Ser jefa de una asociación ilícita, haber desviado fondos del estado en beneficio de terceros, lavar dinero y beneficiar con tales maniobras a su marido y a sus hijos Máximo y Florencia, son algunos de los delitos que le imputan.
«Se le imputa a Cristina Elisabet Fernández el haber tomado parte de una asociación ilícita, en calidad de jefe, junto con otros funcionarios de distintas reparticiones del Estado, entre los que se encontrarían Néstor Carlos Kirchner, Julio Miguel De Vido, José Francisco López, Carlos Santiago Kirchner, Nelson Guillermo Periotti, y al menos, el empresario Lázaro Antonio Báez, la que habría funcionado al menos entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, con el objeto de cometer delitos indeterminados para sustraer y apoderarse ilegítimamente de fondos públicos asignados, en principio, a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, a través de, entre otras maniobras, la defraudación en perjuicio del Estado y el lavado de dinero«, fue lo primero que se escuchó.
Entre otros puntos, a la senadora se le atribuye que «mientras se desempeñó como Presidente de la Nación entre los años 2007 y 2015continuó con la dirección, ejecución y subsistencia de la matriz de corrupción en la obra pública vial que venía desarrollándose desde la presidencia de Néstor Kirchner y de la que había participado en la ideación y conformación junto con aquél, posibilitando que en forma periódica y constante se continuaran sustrayendo fondos públicos mediante la maniobra de defraudación al Estado Nacional».
En su rol de Jefa de Estado, la acusación indica que Cristina dirigió y controló el modo en el que se desarrollaba dicho sistema, utilizando la burocracia estatal —que se encontraba a su cargo— a los fines de que a través de sus distintos estamentos los funcionarios que dependían funcional y jerárquicamente de ella realizaran las conductas necesarias con el objetivo de garantizar el éxito del plan criminal por el que se defraudaría al Estado Nacional mediante un esquema de beneficios a favor de las empresas de Lázaro Báez en detrimento del interés estatal y en perjuicio del erario público«.
En otro tramo de la lectura de la acusación se indicó que con el objetivo de «canalizar una enorme cantidad de fondos públicos hacia la mencionada jurisdicción, (Cristina) utilizó abusivamente los distintos mecanismos de financiamiento a su alcance para de ese modo nutrir de fondos a la Dirección Nacional de Vialidad, para que desde allí los fondos fluyeran hacia las empresas de su socio».
Casi al final se leyó que su responsabilidad incluye la «intervención criminal en la maniobra defraudatoria al Estado Nacional a través de la obra pública vial, en la que participó al haber mantenido la estructura de funcionarios montada para garantizar su éxito, al haber empleado distintos mecanismos de financiamiento para que Báez fuera el único contratista de obra pública sin deudas al finalizar su segundo mandato, al haber promovido y facilitado la actuación irregular de los funcionarios a su cargo».
