(Escribe Manuel Torino) – Contrabando, pasividad estatal y deterioro económico, claves para qué el país se convierta en un paraíso de la informalidad.
Anteojos de sol, perfumes franceses, ropa deportiva, gadgets para celulares, relojes de marca, bebidas alcohólicas, cigarrillos… Luego de un agotador viaje, los transeúntes consultan a vendedores extranjeros y se llevan bolsas rebosantes de productos, seducidos por los precios de una mercadería que no paga impuestos.
La escena bien podría confundirse con la de un freeshop de algún aeropuerto internacional. Sin embargo, la descripción corresponde a la feria de Once, uno de los principales focos de comercio ilegal que prolifera, sin freno aparente, en pleno corazón de la ciudad de Buenos Aires.
Los manteros y «saladitas» de la zona de Once -bautizadas así por imitar, en una escala más modesta, claro, a La Salada, el predio ilegal más grande del mundo, como la calificó la Unión Europea- hoy suman casi 2.500 puestos distribuidos en un perímetro de 20 manzanas del barrio de Balvanera, según surge de un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
En las inmediaciones de la Plaza Miserere, un comerciante informal puede facturar hasta $ 2.500 por día, dependiendo del tipo de artículo falsificado que venda, según se desprende de un sondeo de El Cronista 3Días. «Esta chomba vale tres veces menos que lo que la pagás en un shopping», insiste un vendedor peruano, en el fondo de un galería sobre Bartolomé Mitre. Consultado por la legitimidad de la prenda, remata señalando el cocodrilo del logo: «Claro, contale los dientes».
Pero Once no es el único caso. La voraz expansión del comercio ilegal en la Capital, donde la cifra de puestos -entre manteros, puestos callejeros y «saladitas»- llegó a 10.570 durante septiembre, es apenas un reflejo de lo que sucede en otras localidades del conurbano bonaerense y en las principales ciudades del interior del país.
En plena recesión y a contramano del resto de los indicadores económicos -hasta el consumo, último bastión del modelo kirchnerista, caerá este año por primera vez desde 2002, según proyectan desde la consultora especializada CCR-, la venta ilegal callejera a nivel nacional aumentó un 25,5% en el tercer trimestre, si se lo compara con el mismo período del 2013.
Esta última cifra surge del Índice de Venta Ilegal Nacional, un indicador que elabora la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y que releva el comercio informal en algunas de las principales ciudades del país, como Buenos Aires, Rosario, Salta, San Miguel de Tucumán, Mendoza, Posadas, Paraná y Santa Fe.
«En su gran mayoría, estos comerciantes no cuentan con emisión de facturas, ni con habilitación de local, ni cumplen normas de higiene o de seguridad», advierte Vicente Lourenzo, vocero de CAME. Y agrega: «Se trata, en muchos casos, de artículos con marcas adulteradas o falsificadas y la mercadería suele ser de dudosa procedencia».
Contracara
Luego de más de una década de gobiernos con un Kirchner en la Casa Rosada, el negocio de la venta ilegal en la Argentina moviliza cerca de $ 26.500 millones por año, estiman desde la entidad que dirige Osvaldo Cornide. «Da la sensación de que en el Gobierno no comprenden la dimensión de lo que deja de entrar a las arcas públicas por el comercio ilegal», coinciden los expertos consultados por El Cronista 3Días.
El boom del las ferias ilegales en todo el país tiene como contracara el deterioro de la actividad comercial formal, especialmente en tiempos de recesión. «Está claro que la crisis económica genera que la gente se vuelque al circuito ilegal», sostiene Lourenzo.
Los números de la CAC, en cambio, no reflejan una causalidad entre crisis económica y aumento de consumo de productos falsificados. «El comercio ilegal se mantuvo en alza durante toda la década, tanto en los años de crisis como en los de crecimiento a tasas chinas», analizan.
Fuera de micrófono, tanto desde el gobierno porteño como desde la AFIP reconocen que los altos niveles de informalidad se traducen en menor empleo en blanco y en una merma sensible de los ingresos tributarios. «La proliferación de la venta ilegal no solo destruye al comercio sino también otras actividades: desalienta la inversión en obra pública, la industria, la radicación de empresas, la propiedad intelectual, el diseño y desarrollo de marcas y productos nuevos», coinciden los expertos.
Lo cierto es que por estos días, un vendedor informal puede ofrecer su mercadería a precios hasta un 50% más bajos que uno formal, porque sus productos no cuentan con cargas como el IVA, el registro de marcas y los impuestos de importación. Por ejemplo: un negocio formal con tres empleados ubicado en la zona de las avenidas Avellaneda y Nazca tiene un costo de alquiler de aproximadamente $ 35.000, más otros $ 50.000 entre sueldos, cargas sociales y demás gastos. En cambio, los valores en La Salada casi no resisten la comparación: el alquiler mensual de un puesto a una de las calles exteriores se paga entre $ 1500 y $ 2000.
