Es la primera vez que la Justicia argentina solicita colaboración a la Santa Sede desde que el Papa impulsó cambios en el Código Penal vaticano.
Un fiscal resolvió pedir informes al Vaticano por la muerte de un obispo en un supuesto accidente de tránsito durante la dictadura, en el marco de la primera solicitud de cooperación diplomática luego de las reformas legislativas en la Santa Sede impulsadas por el papa Francisco.
El fiscal federal de San Nicolás, Matías Di Lello, firmó un pedido de colaboración al Estado Vaticano para que proporcione información a la investigación judicial sobre la muerte del obispo de esa ciudad Carlos Horacio Ponce de León, quien falleció en un supuesto incidente de tránsito ocurrido el 11 de julio de 1977.
Representantes de organismos de derechos humanos dudan de que se haya tratado de un accidente y sostienen que Ponce León fue el segundo obispo asesinado de esa forma, porque ya había muerto en circunstancias similares el obispo de La Rioja, Enrique Angelelli.
El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque analiza si se trato de un atentado y el fiscal solicito entonces esta medida en el marco de la investigación complementaria de la causa.
«Este Ministerio Público Fiscal entiende que el referido accidente en realidad podría tratarse de un atentado pergeñado por las autoridades militares de la región, por cuanto existen pruebas claras de que Monseñor Ponce de León era objeto de operaciones de inteligencia por parte de la dictadura cívico-militar», refirió el fiscal, según la página oficial de la Procuración General de la Nación.
«También en dicho contexto recibía cuantiosas amenazas de muerte, todo ello en virtud de la ayuda, contención y defensa que el mismo profesaba respecto de personas y/o grupos de personas perseguidas o desaparecidas por cuestiones políticas, gremiales, sociales y/o religiosas», añadió.
De acuerdo al dictamen, en la causa se cuentan con elementos de los que surge que «los sacerdotes de la Diócesis de San Nicolás remitieron una nota al Nuncio Apostólico Monseñor Pío Laghi, poniéndolo en conocimiento de las amenazas de muerte que había recibido Monseñor Ponce de León». Di Lello además citó el informe «Nunca Más», de 1984, que dice que, al momento de su muerte, Ponce de León «se dirigía a la Capital Federal con el objeto de llevar documentación a la Nunciatura Apostólica, relativa a la represión ilegal (secuestros y torturas) implementadas en la Diócesis de San Nicolás y también en Villa Constitución (Provincia de Santa Fe), cuya existencia, particularmente una referente a una investigación sobre los asesinatos de los sacerdotes de la Orden Palotina, se encuentra acreditada por diversos testimonios brindados en la causa, en particular los del Presbítero José Káraman y los del Presbítero Heriberto José Sartori». La solicitud del representante del Ministerio Público es el primer pedido de colaboración a la Santa Sede desde que el papa Francisco impulsó cambios en el código Penal y de Procedimientos Penales de ese Estado y será remitida mediante un exhorto internacional.
