizado como una cuestión de orden general y no sólo circunscripta a este caso en particular- por su situación de imputado en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño de sus funciones.
La orden de allanamiento ordenada por el juez en la causa Ciccone y que estuvo dirigida al departamento del vicepresidente Amado Boudou y otra actuación por haber beneficiado a su hermano, el cineasta Diego Rafecas, en una causa contra el ex titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) Jorge Armando Álvarez, son junto con otras cuatro denuncias generadoras de una situación que lo tiene al borde del juicio político.
Mucho se habló esta semana de los «carpetazos» que habrían llovido sobre el juez y la alternativa de negociación que le planteara el ahora designado Secretario general de la presidencia Eduardo «Wado» de Pedro: si desestimaba la denuncia las acusaciones serían enviadas a vía muerta o sobreseídas.
¿Es lógico que un juez investigue en esas condiciones?. La respuesta es muy clara.
¿Qué va a pasar ahora?. Todo hace suponer que el fiscal Pollicita debería apelar la decisión del magistrado y que la Cámara interviniente tendría que al menos ordenar nuevas medidas de prueba en el expediente.
A nuestro entender el pedido de procesamiento de Cristina por parte de Nisman fue ciertamente temerario. Si bien es cierto que en las escuchas Luis DÉlía sostiene estar cumpliendo ordenes directas de la Casa Rosada, no lo es menos que -salvo en el caso de flagrante delito o prueba concluyente- las investigaciones judiciales deben ser una «escalera» que vaya demostrando sin lugar a duda la posible culpabilidad de una persona.
Si el piquetero y Khalil sostienen que las cosas fueron como aparecen en las escuchas debió probarse primero que lo que allí dicen realmente estaba sucediendo. Sólo después podría inferirse con fundamento que Cristina cometió un delito.
Pero lo que la Cámara no podrá obviar es que de esas escuchas surgen la menos dos violaciones legales:
1- El tráfico de influencias, que surge palmariamente de las conversaciones y que toma verosimilitud por el carácter de parte pública de la cercanía presidencial de Luis D’Elía (si no es que además fuese parte de la administración como asesor o como cualquier otra designación que justificase un sueldo, nombramiento o contrato) y,
2- La revelación de secretos de estado, ya que no puede el tribunal omitir que lo que allí se habla está vinculado a una negociación que se suponía que el Canciller estaba llevando en forma secreta al menos durante un tiempo parcial de las conversaciones sostenidas por ambos.
Rafecas «se sacó la causa de encima» con la misma liviandad con la que Nisman avanzó en pedidos de procesamiento que hubiesen requerido una mayor instrucción.
Pero de ninguna manera el gobierno puede festejar que el calvario ha llegado a su fin. Subiendo ahora si la lenta pero segura escalera de la investigación, y a partir de los delitos que citamos más arriba, se avanzará en el conocimiento sólido de los hechos y estos podrían no dejar bien parada ni a Cristina ni a los otros involucrados.
Porque con apuro o sin él, con errores procesales o sin ellos, todos los argentinos percibimos que la lógica de lo escuchado sería un motivo cierto para justificar un memorándum que de otra forma no tendría asidero alguno.
Y esa percepción requiere todavía de muchas investigaciones.
Recuérdelo querido lector, este festejo oficial de hoy no marca ni remotamente el fin de la cuestión.