El impacto de la competencia desleal queda en evidencia al caminar por las principales arterias comerciales de las grandes ciudades, donde las vidrieras vacías parecen estar de moda esta temporada. Al respecto, la semana pasada se conoció un nuevo informe de la Cámara de Comercio en el que se observa que el número de locales vacíos en la Ciudad registró en octubre una suba del 4,3% con respecto a septiembre. En tanto, según la CAME, las ventas minoristas ya acumulan una caída del 7,6% en lo que va del año.
Mafias organizadas
Si se desenredara el gigantesco ovillo de productos de dudosa procedencia que incluyen desde camisetas de Messi y carteras italianas hasta juguetes, alimentos o mascotas, las fuentes consultadas coinciden en que en el otro extremo se esconden organizaciones mafiosas que administran estructuras basadas en el contrabando, la connivencia policial, la inacción estatal, el trabajo esclavo y hasta, en algunos casos, el narcotráfico.
«Con las cámaras y la tecnología disponible que hay acá en Once, el gobierno porteño podría seguir perfectamente la ruta de cada uno de los productos ilegales hasta sus talleres o hasta los contrabandistas», sugiere un experimentado vendedor de telas apoyado sobre el mostrador de su comercio, al que para ingresar hay que faldear una montaña de zapatillas custodiadas por un joven senegalés. «El problema es que no hay voluntad política para erradicar este mercado», se lamenta el comerciante.
Gobiernos vs. manteros
La radiografía de la informalidad en Once refleja que el número de puestos en la vía pública en la zona creció un 93% entre agosto y septiembre. Por estos días, las intersecciones de las calles que cruzan la Avenida Pueyrredón lucen repletas de puestos callejeros y manteros.
Algo similar pasa en las adyacencias de Avellaneda y Nazca, en el barrio de Flores, donde los fines de semana la cantidad de manteros es tal que se vuelve imposible transitar por las veredas y los peatones circulan por la calle.
Ambas zonas son terreno fértil para la proliferación de productos falsificados o casos de piratería, que según la CAC, en octubre crecieron un 33,1% interanual en la Ciudad.
Ante este panorama, desde el gobierno porteño resaltan que en lo que va de este año se realizaron cinco grandes operativos a fin de liberar la vía pública de la ocupación indebida. Hasta el momento, aseguran, se realizaron más de 1.600 secuestros.
El más resonante tuvo lugar a principios de año, justamente en Once. Fue a fines de enero, cuando agentes de seguridad de la Policía Metropolitana secuestraron, entre allanamientos y ordenamiento en vía pública, aproximadamente 1.500 bultos, en su gran mayoría indumentaria, accesorios electrónicos y películas.
Aunque espasmódicamente, la AFIP también se muestra activa en una zona caliente de la ciudad: el mes pasado clausuró en forma preventiva 20 locales del barrio de Balvanera que vendían juguetes y cotillón. «El operativo incluyó el relevamiento de más de 70 locales y se detectaron infracciones como mercadería de origen extranjero sin su correspondiente documentación, fraude marcario y empleo sin registrar», informan desde el organismo que maneja Ricardo Echegaray. Además los 280 agentes que participaron del megaoperativo secuestraron «mercadería equivalente al tamaño de un contenedor».
Sin embargo, por tratarse de operativos transitorios, a las pocas semanas se comprobó que los puesteros habían vuelto a ocupar las mismas esquinas. Según las cámaras del Interior, lo mismo sucede con los intentos de recuperar el espacio público de muchas localidades, en especial las fronterizas o las portuarias, donde el acceso a al contrabando es moneda corriente.
«Nosotros luchamos contra la ocupación del espacio público y tuvimos muy buenos resultados en muchas zonas de la ciudad, como en la calle Florida, en Retiro o en Constitución, donde había miles de manteros y hoy no encontrás ni uno solo», sostiene Patricio Di Stéfano, subsecretario de Uso de Espacio Público de la Ciudad. Y explica: «En Once se hicieron operativos a principios de año con el que sacamos a todos los manteros de las veredas. Pero como la Policía Metropolitana no tiene comisaría en ese barrio y como ahí no tenemos colaboración de la Policía Federal para establecer presencia permanente, los manteros vuelven al rato».
La pasividad de la Federal luce en sintonía con la postura del Frente para la Victoria porteño. Ayer el legislador Jorge Taiana presentó un proyecto de ley que busca regular y autorizar una feria de puesteros en San Telmo.
A nivel federal, las ciudades que aplicaron controles fijos redujeron la ilegalidad. Mendoza es un caso de éxito: según un relevamiento de la Unión Comercial de Industrias de Mendoza, la venta callejera en el tercer trimestre cayó un 71,4% interanual y hoy es una rareza toparse con vendedores ilegales en el centro de la ciudad cordillerana.
Mientras tanto, desde la tranquilidad del hogar, la creciente oferta de productos falsificados en sitios web y redes sociales, sugiere que el negocio de la informalidad es sustancialmente mayor a lo que se ve en la calle. Pero eso ya corresponde a otro capítulo de la Argentina trucha.