El caso de la chaqueña Anabella Luque, que libra una batalla judicial en Italia por la restitución de sus hijos de cinco y seis años, sumará hoy un nuevo elemento en su provincia.
Después de un divorcio, la justicia chaqueña le concedió la tenencia a ella y avaló un régimen de contactos entre los niños y el padre en el exterior.
En febrero el hombre los retuvo en Italia y tras acusar a la madre de secuestrarlos, un juez de ese país le dio la tenencia a él. Hoy el abogado que representa a Anabella pedirá que se cumpla lo dispuesto en la Argentina.
María Juana Fioritto y Elmo Luque narraron hace un mes el dolor de la familia y pidieron el respaldo de las autoridades argentinas.
Ayer el abogado Pablo Vianello explicó en qué consiste la presentación que hoy hará ante el Juzgado del Menor y la Familia Nº 5, a cargo de Laura Varela.
“Lo que pedimos técnicamente se denomina exequator, que es la ejecución de una decisión que se tomó en una primera instancia y en este caso consiste en la tenencia de los niños y el acuerdo de partes de un régimen de visitas”, describió.
Como existen convenciones internacionales a las que ambas naciones adhieren, el abogado sostiene que el pedido de ejecución permitirá dirimir la cuestión. Una vez que el magistrado italiano conozca la decisión de su par argentina debe respetarla, porque el aval que dio la jueza Varela es anterior a las denuncias del padre de los niños.
Hasta ahora el juez desconoce esa información, así que cuanto antes la reciba, más posibilidades tendrán los niños de regresar a la provincia donde crecieron con su mamá.
Los ve por una ventana
Anabella también tiene nacionalidad italiana y después de haber residido en ese país, se casó en 2006 y se separó poco después por las agresiones de su marido. Con sus hijos y sus padres, que en ese momento también vivían en Italia, regresaron al Chaco. En un intento por recomponer la relación del hombre con sus hijos, lo invitó a venir al país pero él la siguió hostigando. Después de varias denuncias, él volvió a Italia y acordaron que mantendría contacto con los niños (vía Skype). En ese acuerdo -homologado por la Justicia argentina- él reconoció que la tenencia quedaba en manos de la madre de los chicos. Sin embargo en forma paralela ante las autoridades italianas la acusó de haberlos secuestrado. Anabella nunca se enteró de ese proceso hasta que viajó a ese país para asistir a la boda de su hermana.
“El paso del tiempo es un elemento en contra, porque ella no tiene recursos para continuar un proceso prolongado”, acota Vianello. La joven es de clase media, antes de viajar a Europa estudiaba una carrera universitaria en Resistencia, con ayuda de sus padres. Ahora para ver a sus hijos debe cumplir un estricto régimen de visitas y el resto del tiempo lo hace a distancia, a través de la ventana de un edificio vecino. Gracias a la sensibilidad que su situación despertó en los propietarios de un hospedaje, Anabella duerme allí “de prestado”. Mientras, para las autoridades de ese país ella es quien está en falta con la ley.
Acuerdos internacionales
Vianello recordó que el compromiso que se firmó en la Argentina no implica que el padre pierda la patria potestad, por lo que reiteró que el pedido se centra en el cumplimiento de una decisión judicial avalada en una primera instancia y sobre la que existen respaldos multilaterales y de la Corte de La Haya.
El abogado, que suele atender casos penales, admite que este caso es diferente. En diciembre tomó contacto con los detalles cuando la familia Luque acudió por asesoramiento para gestionar un acuerdo de permisos para el viaje transatlántico. Una vez allá, la expareja de Anabella retuvo a los chicos y la joven se enteró de que había una sentencia en su contra.
Vianello además cuenta con algunos vínculos con el país donde se discute la custodia: “También tengo ciudadanía italiana, conozco el idioma y a algunas personas de allá, sin embargo no voy a poder tramitar directamente el pedido, necesito de respaldo de la Cancillería argentina”, repara.
La medida que presentará hoy se analizará en próximas audiencias previstas para julio y agosto. De ahí que, al margen de los trámites burocráticos, la familia apela a todos los medios posibles para obtener el respaldo de la Cancillería y del gobierno argentino en el corto plazo.
“Tomamos al caso como un acto discriminatorio, a los nenes se les está negando su identidad argentina; sus derechos son prioridad”, afirman.
