EN PIE DE GUERRA

La Liga de Amas de Casa y las ONG Manos que Ayudan y Acuba recurrieron a la Justicia Federal. “Camuzzi aplicó un tarifazo encubierto sin informar a los usuarios sobre los nuevos valores del servicio”, denunciaron desde las entidades.

La Liga de Amas de Casa y las ONG Manos que Ayudan y Acuba presentaron ayer un recurso de amparo colectivo ante la Justicia Federal para frenar el fuerte aumento en la tarifa de gas. De prosperar el reclamo, la resolución judicial alcanzaría a todos los usuarios de Mar del Plata.

“Camuzzi aplicó un tarifazo encubierto sin informar a los usuarios sobre los nuevos valores del servicio”, denunció Marisa Sánchez, presidenta de Manos que Ayudan y secretaria de la Liga de Amas de Casa, minutos después de presentar la medida cautelar en el Juzgado Federal Nº 4.

El reclamo tiene el respaldo del Colegio de Abogados local, la Defensoría del Pueblo y la Asociación Protectora de Defensa del Consumidor de Mendoza, donde la Justicia Federal de esa provincia dictó un amparo que frenó el aumento de gas previsto de junio a setiembre. La iniciativa también cuenta con el apoyo del Frente Renovador de Necochea, ciudad donde el viernes pasado fue presentado un recurso de amparo para que no se aplique el incremento. En la presentación judicial, la Liga de Amas de Casa, Manos que Ayudan y Acuba adjuntaron copias de las boletas de gas de los usuarios alcanzados por el aumento y certificados que demuestran la imposibilidad de pagar el “abusivo” incremento. “Presentamos todas las pruebas para que la Justicia dé marcha atrás con la suba”, explicó Sánchez.

Las boletas de gas llegaron a los hogares con fuertes incrementos, autorizados por la Secretaría de Energía de la Nación, lo que originó una catarata de quejas de los usuarios. En algunos casos las subas trepan hasta un 500 por ciento en relación al mismo período del año pasado. “Jubilados que cobran la mínima recibieron una factura de más de 2.000 pesos, cuando el año pasado habían pagado sólo 100 pesos. A los usuarios les resulta imposible pagar el aumento. El precio de la tarifa no puede ser mayor a los ingresos que percibe la gente”, sostuvo Sánchez.

Manos que Ayudan y la Liga de Amas de Casa iniciaron el lunes pasado una campaña en contra del tarifazo. En una semana juntaron más de 5.000 firmas. De esa cantidad, unas 3.000 corresponden a jubilados que cobran el haber mínimo y otras tantas firmas a quienes tienen un certificado de discapacidad. “Aunque cumplen con los requisitos para quedar exceptuados de los aumentos a las facturas de gas, Camuzzi no les concedió el beneficio pese a que hicieron el trámite como corresponde”, dijo Sánchez.

Las ONG presentaron la semana anterior un reclamo ante el Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas) para que suspenda el incremento. “El Enargas sufre de autismo y Camuzzi no le da respuestas a los usuarios, ni brinda información clara y veraz. No nos dejaron otra alternativa que recurrir a la Justicia”, afirmó Sánchez.

Desde las entidades confían en obtener un fallo judicial favorable. Hay un antecedente que avala el optimismo: la quita de subsidios al gas no puede ser aplicada en Mar del Plata a raíz de una medida cautelar que rige desde 2009. Ese año la Defensoría del Pueblo presentó ante la Justicia local una medida cautelar que dejó sin efecto la suba de tarifas. Por entonces, la Justicia Federal ordenó a la empresa proveedora -Camuzzi Gas Pampeana- abstenerse de facturar los cargos correspondientes al decreto de 2067/08 hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Hasta hoy sigue vigente el amparo judicial que impide la quita de subsidios al servicio.

Hay otros antecedentes más recientes que generan esperanza entre las autoridades de la Liga de Amas de Casa: a fines de junio de este año, la Justicia Federal de Mendoza dictó un amparo que frena el aumento de gas, a pedido de una ONG de consumidores. Otro fallo en San Rafael fijó una medida cautelar más amplia, que obliga a devolver lo facturado a los usuarios del gas del sur mendocino en el bimestre abril y mayo. La resolución de la titular del Segundo Juzgado Federal de Mendoza, Olga Pura Arrabal, crea un precedente para que en otras provincias se presenten planteos similares.

Entre los argumentos que pesaron a favor de los consumidores mendocinos está la ley que obliga a realizar una audiencia pública para que el usuario pueda ser escuchado y conozca cuáles son los costos empresarios que avalan el aumento. El principal cuestionamiento fue la falta de información previa a los usuarios sobre la magnitud y modalidad de los aumentos, por estar atados a la capacidad de ahorro. “Esperemos que nosotros también podamos frenar el aumento en Mar del Plata”, señaló Sánchez.

En Camuzzi miles de usuarios iniciaron el trámite que les permita quedar exceptuados de los incrementos a las facturas de gas. Puede acceder al registro cualquier usuario que presente y firme una declaración jurada disponible en las oficinas comerciales de Camuzzi, donde adjunte la documentación que dé sustento a su solicitud. Los requisitos son los siguientes: padecer una enfermedad crónica que implique un mayor consumo del servicio; percibir como único ingreso previsional el equivalente a un haber mínimo; percibir pensiones no contributivas; ser beneficiario de algún plan o programa social y tener el domicilio afectado por actividades de índole social (institutos, comedores comunitarios, centros de recuperación). Otros de los requisitos son percibir alguna asignación familiar; contar con un certificado de discapacidad; poseer ingresos familiares insuficientes para afrontar el pago de la tarifa plena; estar exento del pago de tasas municipales; poseer una vivienda de características edilicias desfavorables que impliquen un mayor consumo del servicio; si la vivienda posee un local anexo destinado a la actividad comercial; si posee una vivienda en la cual conviven múltiples hogares o si reúne las condiciones de usuario esencial (entidades educativas públicas).

Para tramitar la solicitud de inclusión en el registro que les permita quedar exceptuados de los aumentos, los usuarios deberán ir a Camuzzi y firmar una declaración jurada. La distribuidora recibirá todas las solicitudes, sin rechazar ni emitir una valoración negativa. Si algún usuario no presenta conjuntamente la información necesaria, la empresa le conferirá un plazo de 15 días corridos para hacerlo. A partir del inicio del trámite, el solicitante queda incluido en el registro en forma provisoria. La inclusión es por un año desde la fecha de inicio del trámite.